Aunque hay opiniones más pesimistas, bien podría decirse que en el ámbito de la Educación chilena el escenario no puede ser peor, ya que el par de guindas que por estos días coronaron el pastel que nos venimos comiendo hace años con el alto auspicio del duopolio S.A., que protege, propicia y promueve el lucro en esta actividad, de verdad es de antología. Por un lado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, decidió “fusionar” cuatro colegios municipales con otros tantos, argumentando problemas de baja matrícula, infraestructura deficiente de los recintos y malos rendimientos escolares. Pero eso de la “fusión” no es más que una siutiquería, porque lo que en definitiva quiere hacer Carter es cerrar cuatro colegios municipales de su populosa comuna, sin siquiera tener constituido su Concejo Municipal.
Y por el otro flanco, el ministro de Educación, Harald Beyer, decretó el cierre de la Universidad del Mar, asunto que además de afectar grandemente a unas 20 mil personas (18 mil estudiantes y cuatro mil funcionarios, entre docentes y administrativos), deja en evidencia el pésimo y escandaloso manejo que tanto la Concertación como la Derecha han perpetrado en el ámbito de la Educación nacional desde la testera gubernamental.
Para el pro secretario nacional del Colegio de Profesores y dirigente Humanista, Mario Aguilar, la cosa es clara y tiene que ver con el cómo las autoridades de turno han privilegiado y privilegian el negocio educativo, en vez de la calidad de la enseñanza.
“La ley efectivamente faculta a los sostenedores municipales a cerrar colegios cumpliendo ciertos requisitos, pero está en estudio y se estaría presentando -probablemente esta semana- un recurso de protección porque podría haber vicios de legalidad en el procedimiento, en especial porque ahí en La Florida hay una característica muy peculiar: que aún no se constituye el Concejo Municipal, por lo tanto no hay Concejo funcionando, y uno de los requisitos es la aprobación de la medida por parte de ese cuerpo. Pero independiente de la formalidad jurídica, aquí lo que hay es una inmoralidad muy grande”.
¿A qué se refiere?
Primero, el alcalde durante su campaña -y consta eso en los testimonios de la gente de La Florida- prometió como parte de su caballito de batalla fortalecer la Educación municipal. Y la primera medida que toma es cerrar cuatro escuelas, lo cual es absurdo. ¿Acaso esa es la manera de fortalecer la Educación municipal, cerrando escuelas, despidiendo profesores, dejando a los niños sin opciones en su barrio?… ¡A ver!, digamos las cosas por su nombre, pues cuando se habla de fusionar escuelas es un eufemismo. Cuando se fusiona dos escuelas, una se cierra, y por lo tanto acá estamos frente al cierre de escuelas municipales. Es gravísimo esto, porque lo que hay detrás es el interés bastante sostenido en el tiempo, de debilitar cada vez más la Educación pública. Hoy todos sabemos cómo es de rentable el negocio de las escuelas, pues se ha ido mejorando cada vez más su rentabilidad a través de distintas asignaciones que se les entrega a los sectores privados y, por lo tanto, es claro que el negocio es muy bueno. Y La Florida como comuna populosa está en la mira de los empresarios de la Educación. Entonces, estas escuelas que se cierran significan un porcentaje importante de alumnos que se están yendo hacia el sistema privado.
“Lo segundo es que aquí evidentemente hay también presión de inmobiliarias, pues algunas de las escuelas que están cerrando están ubicadas en zonas de alta plusvalía. La escuela Áreas Verdes, particularmente, por estar frente a un mall y frente a un nuevo hospital que se está construyendo, ocupa metros cuadrados que ahora valen oro. Esa escuela no tiene problemas de matrícula (cuenta con más de 400 alumnos), tampoco tiene problemas de rendimiento porque ha venido subiendo el SIMCE en los últimos años, y no tiene problemas de infraestructura porque es una escuela cuyas dependencias se han ido mejorando en el último tiempo. Y sin embargo la están cerrando. Es claro que ahí el tiro es que de aquí a un par de años se le cambie el uso del suelo y se convierta en un estacionamiento o algún negocio muy rentable de alguna inmobiliaria. Entonces, es gravísimo lo que está pasando y esperamos que los tribunales operen en favor de la defensa del derecho a la Educación, y no en pro de los intereses económicos, aunque respecto de eso no podemos ser completamente optimistas, pero por lo menos el intento se va a hacer, pues la comunidad se ha organizado y cuenta con el apoyo del Colegio de Profesores”.
¿Y qué hay del cierre de la Universidad del Mar?
Evidentemente esa universidad no ha cumplido con los requisitos mínimos como para ser considerada como tal, y por lo tanto tarde o temprano el cierre es lo que procedía. Pero, sin embargo, aquí hay varias cosas que anotar. Uno, es preguntarse si acaso la Universidad del Mar es la única que está en esa condición de severas fallas y deficiencias, y la respuesta claramente es no, no es la única, pero lo más probable es que la vayan a usar como chivo expiatorio. De seguro dirán: ‘Miren, acá estamos tomando medidas…’, pero dejarán operando numerosas otras instituciones que son tan o más deficientes que la Universidad del Mar y, por lo tanto, eso no es resolver el problema de fondo.
“Lo segundo, es la responsabilidad tremenda que tiene el Estado, que le dijo a la población y a los alumnos y a las familias que allí se matricularon: ‘Esta universidad tiene autorización ministerial y tiene una acreditación’. Por lo tanto, esas personas apelando a la fe pública -pues instituciones competentes estaban dando su aval- ingresaron a ella confiando en que lo que se les decía era correcto. Y resulta que ahora el Estado y la misma Comisión que acreditó a esa institución están señalando que no es así. Por lo tanto, a mi parecer aquí hay una estafa, y se configura esa estafa, por cierto con responsabilidad de la institución privada que es la universidad, pero también con responsabilidad de los entes públicos, como lo son en este caso el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación. Y por lo tanto creo que este caso hay que convertirlo en una cuestión emblemática, también de defensa de los derechos ciudadanos, de defensa de los ciudadanos ante los abusos del Estado, porque ahora el Estado dice ‘Cerramos’, pero ¿qué pasó con la plata que esa gente gastó, qué pasó con el tiempo invertido?. Por ahora no hay nada claro respecto de las supuestas soluciones que entregará el Estado a través del Ministerio de Educación”.
¿Hay un tercer punto?
Si, lo tercero es señalar la tremenda responsabilidad que tienen las autoridades de los anteriores gobiernos, los de la Concertación. Y ahí tengo que concederle la razón al ministro Beyer cuando dice que antes nunca se hizo nada por fiscalizar y detectar estas irregularidades. Tiene razón, pues en los gobiernos de la Concertación, con los distintos ministros de Educación, nunca se hizo nada. Por el contrario, se hizo la vista gorda frente a estas situaciones que, al parecer, todo el mundo las conocía y el ente llamado a fiscalizar nunca lo hizo. Y ahora puede que se haya tomado las medidas, porque la presión ya era insostenible. Pero es correcta la responsabilidad que él le asigna a los gobiernos, a los ministerios y a las autoridades anteriores. Por lo tanto, hay que responsabilizar a este Gobierno que sigue avalando el lucro y defendiendo el negocio educativo, pero hay una tremenda responsabilidad para atrás también, que no podemos soslayar ni menos olvidar.-
