Los Panamá Papers, la filtración que compromete a la elite mundial con cuentas en paraísos fiscales, no sólo es la mayor en la historia del periodismo de investigación, sino que con el curso de los días toma distintos derroteros e interpretaciones. Es una investigación realizada por 370 grupos periodísticos en 76 países sobre un cúmulo de información que ha superado varias veces a todas las pesquisas realizadas con anterioridad. Para darnos una idea de la magnitud de este destape de información, los casos de WikiLeaks de 2010 se apoyaron en documentos que sumaban 1,7 Gigabytes. El Panamá Papers, que ha reunido 11,5 millones de documentos, supera los 2,6 Terabytes (un Terabytes corresponde a mil Gigabytes). La información, que hasta el momento ha dado varias vueltas al planeta, promete, según los investigadores, ser sólo la mitad de la obtenida.
Los millones de datos fueron extraídos de la firma Mossack y Fonseca, fundada en 1977 en Panamá, hoy en día, según ellos mismos destacan, “líder global en servicios integrales de carácter legal y fiduciario”. Con más de 500 agentes en el mundo, y oficinas de varios pisos y 600 empleados en el país canalero, ofrece un portafolio de negocios “en las jurisdicciones de Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos)”. Como puede observarse, varios de estos nombres, si no todos, están asociados con paraísos tributarios y legales. En síntesis, lo que los panameños ofrecen es un buen lavado de dinero.
Los documentos, que circulan por todos los medios de comunicación del mundo, constatan una realidad: cómo la elite política y financiera mundial, con la ayuda de costosos estudios de abogados y asesorados por las grandes corporaciones bancarias (como, por ejemplo, los españoles BBVA, Santander y Sabadell), coloca sus capitales en jurisdicciones que les prometen máxima confidencialidad y una nula tributación. En estos lugares confluyen los dineros de los traficantes de armas con las mafias de todas las latitudes, desde el narcotráfico a la trata de personas, desde los dólares y euros del terrorismo con los de los políticos, especuladores y empresarios hermanados todos por la corrupción. Esta corriente de capitales, que mezcla la sangre de las víctimas con la estafa neoliberal y cuyos orígenes son siempre oscuros, busca evitar la mano fiscal, las legislaciones nacionales y regionales para lo cual se hunde en el anonimato. Aquí nadie pregunta quién está detrás del dinero, ni su origen ni su destino.
Mossack y Fonseca se especializa precisamente en esta actividad mediante la creación de sociedades y fideicomisos que esconden la titularidad de los depósitos. Esta estructura, sin embargo, se ha transparentado esparciendo a través del mundo la verdadera forma de actuar de los poderosos y sus corporaciones. Todas las explicaciones, las negaciones y rechazos de la elite, son simples balbuceos ante las toneladas de documentos.
La investigación, que ha abarcado un espacio de tiempo de varias décadas, ha estado centrada en el periódico bávaro Süddeutsche Zeitung y derivada, o tal vez de manera inversa -algo aún por definirse-, al Consorcio Internacional de Periodistas de Información (ICIJ), que se ha encargado de procesar los datos en los diferentes países. En el caso chileno, el centro que ha procesado e interpretado la información vinculada a figuras nacionales ha sido Ciper.
LIDERES MUNDIALES BAJO LA LUPA
Las primeras denuncias de los Panamá Papers apuntaron a doce líderes políticos mundiales, varios de ellos en el poder, cuyos efectos no se han hecho esperar. El primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, vinculado a depósitos en las Islas Vírgenes, tuvo que renunciar tras demandas populares a las pocas horas de estallado el caso; Mauricio Macri, cuya familia también tiene inversiones en paraísos fiscales caribeños, fue imputado la semana pasada por un fiscal argentino por haber “omitido maliciosamente” su participación en una empresa offshore, y David Cameron, el primer ministro británico, está también en la estacada tras revelarse que su padre ha tenido inversiones en islas caribeñas de dudosa reputación.
Otros nombres abarcan desde el rey de Arabia, el primer ministro de Pakistán, los hijos del presidente de Azerbaiyán, la tía del rey de España, futbolistas como Leo Messi y figuras del cine como Jackie Chan y Pedro Almodóbar. Pero de todos ellos el más poderoso es sin duda Vladimir Putin, a quien se le atribuyen más de dos mil millones de dólares en inversiones offshore. Desde Rusia, sin embargo, la respuesta ha sido no sólo de una negación absoluta a la información, sino que se acusan intenciones políticas de Estados Unidos. Con los días una nueva arista ha comenzado a abrirse en este caso.
La forma de obtención de estos torrentes de información no ha sido aún revelada. Es posible que se trate de filtraciones realizadas por funcionarios de la firma panameña, pero también, como denunció Ramón Fonseca, uno de los socios fundadores, por hackers desde Europa. Otras fuentes apuntan incluso a un complot mundial para hundir a adversarios. Un reportaje de la BBC se preguntaba por qué no aparecían nombres de millonarios estadounidenses en la larga lista.
CHILENOS EN LOS PANAMA PAPERS
Ciper reveló los nombres de los chilenos con inversiones en paraísos fiscales. Algunos de ellos han rechazado de plano la información, como Hernán Büchi, ex ministro de Pinochet. Otros han intentado dar torpes explicaciones, como el dueño de El Mercurio, el viejo golpista Agustín Edwards, y uno de ellos no resistió la vergüenza y presentó la renuncia a su alto cargo. Gonzalo Delaveau Sweet, presidente de Chile Transparente (capítulo local de Transparencia Internacional) a las pocas horas tuvo que dar un paso al costado ya que dirigía una institución cuya finalidad es cautelar la probidad y denunciar la corrupción. Este caso, no tan ventilado por la prensa nacional, constata lo bien conocido: la corrupción abarca en Chile incluso a aquellas instituciones que velan por la probidad.
El viejo Edwards respondió mediantes sus empleados. Pero vale la pena recordar aquí su historia económica y política, espejo del relato neoliberal y conservador levantado cada día por su matutino. Ciper narra que Felipe Lyon, abogado del dueño de El Mercurio, informó que su cliente es “beneficiario de la sociedad offshore Aladin Marine Corporation, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas desde mayo de 1994. Aladin Marine Corporation sería la propietaria del yate Anakena (40 metros de eslora y 150 toneladas), propiedad de Edwards y construido por el prestigioso astillero holandés Royal Huisman”.
El abogado justificó estas inversiones porque Aladin Marine Corporation era “una sociedad holding de inversiones” y que la totalidad de sus activos están radicados en Estados Unidos. Agregó además que las inversiones de la sociedad en el extranjero se habían financiado “con fondos tributados en Chile” y con ingresos provenientes de “su trabajo (de Edwards) en una empresa norteamericana, durante la época en que debió abandonar el país por razones de seguridad personal y de su familia”, dato que se hunde hasta sus años de activo conspirador y golpista.
Aquí es cuando sale la historia más pérfida de Edwards. Aquella “empresa norteamericana” es Pepsico Inc., de la cual fue vicepresidente entre 1970 y 1975. Como bien vale recordar, Edwards llegó a Estados Unidos en septiembre de 1970, pocos días después de que Salvador Allende fuese electo presidente. Archivos desclasificados en mayo de 2014 por Estados Unidos revelaron la reunión clave que tuvo Edwards con el jefe de la CIA, Richard Helms el 14 de septiembre de 1970, cita fundamental para el posterior golpe de 1973.
LA HIPOCRESIA DE LAS ELITES
Al observar los flujos de capitales en el mundo, los que han aumentado de manera vertiginosa durante los últimos años (un 105% durante lo que va del siglo), característica de la economía globalizada bajo los paradigmas neoliberales, y contrastarlos con las políticas de organismos como la OCDE, podemos atender a una creciente tensión y contradicción. Por un lado las transnacionales, organismos financieros internacionales y fundamentalistas del mercado, presionan por una mayor desregulación de los flujos, en tanto la OCDE e instancias de la Unión Europea buscan aplicar políticas para mantener un control sobre estas corrientes argumentando motivos de seguridad y control del terrorismo y las mafias.
Esta tensión ha venido aumentando durante las últimas décadas, con claros reclamos de países de estas mismas organizaciones que basan parte de sus ingresos en la cautela y administración de capitales de dudoso origen. Es el caso de Austria, Luxemburgo, y en especial de Suiza, que ven peligrar su negocio al eliminarse el secreto bancario.
Hacia finales de 2014, ante las nuevas políticas de la OCDE, 51 países del mundo abolieron el secreto bancario. Sin embargo, cien países no firmaron este acuerdo aun cuando apoyaron parte de las medidas. En el caso de Chile, miembro de la OCDE y país suscriptor del tratado desde antes de pertenecer al grupo, si bien el secreto bancario es una norma, éste puede levantarse para las investigaciones penales sobre lavado de activos.
Entre los países que no han aceptado las normas de la OCDE están, entre otros, Panamá y Estados Unidos, antecedente que hoy, con el escándalo de los paraísos fiscales, lleva este caso periodístico a otros escenarios. La agenda política se escora hacia espacios sumergidos.
De partida, a diferencia de las filtraciones de WikiLeaks, esta información tiene cada día más apariencia de haber sido obtenida por hackers, lo que marca sin duda una gran diferencia. Los datos no han sido entregados a la esfera pública por funcionarios honestos al interior de esta u otra institución (como lo fue el caso de Edward Snowden durante su época en la CIA y la NSA), sino que ha sido copiada tras penetrar los sistemas informáticos por manos desconocidas. El siguiente paso, antes de llegar al Süddeutsche Zeitung, ha sido a través del ICIJ, lo que abre aún más interrogantes. Este centro de investigaciones internacional es financiado por think tanks conservadores y muy apegados al establishment, como Adessium Foundation, Open Society Foundations (George Soros), Sigrid Rausing Trust, el Fritt Ord Foundation, el Pulitzer Center y la Fundación Ford, entre otros. El ICIJ está relacionado con el Center for Public Integrity, organización que también promueve el periodismo y la libertad de expresión y es a su vez apoyada por más de un centenar de grandes fundaciones y fortunas de Estados Unidos. Con estos antecedentes es posible establecer un hilo conductor entre las grandes corporaciones, sus fundaciones y los grandes medios de comunicación.
Junto al sector privado y sus medios en los Panamá Papers están también presentes las agencias gubernamentales estadounidenses. El portavoz del Departamento de Estado, Mark Toner, admitió la semana pasada que la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) participó en el Proyecto de Reportajes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP). El OCCRP recibió apoyo de varios donantes, incluido el gobierno estadounidense, explicó Toner, quien agregó que las autoridades norteamericanas aún revisan los Panama Papers y no tienen ninguna conclusión definitiva al respecto.
Por el momento, el resto del mundo tampoco. Sólo enormes interrogantes y una indignación que aumenta a medida que circula la información.
PAUL WALDER
