El país es el cuarto mayor exportador de armas livianas del mundo, cuya industria produjo 47.912 revólveres en 2015 (aumento del 44%). Entre los parlamentarios, el “bloque de la bala” gana fuerza con gobierno del vicepresidente Temer.
Víspera de Navidad 2015. Diego Santos, 28 años, visita a su ex novia Valdenize Santos, 30 años, en la costa de San Pablo y, tras una discusión, la mata a tiros. Según la policía, el arma de Santos se habría disparado sin querer. Dos meses después de ese episodio otra familia vive una tragedia por motivos sórdidos. José Ferreira Júnior, 25 años, fue asesinado por dos hombres cuando se rehusó a disminuir el volumen del sonido del auto, en el pueblo de Areia Branca, en Alagoas.
Los dos casos son emblemáticos: revelan cómo una discusión trivial puede acabar en tragedia por la simple presencia de un arma de fuego, colaborando para poner a Brasil entre los países más violentos del mundo. Con apenas 2,8% de la población mundial, el país registra la 12ª tasa de homicidios del mundo –24,2 personas cada 100.000 hablitantes, cuatro veces más que la media global (6,1).
En 2014, 52.336 personas fueron asesinados de forma violenta –el equivalente a 6 personas por hora–, entre los que destacan especialmente los jóvenes negros. Brasll tiene 21 de las 50 ciudades más violentas del mundo.
El denominador común de las historias de Valdenize y José y de la mayoría de los homicidios del país, es la presencia de armas de fuego livianas (revólveres y pistolas), producidas en el propio Brasil. Pistolas “made in Brasil” habrían sido protagonistas de 42.000 homicidios el año pasado (80% del total). Un relevamiento reaizado por el Instituto Sou da Oaz mostra que tres cuartos de las armas incautadas en crímenes practicados en São Paulo entre 2011 y 2012 fueron fabricadas en Brasil.
Los datos oficiales con estimación de cuántas armas circulan en el país, son escasos. El Sinram (Sistema Nacional de Armas de la Policía Federal), responsable por monitorear las armas de fuego en poder de la población, está desfasado tecnológicamente según a propia institución. El Sinram monitorea apenas la cantidad de armas fabricadas. En 2015 la industria armamentista brasilera produjo 47.912 revólveres –un aumento del 44% en relación al año anterior.
El alto número de armas brasileras utilizadas en muertes en el país no es fruto de la casualidad sino consecuencia de políticas públicas tomadas a lo largo del siglo XX –algunas sostenidas hasta hoy– que subsidiaron la industria nacional y cerraron el mercaro interno a los productos extranjeros.
El resultado es que el país es el cuarto mayor exportador de armas livianas del mudno, apenas atrás de Estados Unidos, Italia y Alemania según estimaciones de la Iniciativa Noruega en Transferencia de Armas Livianas (NISAT en inglés).
Las medidas que crearon el duopolio que domina el mercado –formado por Forjas Taurus, que produce armas y la Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), especializada en municiones– afectan directamente las decisiones en el área de seguridad pública, que acaban contaminadas por los intereses económicos de las dos compañías.
“El papel central que la industria armamentista tuvo como un todo en los planes económicos y estratégicos de los sucesivos gobiernos militares, tuvo un impacto profundo en todos los aspectos relativos a cómo se lidia con las armas de pequeño porte en el Brasil”, dicen los investigadores Benjamin Lessing, Júlio Cesar Purcena y Pablo Dreyfus en el estudio “La industria brasilera de armas liivianas y de pequeño porte: producción legal y comercio”.
En América Latina los productores brasileros dominan el sector de armas livianas. Esa increíble fuerza de la industria de armas livianas comenzó a construirse en 1930, en el marco de la llamada política de sustitución de importaciones, estrategia aplicada en el Brasil durante el siglo XX en diversos sectores de la economía, para incentivar la creación de una industria local para producir internamente todo aquello que era importando.
Inmigrantes europeos en el Sur y Sudeste se convirtieron en los primeros productores privados de armas en 1920, mientras en el primer gobierno de Getulio Vargas (1930-1945) el ejército abrió su primer fábrica de armas livianas y de pequeño porte. Fue en ese período cuando surgieron Taurus y la CBC.
Durante la II Guerra Mundial se comenzó a elaborar la llamada Doctrina Brasilera De Seguridad Nacional (DSN), que veia el desarrollo de la industria de las armas como un proyecto de Estado. “Las armas eran identificadas como una industria clave para el desarrollo”, afirma el estudio.
Foto de Angus Stewart
Este proyecto ganó fuerza durante la dictadura militar, gracias a políticas de proteccionismo económico. El fortalecimiento de la industria de armas del Brasil se justificaba por el miedo al avance del comunismo en el país.
Con el fin del régimen militar, la industria bélica dejó de estar totalmente subordinada a la estructura de defensa del Estado, generando una disminución en la cantidad de subsidios gubernamentales, pero no su fin. En 2013, la presidente Dilma Rousseff publicó un decreto dando excensiones impositivas al sector (entre ellos PIS/Paesp, COFINS e IPI).
Los militares mantuvieron el control del monitoreo y el registro de la producción de armas en el gobierno civil. Son ellos quienes tienen la palabra final sobre qué tipo de armas puede usar la policía y cuáles pueden ser exportadas. “La CBC y Taurus mantienen contactos estrechos con militares brasileros, teniendo así gran influencia en las políticas domésticas y las relaciones exteriores”, dicen los investigadores.
Todo ese escenario hizo que la industria de armas livianas del Brasil se consolidara como un actor relevante en el mercado global de armamentos livianos. Según datos recientes, las ventas de armas de Taurus a los Estados Unidos, su mayor consumidor extranjero, crecieron 11,6% en el tercer trimestre de 2015 en comparación con el segundo trimestrel del mismo año. Considerando Brasil y otros mercados, la compañía registró ventas líquidas de R$ 179,6 millones, suba de 108,5% en relación al mismo período de 2014. La CBC no informa sus resultados financieros.
El mantenimiento de la hegemonía requiere inversiones por parte de la industria en el escenario político, especialmente en el Congreso, para impedir proyectos que puedan debilitar ese dominio y amenazar las ganancias económicas conquistadas. El “bloque de la bala”, compuesto por 35 diputados federales (la mayoría de ellos del PMDB), tiene entre sus líderes al diputado Jair Bolsonaro (PSC, Río de Janeiro) y es fundamentalmente financiado por la industria de armas livianas.
El caso más reciente del lobby de los fabricantes de armas en el Congreso es el debate en torno al proyecto de ley (PL) 3.722/2012 que propone la “flexibilización” del Estatuto del Desarme, permitiendo el aumento del número de armas que pueden ser adquiridas por el ciudadano (de 6 para 9), el aumento en la adquisición de municiones (de 300 para 5,4 mil por año), además de la reducción de la edad mínima para la adquisición de armas (de 25 para 21 años).
Bajo un posible gobierno de Michel Temer y con el apoyo del presidente de la Cámara Eduardo Cunha, el “bloque de la bala” puede ganar fuerza y conseguir desmontar el Estatuto del Desarme que, según el Mapa de la Violencia, puede haber evitado 160.000 homicidios desde 2003, cuando fue sancionado.
El diputado Alberto Fraga (DEM-DF), representante del “bloque de la bala”, afirmó recientemente al diario El País Brasil que estuvo personalmente con el vicepresidente en las últimas semanas y dice no tener dudas qe que Temer es más sensible que Dilma en relación a la flexibilización del Estatuto. “Ja traté el tema con él directamente, de manera informal; es negociable”, dijo. Él también afirmó que sabía que Dilma vetaría el PL en caso de que fuera aprobado en el plenario.
Aunque ni todos los 24 integrantes de la comisión especial que analiza el PL hayan recibido recursos de la industria armamentista, diez de ellos –el 40% del total– tuvieron ayuda financiera en sus camapañas electorales. Otros seis suplentes también fueron financiados por fabricantes de armas y municiones.
“La lógica económica de fortalecimiento de este sector industrial por medio de la promoción de la demanda, no puede justificar la flexibilización de la legislación actual”, dice Robert Muggah, director de investigaciones del Instituto Igarapé.
Para Ivan Marques, director ejecutivo del Instituto Sou da Paz, el dominio de esas empresas y la falta de calidad de las armas pone en riesgo la vida de los propios policías, que pueden terminar teniendo reacciones imprevisibles si no confían en sus equipamientos. Él se refiere a casos en que policíaas registraron fallas de la pistola Taurus calibre 40 de la serie 840, forzando a la Policía Civil de Río de Janeiro a recuperar 1.200 unidades.
La principal justificación de la industria para el mantenimiento de sus privilegios es el impacto económico que la actividad tiene, especialmente en lo referido a la creación de empleos. Sin embargo, según estudio de Lessing, Purcena y Dreyfus, la producción de armas livianas representa 0,048% de la producción industrial total. En cuanto empleos, de los 32,5 millones de puestos de trabajos formales en 2001, cuando el estudio fue escrito, el sector era responsable apenas del 0,02%.
Para especialistas en seguridad pública, el dominio y la influencia del sector de armas arriesga las conquistas obtenidas en los últimos años, principalmente el Estatudo del Desarme. “En el país que mata más de 56.000 de sus ciudadanos por año y donde 71% de las muertes por agresión se realizan con armas de fuego, es imposible eximir de responsabilidad a este sector de la industria, sea por el impacto de sus productos en la dinámica de la violencia armada que asola el Brasil, sea por la agenda legislativa negativa que en gran medida impulsa”, dice Muggah.
