Mientras la Interpol hace circular por sus 190 países miembros la notificación roja emanada de su oficina chilena que busca la captura del teniente del Ejército ® Pedro Barrientos Núñez como presunto autor de disparos que terminaron con la vida del cantautor Víctor Jara, el 16 de septiembre de 1973, otros siete ex oficiales del Ejército fueron también imputados y encerrados como autores de ese crimen. El procesamiento de estos individuos fue dictaminado por el magistrado José Miguel Vásquez, a pesar que han pasado casi 40 años del homicidio, Sin lugar a dudas que este hecho arroja una luz de esperanza sobre la bruma de impunidad que cubre gran parte de las violaciones a los derechos humanos y crímenes en contra de disidentes al régimen durante la dictadura militar chilena.

Pero tal como lo hace notar el dirigente Humanista Efren Osorio, mientras siga habiendo en Chile justicia “en la medida de lo posible”, lo que más habrá será injusticia.

“Por un lado me parece muy bien que se identifique con claridad a los autores materiales del asesinato del cantautor Víctor Jara. Él es un referente musical y artístico, es un personaje tremendamente importante en la historia chilena y su aporte a la cultura, tanto nacional como universal, es muy valorado. De hecho, esta noticia ha circulado por todo el mundo. Desde ese punto de vista es muy positivo que se esclarezca quiénes son los culpables de ese crimen, pero paradójicamente y a la vez el que hayan demorado casi 40 años en identificar a esos responsables habla que en este país aún persisten situaciones de encubrimiento, aún persisten redes que evitan que la verdad salga a la luz pública”.

¿Entonces todavía no hay justicia?

El Ejército no ha entregado toda la información, y eso demuestra que a diferencia de otros países latinoamericanos, como Argentina, donde se llevó a los culpables de violaciones a los derechos humanos a la justicia, se revocó leyes de amnistía y se hizo un saneamiento como corresponde, en Chile aún seguimos a la aplicación de justicia “en la medida de lo posible”. Aún depende mucho de la voluntariedad y del afán del juez encargado por perseguir a los culpables, y no porque el Estado se haga cargo. Y cuando hablo de Estado me refiero al ejército, a las instituciones policiales, me refiero a la justicia, me refiero al Gobierno, etc.

“Desde ese punto de vista que lástima que el Estado de Chile y que lástima que la sociedad chilena hayan tardado tanto tiempo en esclarecer un crimen tan, tan, tan jodido. Porque acá, no sólo fue un asesinato, sino que fue a mansalva, 44 balazos, tortura… ¡Fue un ensañamiento!. Entonces, que bueno que estén los militares identificados, que bueno que quienes apretaron el gatillo o quienes dieron la orden estén identificados y se les procese. Pero simultáneamente yo pregunto qué pasa con aquellos civiles que contribuyeron al ocultamiento, qué pasa con esos civiles que siendo dueños de medios de comunicación, en ese momento ocultaron la información o la tergiversaron, qué pasa con aquellos civiles que hoy son parlamentarios o dirigentes políticos y que andan por la calle como si nada, siendo que también tienen responsabilidad, aunque sea indirecta.

¿Será acaso que esa frase poco feliz del ex presidente Aylwin: “En la medida de lo posible”, sigue definiendo el escenario político chileno?

Si, esa frase esta habitando, sigue operando y es parte de esta transición que no termina nunca. Es parte del actual modelamiento político, es parte de la forma de trabajar lo político en Chile. “En la medida de lo posible” significa que mientras los sectores poderosos, los empresarios, grupos económicos o militares “lo permitan” podrá haber justicia. Por eso acá sigue existiendo un manto de encubrimiento. Sin ir más lejos, los abogados que defiendan a estas personas serán pagados por el Ejército, indirectamente, a través de fundaciones, pero da lo mismo, son pagadas a través del Ejército, con plata fiscal. Entonces, la verdad es que esa famosa frase: “En la medida de lo posible”, sigue habitando y es lo que a las nuevas generaciones, a los jóvenes estudiantes, al movimiento estudiantil y a los movimientos sociales ya les ha llegado hasta la tusa, y por eso han salido a la calle a exigir sus derechos, a intentar cambiar este modelo y a exigir un nuevo ordenamiento jurídico a través de una Asamblea Constituyente.