Por Notas.org.ar

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó un segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre del 2014. El organismo dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue apartado de la supervisión internacional por el Estado mexicano.

1. La investigación estatal

El GIEI documentó la resistencia por parte de la Procuraduría General de la República (PRG) a profundizar en líneas de investigación distintas a la que indicaba que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en el Basurero de Cocula y la falta de iniciativa en la indagación sobre el traslado transnacional de drogas en autobuses, dado que la asistencia jurídica internacional se pidió siete meses después de que se haya recomendado.

2. Torturas

El documento destaca que 17 personas presentadas como testigos fundamentales de la “verdad histórica” fueron torturadas, poniendo en entredicho la verosimilitud de esta versión.

3. Los escenarios que faltan

El GIEI reitera la magnitud de los hechos y documenta nuevos escenarios en lugares como Mezcala, Huitzuco, Crucero de Santa Teresa, ataque contra Los Avispones, Comandancia de la Policía Municipal de Iguala. Esto da cuenta de escenarios vinculados con el crimen que no han sido investigados.

4. Actuaciones

En el informe denuncian, a partir de nueva evidencia, que existió participación en distintos grados de la Policía Preventiva Estatal, la Policía Ministerial Estatal, la Policía Federal, la Policía Ministerial Federal y el 27° Batallón de Infantería. Reiterando la necesidad de determinar su responsabilidad.

5. Escenas omitidas

El GIEI dio a conocer la opinión del panel de expertos en fuego y evidencia sobre que dicho estudio no rebasa las tres páginas en su parte más importante, “carece de contundencia y rigor técnico, no es conclusivo, y no se elaboró por consenso”.

Además, denuncia irregularidades en el levantamiento y procesamiento de la evidencia supuestamente recogida en el Río San Juan, como la posible llegada de la PGR un día antes al que se asentó en el expediente y la realización de actuaciones no formalizadas en el mismo.

6. La búsqueda

El GIEI denuncia que la PGR no ha hecho uso de fotografías satelitales ni de tecnología láser y documenta la falta de inteligencia y estrategia en las búsquedas. Asimismo recomienda reorientar estos trabajos -sin limitarse a Cocula- dado que los 43 normalistas continúan desaparecidos.

7. Atención a las víctimas

Señala la estigmatización, revictimización y el burocratismo como constantes en el trato del Estado hacia las víctimas. A la vez que insiste en que continúe la atención a los heridos sobrevivientes.

8. Supervisión internacional

GIEI reafirma que su mandato no se había agotado y que termina su labor por decisión del Estado; no obstante, enfatiza que la supervisión internacional sobre el caso sigue siendo indispensable.

9. Conclusión

Es necesario “un reconocimiento expreso de responsabilidad y gestos concretos de superación de la llamada ‘verdad histórica’ (…). Un ejercicio de reconocimiento de que las autoridades no respondieron a la altura del desafío, que no se previó la connivencia entre autoridades municipales y crimen organizado (…), de que existen muestras de implicación de otros actores (…), así como de los graves errores cometidos en la investigación del caso, pérdida de pruebas, alteración de escenas, destrucción de evidencias”.

El informe citado confirma lo dicho por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que colaboró desde el comienzo con la investigación, y cuestionó en febrero de este año la versión oficial que indica que los jóvenes fueron quemados. Señalan que en el basurero, ubicado en el Estado Guerrero al sur del país, ocurrieron varios incendios en distintos momentos. Y aunque se encontraron restos óseos de por lo menos 19 personas, ninguno correspondía a los estudiantes de Ayotzinapa.

El caso

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 luego de ser atacados con armas de fuego por la policía municipal de Iguala (causando la muerte de tres jóvenes). De acuerdo con el relato de las fuerzas de seguridad, 43 estudiantes fueron detenidos y entregados al grupo narco Guerreros Unidos.

A su vez, los testimonios de miembros de Guerreros Unidos detenidos, recogidos por la PGR, dan cuenta que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio Cocula. Sin embargo esta versión fue rechazada por los padres ante la falta de otras pruebas y porque 17 de los miembros del grupo narco presentaban signos de haber sido torturados.

Este nuevo informe difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez, (ProDH) permite comprender los principales defectos de la investigación que llevó adelante el Estado mexicano.