Desde 1981 la familia Molina Theissen llora y finalmente hoy un tribunal debe decidir si enviará a juicio a los militares en retiro acusados de ese crimen en Guatemala.
La jueza Judith Secaida, del Juzgado Quinto de Instancia Penal, será la encargada de determinar si liga a proceso a los sindicados también por la detención ilegal, torturas, y violaciones sexuales a la hermana del menor de edad Emma Molina Theissen.
En confrencia de prensa celebrada la víspera, la familia del menor, capturado de manera ilegal cuando tenía 14 años de edad, 10 meses y seis días, manifestó su confianza en que los exmiembros del Ejército que aplicaron la desaparición forzada sean juzgados para evitar la repetición de este crimen de lesa humanidad.
«Esto sería una esperanza y un aliciente para los familiares de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado para continuar en la lucha por la verdad y la justicia», señalaron.
Y añadieron que esta es una oportunidad histórica para que el sistema de justicia pruebe su capacidad de acabar con la impunidad en estos atroces delitos y demostrarle al mundo entero que Guatemala es un país que cumple con su legislación y la normativa internacional en materia de derechos humanos.
«La justicia es el pilar fundamental que garantizará la no repetición de los hechos violentos. Ahí radica la urgente necesidad de aplicarla no solo para los crímenes del pasado, sino también del presente violento que se vive en nuestro país», opinaron.
A su juicio, esta violencia es «uno de los más claros efectos de que las estructuras que violaron los derechos humanos continúan impunes, operando y afianzando su poderío» y por ello el Estado debe saldar esa deuda que mantiene con las víctimas y sobrevivientes de la guerra.
Igualmente alentaron a que este caso se constituya en exhortación a quienes padecieron las graves violaciones a los derechos humanos en esos años «para continuar rompiendo el silencio, diciendo la verdad de lo ocurrido, construyendo nuestra memoria colectiva y exigiendo justicia».
El comunicado presentado por los familiares de Marco Antonio recuerda que desde el 6 de octubre de 1981, día en que se lo llevaron agentes de inteligencia militar, sus padres jamás dejaron de buscarlo e interpusieron numerosas acciones legales.
Tras varias gestiones a partir del 25 de septiembre de 1998, dentro y fuera del país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del niño y ordenó realizar las diligencias necesarias para encontrar y devolver sus restos.
La resolución del ente regional, emitida en abril de 2004, 23 años después de los hechos, exhorta a esclarecer estos, a enjuiciar y encarcelar a quienes resultaran responsables materiales e intelectuales del crimen, entre otras medidas de reparación moral y económica.
