Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de Cataluña, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio por los Derechos Económicos Sociales y Culturales presentaron una Iniciativa Legislativa Popular para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética. Dicha propuesta se aprobó en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015, ya que el gobierno de Cataluña tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, tal y como permite la Constitución española.
Esta ley da respuesta a la grave situación de emergencia social en que vive gran parte de la población catalana. Según datos del preámbulo de la ley, más de 200.000 hogares tienen a todos sus miembros en el paro y 95.000 de estos hogares no perciben ningún ingreso. A esta situación hay que sumar el sobreendeudamiento hipotecario de muchas familias que en muchos casos las ha conducido al desahucio. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, entre el 2008 y el 2013 se iniciaron en Cataluña 98.000 procedimientos de ejecuciones hipotecarias. En muchos casos esos desahucios, además de la pérdida de la vivienda, suponía continuar con gran parte de la deuda de la hipoteca.
También ha aumentado el número de familias que no pueden pagar los consumos de electricidad, agua y gas. La situación ha empeorado con la subida de las facturas; el recibo de luz y agua han subido un 60% desde el 2008.
Este empeoramiento de las condiciones de vida de gran parte de la población, contrasta con los grandes beneficios obtenidos por bancos y empresas de suministro desde el año 2008. Las cinco entidades financieras más grandes del estado español (Santander, BBVA, Caixabank, Popular y Sabadell) cerraron el año 2013 con un beneficio de 7.674 millones de euros. Entidades financieras que desde el inicio de la crisis han recibido 165.000 millones de euros de las administraciones públicas y que en estos momentos se estima que disponen de 80.000 viviendas nuevas desocupadas en toda Cataluña. También el monopolio eléctrico que opera en España (Endesa, Gas natural Fenosa, Iberdrola, EON, Espanya, y EDP) había obtenido un beneficio de 7.638 millones de euros durante los 9 primeros meses del 2013.
La ley aprobada propone medidas para resolver situaciones como el sobreendeudamiento de las personas con relación a la vivienda, los desahucios, las situaciones de vulnerabilidad que pueda comportar el hecho de no tener hogar y la pobreza energética. Prevé la obligatoriedad de ofrecer un alquiler social en caso de desahucio, el alquiler forzoso de viviendas desocupadas en manos de entidades financieras, y ayudas para evitar los cortes de suministros básicos en caso de impago por carencia de recursos económicos.
Se trata de la ley más garantista en materia de derecho a la vivienda y protección de la pobreza energética de todo el Estado español. Ahora bien, el gobierno en funciones del Partido Popular pretende presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para anular diversos artículos de esta ley, condenando a miles de familias a quedarse sin suministros o peor aún perder su vivienda y no disponer de otras alternativas.
