Un informe, publicado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos, da cuenta del enorme impacto que tienen los proyectos de inversiones eléctricas sobre las comunidades mapuche en cuanto constituyen un impacto en formas tradicionales de vida.
Preocupantes son, a lo menos, las conclusiones del informe “Los impactos en Derechos Humanos de los proyectos de inversión hidroeléctrica en el territorio mapuche de la región de la Araucanía”, publicado por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo por los Derechos Colectivos, a inicios de este año.
El estudio indaga en el avance -y consecuencias- de los proyectos energéticos sobre los territorios y sus comunidades, panorama que se constata no sólo en La Araucanía sino en las vecinas regiones de Bío Bío y Los Ríos. Cada proyecto significa una vulneración de derechos, no importando las dimensiones de este. Sea una central hidroeléctrica de pasada (es decir, sin retención de caudal) o un parque eólico. A estos habría que sumar las plantaciones forestales y las salmoniculturas.
El rol del estado es cuestionado. No sólo la legislación ambiental se muestra insuficiente ante el modelo extractivista, propugnado desde aquel y ejecutado por las empresas, sino que normativas como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, ratificada como legislación de la República desde 2009, y la Ley 19.253, más conocida como “Ley Indígena” (1993), son neutralizadas en los hechos por otros aparatajes legales. Se trata de una actuación que ha seguido fielmente el libreto de la Constitución de 1980 y los Códigos de Aguas, Minería y la Ley General de Servicios Eléctricos, entre otras. La normativa heredada desde la dictadura (y administrada brillantemente por los gobiernos democráticos) permite privatizar los recursos y transarlos como cualquier bien. De este modo, es posible hoy en Chile, separar ríos y lagos de los territorios y las comunidades indígenas que los habitan.
En un escenario complejo, actualmente, para la economía chilena, no son pocos desde gobierno y privados quienes miran al sector energético como un emprendimiento a potenciar. Los primeros días de febrero, Máximo Pacheco, ministro de Energía, anunciaba la primera exportación de electricidad hacia Argentina, desde la zona norte.
El estado facilitador
El Informe, elaborado durante 2015, fue financiado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Unión Europea. Es la continuación de “Los impactos de las empresas en los derechos humanos del pueblo mapuche en Chile”. Junto con aportar una mirada amplia en materia legal, la investigación esta vez aborda 3 casos de proyectos hidroeléctricos que han sido fuertemente resistidos por las comunidades mapuche. Se trata de las centrales hidroeléctricas El Rincón, en Melipeuco; Los Aromos, emplazada en terrenos de las comunas de Freire y Pitrufquén; y Añihuerraqui, en Curarrehue (ver PF 839). Este fue el único caso donde se aplicó el Proceso de Consulta Indígena, consagrado en el Convenio 169. Pese a lo anterior, fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía en julio pasado.
Al leer el Informe, puede apreciarse que sus autores se basaron en los testimonios desde las comunidades: Lonkos, lawentuchefes (encargadas/os de la medicina tradicional) y comuneros que han participado en defensa de los territorios. Llama la atención que, pese a que uno de los objetivos del estudio era abordar también a los representantes de organismos públicos, sólo tuvieron éxito al reunirse con Marco Pichunman, Seremi del Medio Ambiente y Vivianne Fernández, Directora Regional de Aguas (DGA) ¿Y el resto? “Con Ricardo Moreno, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se pidió reunión y ni siquiera respondió los correos”, explica Hernando Silva, abogado del Observatorio de Derechos y coordinador de la investigación. “Para ellos nuestra opinión no es relevante. Tampoco explicar porqué permiten el actuar libre de la empresas en los territorios y ponen a su disposición recursos públicos para la materialización de los proyectos”. El profesional del Observatorio acota que el SEA es percibido, desde las comunidades, como “representante de las empresas en terreno”.
La destitución del intendente Francisco Huenchumilla, en agosto de 2015, es otro factor. Alfredo Seguel, miembro del equipo de investigación, explica: “Creemos que hay una intervención bastante grotesca desde los ministerios de Interior y de Energía que cambia totalmente el escenario político. Previo a esto, la Red de Defensa de los Territorios había sostenido un ciclo de encuentros con el ex intendente, así como con seremías, que habían aceptado conversar e incluso tomado posición respecto a que se cumplan las normas internacionales de derechos indígenas, particularmente sobre los lugares sagrados y que se respetara la vocación de desarrollo de las comunidades. Después de la salida de Huenchumilla, se comienza a dar luz verde a proyectos de energía, que han sido aprobados por unanimidad”.
Hasta septiembre del 2015 habían ingresado 66 proyectos hidroeléctricos al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Se trata de aquellos cuya capacidad de generación es superior a los 3 MW. Se los puede encontrar prácticamente en todas las comunas de la región. También hay emprendimientos eólicos (como Los Trigales, de Atacama Energy, muy resistido en Pailahueque, Ercilla); termoeléctricos (aprovechamiento energético de biomasa, como el Rakun Spa, en la comuna de Freire, ya aprobado), así como las líneas de trasmisión y las numerosas minicentrales hidroeléctricas de pasada, que al producir menos de 3 MW no entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Mucho menos consideran lo expresado en el Convenio 169 sobre consulta a las comunidades mapuche.
Todo en una región que muestra los porcentajes de pobreza (CASEN 2013: 27,9%) y extrema pobreza (CASEN 2013: 10,6%) más elevados de Chile.
Las comunidades afectadas por la invasión de proyectos hidroeléctricos han padecido una historia de usurpaciones. Se trata de personas que fueron sacadas de sus tierras en los valles y obligadas a establecerse en la precordillera cuando la mal llamada Pacificación de la Araucanía, a fines del siglo XIX. Hoy por hoy, es en esos sitios, como Melipeuco y Curarrehue, donde radica “la riqueza” de la zona: En sus cursos de agua, generadores de energía.
Si llegamos a acuerdo, bien…
Una de las constataciones del Informe es que los proyectos, sean extractivos, productivos o de infraestructura “han sido promovidos y autorizados por el estado y sus autoridades públicas sin llevar a cabo procesos adecuados de consulta indígena y sin la obtención del consentimiento previo e informado de las comunidades mapuche afectadas” (pág 5).
“La forma en la cual es recepcionado el derecho a consulta indígena por el estado de Chile siempre ha estado por debajo de los estándares”, indica Hernando Silva. “Desde que se ratifica el Convenio 169, el ministro Viera-Gallo (en esa época Coordinador de Asuntos Indígenas del primer gobierno de Bachelet. Nota de PF) aprueba el Decreto 124 que restringe el ámbito de aplicación del derecho a consulta. Tras una serie de manejos, se llega a la materialización del concepto de consulta en los decretos 40 (2012) y 66 (2014) con una premisa bien sencilla: ‘Hacemos la consulta, si llegamos a acuerdo, bien y si no, mala suerte’. Porque los mismos decretos establecen que si en la consulta no hay acuerdo no hay vulneración del derecho a consulta, por lo cual los proyectos pueden seguir adelante. Esta es la muestra más evidente de la forma en que el estado chileno entiende la consulta”.
En su artículo 7, el Convenio 169 establece que los pueblos originarios “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que este afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan”. Por eso, es incomprensible la ausencia del Proceso de Consulta en un proyecto hidroeléctrico como El Rincón, en Melipeuco, donde se interviene el río Truful Truful, altamente significativo para 18 comunidades de la zona de Lifko.
“Lo que nosotros planteamos es que hay un derecho superior al de la consulta, que es el derecho a la definición en materia de desarrollo desde los territorios”, indica Hernando Silva.
El cambio silencioso
Pese a lo difícil del escenario, Hernando Silva y Alfredo Seguel indican que, justamente, en la resistencia al modelo extractivo desde las comunidades emerge un nuevo modo de desarrollo. “Está actuando localmente, está articulando con formas de producción local, concentrada en las personas, con la naturaleza; está levantando las ferias, los mercados con identidad; está haciendo circuitos de economía. Eso ocurre, en medio de esta crisis capitalista que aflora en la región”, comenta Seguel. “Hay un proceso de resistencia social mucho mayor que antes no ocurría. Desde los jóvenes, por ejemplo. En las universidades, hay gente que se cuestiona para qué están estudiando”.
Pero también está la intervención política por parte de las organizaciones socioambientales. Los emplazamientos al Ministerio de Energía, a comisiones de la Cámara de Diputados para que actúen a nivel de fiscalización e investigación; a los ministerios para que respondan a las interpelaciones. Y, claro, las movilizaciones que siguen en aumento.
“Es necesario replantearnos y reestructurarnos como sociedad. Acá entra lo de los modelos de desarrollo. Es lo que dice la gente en Curarrehue o en Neltume: La hidroeléctrica no me a hacer más rico, va a enriquecer al que tiene una cuenta corriente en otro lado, y me va a dejar todas las externalidades”, señala Silva.
*El informe es posible descargarlo desde la pestaña de “Publicaciones” en www.observatorio.cl
Felipe Montalva
