El ecuatoriano Pablo Fajardo procede del pueblo indígena Cofán y es el abogado que lleva el caso contra la empresa Chevron. Representa a 30000 indígenas que viven en los campos petrolíferos de Lago Agrio explotados inicialmente por Texaco. En 2007 fue galardonado con el premio CNN Heroes. Aunque nació en la extrema pobreza, estudio derecho gracias al apoyo de la iglesia católica.
Con motivo de su conferencia en Berlín conversamos con él sobre el delito medioambiental en el Amazonas, la impunidad de las empresas transnacionales, el peligro que deriva de los acuerdos de protección de las inversiones y de libre comercio y de cómo el caso Chevron ha cambiado su vida.
Reto Thumiger: El daño que Chevron-Texaco entre 1972 y 1992 ha dejado en la Amazonia ecuatoriana ha sido descrita por organizaciones medioambientales como “el Chernóbil del amazonas”. ¿Crees que es una comparación adecuada?
Pablo Fajardo: En mi opinión, hay muchos elementos que se pueden comparar. Quizás no ha sido un gran daño a la humanidad de manera directa. Chevron lleva causando daños en Ecuador desde hace más de 40 años y continúa causándolos en la actualidad. A día de hoy, hay mucha gente que ha sido víctima de ese daño. Si uno cuenta las personas que murieron en Chernóbil y las que han muerto y van a seguir muriendo en Ecuador en los próximos años, parece evidente que ambas catástrofes son comparables.
En 2011, Chevron fue condenado en Ecuador a la máxima pena ambiental de la historia, 9000 millones de dólares, pero hasta ahora no ha llegado ni un céntimo para las víctimas o para la regeneración de la selva. ¿Cómo es posible esto?
De hecho fueron 9500 millones de dólares a los que fue condenado Chevron en 2011. La sentencia fue ratificada por el Tribunal de Apelación en 2012, y por el Tribunal Supremo en 2013. Chevron ha sido condenada en tres instancias, pero, a pesar de todo, no ha pagado nada hasta la fecha. Chevron abusa de la ley de una forma increíble. Se han dado otros pasos jurídicos importantes, pero el poder de las empresas transnacionales es tan grande, que se vuelve muy difícil, casi imposible, llegar a ejecutar la sentencia.
En más de 22 años, hemos litigado en 5 países, incluso ante la Corte Penal Internacional, que no se ve en condiciones de investigar este tipo de delitos. Este hecho nos muestra nuevamente que la jurisprudencia internacional no está hecha para juzgar a este tipo de empresas. Las propias empresas han creado este sistema de impunidad que no permite que exista en el mundo una jurisdicción apropiada para las empresas transnacionales. Esta impunidad es nuestro problema, pero nosotros como víctimas estamos dispuestos a proceder jurídicamente hasta que Chevron pague. No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a uno de los peores crímenes ambientales, causado de forma intencionada por una empresa.
(Bild: © UDAPT)
Mencionas que cada vez es más difícil hacer que estas empresas transnacionales se responsabilicen y cumplan las leyes. Y los acuerdos bilaterales de protección de inversiones y los tratados internacionales de libre mercado como TTP, TTIP y CETA, etc. lo complican todavía más. ¿Cómo ves este desarrollo internacional?
Para mí, los tratados de libre comercio y de protección de inversiones son instrumentos jurídicos que permiten a las empresas legalizar los crímenes que cometen en cualquier parte del mundo. Si los tribunales, como en nuestro caso, amenazan la impunidad de las empresas transnacionales, estas buscan otras posibilidades, como por ejemplo dichos acuerdos, para seguir garantizando esa impunidad que hasta ahora han disfrutado internacionalmente.
Chevron se ha aprovechado del acuerdo de protección de inversiones entre Ecuador y Estados Unidos. Aunque la empresa solo estuvo activa en Ecuador hasta 1992 y después de esa fecha dejó el país durante el acuerdo de 1997. En ningún lugar del mundo se aplican las leyes de forma retrospectiva, no obstante, el tribunal ha decidido que ese acuerdo se aplica al caso Chevron. Un caso claro de abuso del derecho.
Otro ejemplo que también parece interesante, es lo que pasó en Uruguay. Cuando Uruguay estableció normas para proteger a la población de las consecuencias del consumo de tabaco y de cigarrillos y quiso prohibir la publicidad que indujese a los jóvenes a fumar, la empresa Philip Morris presentó una demanda a Uruguay ante el Tribunal Arbitral. Es decir, con el objetivo de poner el sistema económico y los acuerdos de comercio y de economía ante la vida y los derechos humanos y también ante la soberanía de los estados. Dichos acuerdos son para proteger las inversiones, el capital y a las empresas, y no para proteger a la población, a la vida, al medio ambiente o a los indígenas.
La parte jurídico del caso Chevron es muy compleja y ya has mencionado las acciones legales que Chevron ha tomado contra Ecuador para cargar con parte o la totalidad de esa pena a Ecuador y con ello a su población. Además, Chevron ha emprendido acciones legales contra las personas afectadas a las que representas.
Para mí, el caso Chevron es muy sencillo. Hay tanto una contaminación ambiental, como social y cultural que se originó mientras Chevron explotaba petróleo en Ecuador. Hay una pena judicial basada en la evidencia de los daños causados por Chevron, y a día de hoy Chevron se niega a pagar esa pena. El caso es sencillo, Chevron ha contaminado y debe pagar. Sin duda lo que Chevron intenta es evitarlo mediante acciones y acusaciones, algunas de las cuales solo puedo describir como perversas. Por ejemplo, intentar que el gobierno ecuatoriano pague por los delitos de Chevron. O los ataques sistemáticos a los afectados, etiquetando a las víctimas como delincuentes para que la empresa parezca inocente. Un grave abuso de la legislación que no hay que permitir en ningún caso y en vista de lo cual tenemos que seguir luchando. Somos muy conscientes de que solos no podemos lograr un éxito inmediato, por eso necesitamos la solidaridad y el apoyo de todo el mundo y que el mundo se de cuenta de que esto se trata de algo más que de Ecuador, del Amazonas o de 30000 afectados. Se trata de un precedente jurídico que obliga a una empresa global a responsabilizarse y prueba, a los 30000 afectados, que es posible ganar a una gran empresa que ha cometido un delito.
Chevron se niega a pagar, entre otras cosas, con el argumento de que el proceso judicial en Ecuador estaba corrupto. ¿Por qué se trasladó el juicio de Estados Unidos a Ecuador?
Interpusimos nuestra demanda en Nueva York en el año 1993, pero Chevron quería llevar el procedimiento a Ecuador y presentó pruebas de que el sistema judicial ecuatoriano cumplía con todos los requisitos de un procedimiento judicial de este tipo. La empresa se comprometió a respetar la justicia ecuatoriana. Acto seguido, el tribunal declaró en Nueva York que Ecuador era el responsable de este caso. Pero cuando surgieron evidencias suficientes contra Chevron durante el proceso judicial y los expertos de la otra parte no pudieron proporcionar ninguna prueba que les exculpara, la empresa comenzó a lanzar ataques sistemáticos contra el sistema legal ecuatoriano, contra el estado ecuatoriano y contra los demandantes indígenas para hacer ver a las víctimas como delincuentes (Videos que confirman la contaminación de Chevron en Ecuador).
[El juez Kaplan declaró en Nueva York la sentencia contra Chevron como no válida, basándose en el testimonio de un solo testigo. El antiguo juez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas declaró en Nueva York que la sentencia contra Chevron fue por medio de soborno y no emitida directamente por el juez, sino que le había sido entregada a él por los abogados de la comunidad demandante, n. D. Red.]
Hoy disponemos de un contrato entre Alberto Guerra Bastidas y Chevron en el que la empresa se compromete a pagarle 12.000 dólares mensuales durante 4 años, además de subsidio de vivienda y seguro médico para toda la familia a cambio de la declaración a favor de Chevron. Este testigo ha mentido al juez Kaplan y ahora a declarado: ‘’Sí, he mentido para ganar dinero’’ (Documento corroboraría que Chevron sobornó a exjuez ecuatoriano).
Chevron sostuvo la teoría de que la sentencia de Lago Agrio era de nosotros, los abogados de los demandantes, y no del juez. Dos expertos, uno del estado y otro contratado por Chevron, han investigado el ordenador personal y ambos han llegado a la conclusión de que la sentencia fue emitida en su totalidad en el ordenador personal del juez Nicolás Zambrano y no descargada de internet o de un medio de almacenamiento externo.
Todo lo que Chevron ha argumentado se ha vuelto insostenible y la sentencia de Kaplan tuvo que ser revocada.
¿Cuáles son ahora las posibilidades de obligar a Chevron a pagar la pena?
Estamos intentando que se homologue la sentencia contra Chevron en Canadá, Argentina y en otros países. El 4 de septiembre, el tribunal supremo de Canadá rechazó los argumentos de Chevron y esto nos permite iniciar el proceso de reconocimiento de la sentencia en Canadá. Si tenemos éxito en Canadá, obtendremos de la sentencia tanto como sea posible. Se están realizando esfuerzos similares en Argentina y en Brasil, pero esta batalla legal es difícil. En nuestro equipo somos 20 abogados para todos los países en los que litigamos. Chevron tiene más de 2000 abogados en todo el mundo que se ocupan de este caso. La diferencia de poder es considerable.
¿Crees que también pueda pasar en Europa algo de esta envergadura en un futuro?
Evidentemente, las empresas cometen delitos en todo el mundo. Son las grandes empresas las que gobiernan a los gobiernos. Hoy en día se discute en muchos movimientos sociales e incluso en las Naciones Unidas la posibilidad de crear un tribunal internacional para frenar el abuso de las empresas transnacionales. ¿Quién se opone a esos esfuerzos? Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué se oponen a una regulación y a un control adecuado de las empresas transnacionales? Porque a menudo ellos mismos forman parte de ellas. En mi opinión, se trata de un problema ético. Si países como Alemania, que son ejemplares en cuanto a la observación de los derechos humanos en su propio país, al mismo tiempo permiten a sus empresas violar los derechos humanos en otros países, contaminar el agua y perjudicar a la población indígena, hay un problema ético. Me parece de todo menos ético que esas empresas puedan destruir África y Latinoamérica. No podría dormir tranquilo sabiendo que en casa se hacen las cosas bien pero no en la del vecino.
¿Por qué te has hecho cargo del caso Chevron y te has convertido en la voz de las víctimas?
No creo que la gente esté detrás de mí, sino junto a mí. Somos 30000 afectados, la mayor parte indígenas de 5 pueblos indígenas diferentes, obreros, mujeres y niños. Toda esa gente está luchando, está trabajando, y yo soy uno de ellos.
¿Y cuál es tu motivación?
Yo vivo aquí en el Amazonas. He trabajado antes para Texaco y tengo una relación directa con el problema. He visto a muchos de mis amigos y compañeros de la escuela morir de cáncer. Muchos de mis amigos que aún viven padecen de cáncer. Para mí, esto es una obligación. Esa gente no quiere que nadie pase por lo mismo que ellos. Solo pude realizar mi estudio gracias a la gente del Amazonas que me apoyaron tanto como pudieron. Es por eso que estoy comprometido con el pueblo del Amazonas. También estoy aquí hoy gracias a ellos.
¿Cómo te ha cambiado la vida este caso y qué has aprendido a nivel personal?
De hecho, he aprendido mucho. A lo largo de mi vida y cuanto más hablo sobre ello en ocasiones como esta, tomo conciencia de que los humildes campesinos indígenas que aparentemente no han estudiado nunca, tienen muchos más conocimientos que nosotros. Debemos aprender a escuchar y a valorar y respetar a todas las personas tal y como son.
Además, he aprendido que hay gente en todo el mundo que ama la justicia y la vida. Tales casos, y concretamente el caso Chevron, no es un conflicto cultural o geográfico. Se trata de justicia y esto nos afecta a todos. Esto nos conecta a las personas del norte, del oeste o del este, ricos o pobres. Se trata de la justicia a la vida y del Amazonas.
Naturalmente, todo tiene un precio. A menudo descuido mi familia y eso no es fácil. Por supuesto que querría además que mi familia tuviera seguridad económica. Podría trabajar en empresas estatales y tener otras buenas ofertas de trabajo, pero ¿qué beneficio me da tal posición si mi familia y mis amigos de Lago Agrio viven en malas condiciones? Por este motivo rechazo esas ofertas. Esta lucha por la vida y la justicia es mucho más importante. Este es mi compromiso y me ha cambiado mucho.
¿Qué pueden hacer nuestros lectores para apoyar este caso?
Hay muchas formas de apoyo. Los pueblos indígenas de Ecuador, Bolivia Y Perú utilizan una palabra que me parece muy bonita, que es ’’Minka’’ (Quechua, el tipo de trabajo colaborativo más importante, n. D. Red.). ¿Qué es Minka? Imaginemos que debemos construir un camino y ese camino debe abrirse sobre muchos ríos y altas montañas. Solos no lo conseguiríamos. ¿Qué hace una comunidad rural? Asesorar, decidir y trabajar juntos en ello. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes, cada uno contribuye a la Minka con sus habilidades y posibilidades y construyen juntos el camino. Conozco el ejemplo de un hombre que no podía caminar, así que cogió la guitarra y contribuyó a mejorar el estado de ánimo durante el trabajo.
Nos encontramos en esa ’’Minka’’ por la justicia, por el Amazonas y por la vida e invitamos a todos a participar en ella. Invito cordialmente al lector a unirse a esta Minka. Vamos a recorrer juntos ese camino.
¡Pablo, gracias por la entrevista y por tu tiempo!
Traducido del alemán por Míriam Sánchez Alcón
