La Cámara Baja insta a detener «de inmediato» las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla.
La comisión de Interior aprueba una proposición no de ley de ERC con una enmienda del PSOE para que se regrese al texto anterior.
Podemos, Ciudadanos y Democracia y Libertad apoyan también la iniciativa y solo UPN respalda al PP en su defensa del texto.
Por Pedro Águeda
La mayoría de los representantes de los ciudadanos quieren que el Gobierno del Partido Popular derogue su reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. El acuerdo de todos los grupos de la oposición, a excepción de UPN, se plasmó este martes en la primera votación de la legislatura sobre la Ley Mordaza, que se realizó en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados. El resultado fue rotundo: 38 votos a favor de su derogación y 15 en contra.
Los diputados se pronunciaron sobre una proposición no de ley de ERC que aspiraba a derogar la Ley en sí. El PSOE presentó una enmienda para solicitar al Gobierno la eliminación de las reformas realizadas por el PP la pasada legislatura y no la eliminación de un texto legal porque provocaría «inseguridad jurídica», según fuentes socialistas.
Así, el texto aprobado pide al Ejecutivo «derogar la reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana aprobada en el año 2015, en que se reconocen facultades excesivas de intervención a las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones, atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, desplazan garantías judiciales tales como restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos».
De acuerdo a la solicitud del Congreso, se regresaría a la Ley anterior a la reforma del PP, la que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González, conocida como ‘Ley Corcuera’.
El debate de la PNL de ERC dedicó un apartado especial al artículo introducido a última hora por el PP, antes de aprobar su ley, por el que se legalizaban las «devoluciones en caliente» en la frontera. El texto aprobado este martes por el Congreso dedica un segundo punto a solicitar la paralización «de manera inmediata» de esas devoluciones en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En este sentido, el texto aprobado considera esas prácticas «no acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España, tal y como han declarado el ACNUR y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros».
Rufián: «El tercermundismo de los derechos civiles»
El texto de la proposición no de ley fue defendido por su portavoz en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, quien tachó la reforma del PP de “la más indigna de cuantas iniciativas ha aprobado el rodillo absolutista”. Rufián ha dicho que “el inefable Fernández Díaz hace bueno a uno de los más restrictivos ministros del Interior de este país”, en referencia a Corcuera.
Para Rufián, la reforma de los conservadores coloca a España “en el tercermundismo de los derechos civiles”. Mientras “criminaliza” a la PAH o a la Asamblea Nacional Catalana, el texto “protege a insignes periodistas que se vanaglorian impunemente de lo que harían con una escopeta a políticos”, en alusión a Federico Jiménez Losantos o no sanciona las manifestaciones en un “mausoleo fascista” al que acude a “meditar” Jorge Fernández Díaz, en alusión a la exclusiva de eldiario.es sobre las visitas del ministro del Interior al Valle de los Caídos, y a la «fascista» Fundación Francisco Franco, «una anomalía en Europa».
El Partido Popular y UPN se han quedado solos en la defensa del texto. El portavoz del partido foralista navarro, Carlos Salvador, ha pedido “un datico” al resto de grupos que justifique sus ataques al texto y Eduardo Santos, de Podemos, ha replicado que ese “datico” que pide se echó en falta cuando el PP argumentó que era necesario reformar la Ley.
A continuación, Santos aludió a la información de eldiario.es según la cual, después de las sanciones por consumo o tenencia de drogas en la vía pública, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido utilizada en mayor número de veces para castigar. El diputado defendió la necesidad del “orden público” frente a la “paz pública” que persigue el PP con su Ley y que identificó con “la paz del cementerio: aquí no se mueve nadie”.
PP: «Ciudadanos ya no es el centro»
La portavoz del Partido Popular, Belén Hoyo, pronunció las palabras “Podemos” y “Venezuela” en la primera frase de su intervención. Se extrañó de que la formación morada no firme el Pacto Antiyihadista, al que acude como observador, y apoye al Gobierno de Maduro, y al mismo tiempo considere restrictiva la Ley de Seguridad Ciudadana.
Su siguiente objetivo fue Ciudadanos, del que dijo que “ya no es el centro” y lo vinculó a sus negociaciones para la formación de Gobierno con el PSOE. Ciudadanos votó a favor de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana del PP y su portavoz, Diego Clemente, recordó cómo el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se refirió a ella en una entrevista en televisión como “ley mordaza”.
Para la representante del PP, la Ley de Seguridad Ciudadana “es una buena ley porque garantiza la seguridad”. “Y a nuestro juicio, eso es garantizar la libertad. Mejora la convivencia, protege nuestras instituciones y sedes parlamentarias. Creemos que es proteger nuestra democracia”, añadió.
