Por Marcel Claude
Lucrar con un derecho es claramente impropio, aunque está tan extendida esta práctica que pareciera una cosa muy natural. No obstante, siempre es atingente preguntarse si está bien lucrar con el derecho a la alimentación, al abrigo, al transporte. La duda no incluye la remuneración al trabajo, puesto que todo ello requiere un trabajo y un esfuerzo que debe ser compensado sobre la base del mismo derecho a la alimentación, al abrigo que tienen aquellos que producen esos bienes, pero, ¿Es legítimo que alguien pretenda cobrar más allá de la justa remuneración al trabajo? ¿Es correcto que debamos financiar la acumulación capitalista con márgenes por lo menos del 30% sobre nuestra necesidad de alimentarnos? La pregunta quedará abierta y para responderla debemos sopesar algunos criterios no poco importantes. Por ejemplo, dado que los recursos son escasos, en virtud del tiempo y las necesidades humanas, lo que unos acumulan a otros les hará falta; por otra parte, ¿Es legítimo extraer sobre el trabajo de otros un excedente y luego hacer que estos mismos que hacen el trabajo deban pagar como consumidores los excedentes que cobra el dueño del capital? ¿Aparte de tener que ganarse trabajando el derecho a comer, que ya es fatigoso, tenemos que trabajar no sólo por el pan sino que también para contribuir a la acumulación de unos pocos?
En la educación es más obvio lo disruptivo que es el lucro, puesto que no sólo se trata de un derecho individual sino también del derecho colectivo de los pueblos a progresar, puesto que la mejora cuantitativa y cualitativa de una sociedad pasa necesariamente por incrementar la formación de las personas. A mayor cultura, inteligencia, sensibilidad y creatividad de los miembros de una sociedad, más culta, sensible e inteligente es dicha sociedad. Es tan obvio esto que no deberíamos tener que explicarlo, pero, en el mar de ignorancia que está nuestro país, tenemos que partir explicando lo más básico y elemental.
Además de esto, está el hecho de que la buena educación como un derecho está reñida total y absolutamente con el fin de lucro, puesto que éste se maximiza con precios de venta muy altos por la educación y con costos de producción muy bajos. Y cuando de educación se trata, el precio son los aranceles y los costos de producción corresponden a la calidad de la educación, es decir, el lucro se realiza como supremo valor en la educación, cuando es la más cara del mundo y la de peor calidad, ya que mejorar la educación significa una infraestructura adecuada y de buena factura, menos alumnos por profesor, calefacción, buenas bibliotecas y todo eso tiene costos que no favorecen el lucro. Dicho sea de paso, esto ocurre en todo ámbito productivo, ya que se maximiza el lucro cuando se cobra el mayor precio posible y se ofrece la menor calidad de los productos. Esto es así desde que se inventó la obsolescencia programada a principios del siglo XX, de tal forma que hubo un acuerdo corporativo de las compañías para reducir la calidad de los productos, a fin de que estos pudieran regularmente volver a fabricarse y venderse, para así asegurar el proceso de acumulación de capital.
Esta discusión sobre el lucro y la buena educación está bien y hay que hacerla. Sin embargo, el problema de Chile está más allá de la legitimidad del lucro en la educación y derechamente entró en el ámbito de lo delictual y no porque el lucro sea ilegal en la educación, sino más bien, porque las cuestión de la formación de los jóvenes en Chile, es territorio de delincuentes y personas de muy baja categoría moral, que no sólo acreditan de manera corrupta y cobran favores o comisiones indebidas y voluminosas, sino que también, esto se oculta y se intenta constreñir a una situación circunstancial y aislada, cuando se sabe que es un problema generalizado. No sólo en la operación misma, sino también en la forma en que esto fue posible, puesto que, tontos, ingenuos o simplemente hipócritas, la clase política actual es quien creó este estado de cosas. La Concertación proponiendo leyes y la Alianza recortando las prerrogativas de control y fiscalización y luego, la Concertación aceptando las cosas. Como en todas las cosas del actual estado de situación, el pacto delictual entre la Concertación y la Alianza envuelve todos los ámbitos de la vida colectiva: pesca, minería, educación, salud, etcétera.
En parte, la responsabilidad recae en una sociedad que ha permitido todo esto y es quien debe ponerle remedio a esta situación, tomando nuevamente el control de la situación, mediante una toma de conciencia política y de un ejercicio real y eficaz de la soberanía popular.
