El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha declarado que el Gobierno de España ha recibido varias llamadas de atención por haber legalizado «la expulsión sumaria» de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en la frontera de Ceuta.
“España ha recibido diferentes llamadas de atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales; por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular; o porque es necesario adoptar una política estatal de vivienda con un enfoque de derechos, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad.”, explica Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
En la presentación del informe anual, desde la onegé se advierte que los compromisos asumidos por nuestro país con la Unión Europea sobre reubicación de personas procedentes del conflicto sirio se cumplen muy lentamente. El Gobierno español se comprometió a reubicar a más de 17.000 personas de Grecia e Italia, cuando sólo han llegado 18 en 2015. También se comprometió a reasentar a 854 personas procedentes de diferentes países entre 2014 y 2015, de las cuales sólo 90 llegaron a la península, explican desde Amnistía Internacional. Mientras tanto cientos de personas esperan hacinadas en el CETI de Melilla, en muchos casos sin la debida atención médica y psicológica.
Además, dice, el Gobierno ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional y ha desoído las diferentes recomendaciones que organismos como Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre otros, han hecho a España en diferentes ámbitos. El Estado español ha alegado que no existen mecanismos procesales que obliguen a dar cumplimiento a dichas decisiones.
En el ámbito internacional, asegura el colectivo, España ha tenido una política de doble rasero. Ha dado pasos positivos pidiendo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se autolimiten en el uso del veto, participando en la adopción de resoluciones como la Resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, o demandando un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas.
