Por Daniel Raventós y Julie Wark para sinpermiso
En su informe de 2015 el Foro Económico Mundial (FEM), también conocido como el foro de la élite del pillaje y el saqueo globalizados, declaró, desde su lujosa fortaleza alpina, en Davos, que «La desigualdad es uno de los principales retos de nuestro tiempo». Y cuando la élite desembolsa 25.000 dólares por asistir a este festín de multimillonarios, después de aligerar obligatoriamente otros 52.000 dólares en concepto de cuota de socio del FEM, no se pronuncia acerca de la desigualdad porque se identifique de alguna forma con los pobres y oprimidos. Así queda claramente reflejado en la página 38 del Global Risks Report 2016 (Informe de Riesgos Mundiales 2016), donde se informa al lector sobre las consecuencias de la desigualdad:
«El resultado es un sistema mundial reducido a sus mínimos elementos, en que los ideales progresistas de libertad, democracia, justicia e igualdad no se propugnan ya como modelo al que debemos aspirar. Una nueva entente surge, en relación a las diferencias en el enfoque político y económico, aunque ello signifique aceptar cierto grado intrínseco de desigualdad y desintegración globales, y la parcelación de los bienes del total del patrimonio común. Personas y empresas se trasladan, cuando pueden, a aquellos lugares que mejor satisfacen sus objetivos».
¡Ah! La respuesta a la desigualdad del Foro Social Mundial recibe el nombre de «imperativo de resiliencia», una forma soterrada de decir «impermeabilicemos nuestro propio bote salvavidas y dejemos que se hundan los demás». Huelga decir que los inseguros botes salvavidas de los refugiados no podrán trasladarlos «a aquellos lugares que mejor satisfacen sus objetivos». En materia de agricultura, el informe señala (pág. 59) que «la resiliencia del sistema exige nuevas reglas que se opongan al control de las exportaciones», o, lo que es lo mismo, que los que tienen la última palabra en Davos pueden arrebatar toda la comida que quieran de la boca de los niños que viven en las zonas rurales y pobres del mundo. También muestran gran entusiasmo por «incrementar la resiliencia de los balances contables a los cambios climáticos» (pág. 61). Todo aquí se reduce a su propia resiliencia ante los cambios climáticos que ellos mismos provocan. Al margen de ser algo a lo que no debemos aspirar nunca más, la palabra «justicia», que las personas decentes tienden a asociar con la «injusticia» de las enormes desigualdades que afectan gravemente a la mayoría de la población, solo aparece de nuevo en el informe (pág. 46), cuidadosamente escondida entre comillas, y en referencia al movimiento por la «justicia climática». Impertérrita, la prensa convencional presenta, obsequiosa y servil, esta referencia falsaria a la desigualdad como si fuera una preocupación sincera. ¿Se habrán leído los periodistas el informe? Porque es exactamente lo contrario. De lo que hablan, en realidad, es de cómo agenciársela para que los demás aceptemos «cierto grado intrínseco de desigualdad y desintegración global», mientras ellos se afanan en «parcelar [“adueñarse de”] los bienes del común», acrecentar sus fortunas e impedir que el enfado de los desposeídos se les vaya de las manos. Y son más que explícitos al respecto.
Escribir sobre la «desigualdad» como si se tratara simplemente de aquel antiguo asunto entre ricos y pobres es una simplificación excesiva, absurda e injusta. La desigualdad hoy es tan exagerada que un puñado de individuos puede enfrentarse a los mandatos nacionales e internacionales y arremeter contra la supervivencia de los ciudadanos en todo el mundo. Todo lo que una vez fue patrimonio común de auténticas comunidades humanas, incluida la tierra, el agua, los bosques, los minerales, el conocimiento tradicional indígena y el entramado de recursos genéticos de la propia vida, además de servicios públicos como la salud, la educación, el transporte, el agua y el saneamiento, es privatizado. Los seres humanos son mercancías destinadas a los mercados de trata de personas, esclavitud sexual, trabajo infantil, vientres de alquiler, tráfico de bebés y niños y compraventa de órganos. O suponen un obstáculo a la generación de beneficios, en cuyo caso se puede prescindir de ellos recurriendo, incluso, al genocidio, si fuera preciso, como sucede hoy mismo, por mero ejemplo como el perpetrado por Indonesia en Papúa Occidental; una horrorosa tragedia que casi nadie conoce.
El hecho de se hable del «foro» (nombre que recibía originalmente un espacio accesible de pública reunión), de la panda de Davos, como si tuviera alguna legitimidad democrática, es ya el más perverso de los disparates. El informe Oxfam, que estima que 62 personas poseen la mitad de la riqueza mundial, y la parte que corresponde a la mitad más pobre ha disminuido un 38% desde 2010, y que 188 de las 201 principales empresas (es decir, el cártel de Davos) están presentes en, al menos, un paraíso fiscal (por un valor de alrededor de 7,6 billones de dólares, que equivaldrían a 190 mil millones extra en impuestos y a disposición de los gobiernos cada año, o, para situar esta cifra en perspectiva, una cantidad equivalente a tres veces el presupuesto sanitario del reino de España de 2013), es objeto de extendido debate. El caso es que, una vez la malversación se ha vuelto tan descarada y de tal magnitud, absolutamente todo es posible. Ninguno de los derechos, consagrados en instrumentos internacionales, por los que se combatió hasta su conquista, tras luchas de siglos, será respetado bajo el «imperativo de resiliencia». El ministro de Migración griego, Yiannis Mouzalas, contó recientemente a la BBC que Bélgica había dado instrucciones a Grecia de que «empujara» a los inmigrantes «de vuelta al mar». «Sáltese las normas», le dijeron. «No importa si los ahoga». Esa es la nueva resiliencia. Hiela la sangre.
Pero, para la inmensa mayoría de la gente, el agravamiento de la desigualdad no tiene que ver con la resiliencia de los multimillonarios, sino con asuntos más prosaicos, como el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que se han destruido alrededor de 61 millones de puestos de trabajo desde 2008, y, en 2019, más de 212 millones de personas carecerán de empleo. Otros estudios, como el publicado en 2013 por Carl Benedikt Frey y Michael A Osborne, de la Universidad de Oxford, subrayan el impacto de la informatización sobre el empleo y prevén que, por ejemplo, alrededor del 47% del total de puestos de trabajo en EE.UU. están en riesgo de desaparecer. Los efectos sociales –la pobreza y todo lo que lleva aparejado- para quienes no pertenecen al «Club de los 62» son evidentes y debatidos con frecuencia. Los ingredientes que faltan en la discusión son los muy anticuados y básicos principios de los derechos humanos: la libertad, la justicia y la dignidad. Una persona desempleada carece de libertad (condición necesaria de los otros dos principios), y padece el estigma asociado a cualquier clase de subsidio que pudiera percibir, llegado el caso (en el Reino de España, casi siete de cada diez trabajadores desempleados no perciben ayudas de ningún tipo). Y, por supuesto, las personas que trabajan largas jornadas en condiciones precarias y mal remuneradas tampoco son libres, por lo que no pueden existir socialmente como ciudadanos con plenos derechos. La igualdad y la reciprocidad en el ejercicio de la libertad solo pueden desarrollarse en una sociedad cuyas instituciones políticas proporcionan las condiciones sociales que garantizan la independencia material de sus miembros, y los liberan, así, de la obligación de vivir a merced de otros y sometidos a sus caprichos. Uno de los pilares sobre los que descansa el republicanismo democrático clásico es el reconocimiento de que la principal causa de vulnerabilidad e intromisión ilegítima en la vida de las personas es la falta de independencia económica.
Por mucho que se culpe a la «crisis», la desigualdad, el sufrimiento y el dolor en el mundo hoy obedecen a una causa básica: la política económica. El problema de los megarricos no es cuánto dinero roban, sino la influencia política que ejercen. Tómese la austeridad que han impuesto, por ejemplo. Como precisa Chomsky, la política de austeridad no se impuso en cumplimiento de alguna ley económica, sino que «es una decisión política adoptada por sus diseñadores para favorecer sus propios intereses», y esos intereses incluyen el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos. Hace dos siglos y medio el filósofo moral Adam Smith – difamado en el siglo XIX por considerársele un protoutilitarista de estirpe hobbesiana, y hoy injustamente adoptado como uno de los suyos por los fanáticos del laissez-faire – mostró que es la acción política dirigida a proteger ciertos intereses la que configura los mercados. Su proyecto de «republicanismo comercial» aspiraba a alumbrar políticamente las condiciones sociales que definirían y gestionarían de forma democrática la naturaleza y funciones de los espacios productivos en que las personas ejercen su libertad. Esto requería concebir políticas sociales y económicas dirigidas a universalizar la independencia material y el derecho de los ciudadanos a participar en el mercado como individuos libres y soberanos.
Son miles los ejemplos que muestran por qué dos pensadores tan diferentes como Chomsky y Smith aciertan al atribuir el origen de la desigualdad y del malestar social a la política económica. Los delincuentes, los multimillonarios que moldean el mundo, suelen permanecer ocultos a la vista y rara vez se reconoce su papel como actores políticos. Además, están bien protegidos por periodistas que siguen fielmente su dictado, como explica Michael Massing en un reciente artículo de la New York Review of Books. Massing cita a «DealBook», el influyente informe financiero diario del periódico The New York Times, que da cuenta de las transacciones y fusiones que tienen lugar en Wall Street, pero proporciona muy poca información sobre los manejos e intrigas de sus ejecutivos.
Uno de estos maniobreros de la política, Kenneth Griffin, director ejecutivo de Citadel (Chicago), ̶ que ganó 1300 millones de dólares en 2013 ̶ , poderoso operador de fondos de inversión de alto riesgo y número trece en la lista de donantes de «súper-PACS[1]» entregó más de un millón de dólares a la campaña de Rahm Emanuel para apoyar su elección para un segundo mandato como alcalde de Chicago, y alrededor de trece millones a la exitosa campaña que convirtió al republicano Bruce Rauner en gobernador de Illinois. Citadel contrató a Ben Bernanke, antiguo presidente de la Reserva Federal, como asesor en 2013, y Griffin es consejero de la Universidad de Chicago y miembro, entre otras poderosas instituciones, del Committee on Capital Markets Regulation (que protege los intereses de Wall Street en Washington). Los administradores de estos grupos, con denominaciones tan poco amigas de la ambigüedad, como Financial Markets Roundtable o Private Equity Growth Capital Council, no solo se reúnen en Davos, sino que se codean continuamente unos con otros, formando una estrecha camarilla, cuyas prácticas son muy antidemocráticas y secretas.
Otra lectura edificante nos aporta Chris Arnade, un antiguo bróker del mercado de divisas de Citigroup, que describe cómo los Clinton, «[ …y ] con los Clinton nunca es solo Bill o Hillary ̶ implementaron políticas que situaron a Wall Street en el centro de la agenda económica del Partido Demócrata, transformando lo que era un partido político contra Wall Street en un partido del propio Wall Street». No es un secreto que los Clinton trabajan a favor de grandes intereses financieros pero, ¿cómo es posible que los medios sigan presentando a la candidata Hillary Clinton como si fuera «demócrata» en algún sentido de la palabra?
Mientras las tragedias mundiales continúan en aumento, las medidas para aliviar el sufrimiento son, en el mejor de los casos, parciales, cicateras y pusilánimes, como si pidieran tímidamente disculpas a la pandilla de Davos por atreverse a enmendar sus crímenes. Sin voluntad para actuar sobre las causas de fondo, los partidos políticos y grupos llamados progresistas recurren a concesiones y sucedáneos, como los salarios mínimos, las rentas garantizadas, los seguros de desempleo o las prestaciones sociales, medidas condicionadas todas ellas, que, raramente, están a disposición de las personas que sufren una necesidad más apremiante. Bien está que existan, que nadie nos confunda. Bien está si la alternativa es su supresión a cambio de nada. En el Reino de España, donde el 34,5% de los niños menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, y se ha multiplicado por nueve el número de personas sin empleo desde 2008, muchas prestaciones sociales se interrumpen transcurrido un plazo aproximado de 18 meses. Es una lástima que no se defienda abiertamente la introducción de una renta básica universal (RBU).
En el terreno práctico y operativo, los costes administrativos de una renta básica universal, precisamente por ser universal, y, por tanto, mucho más sencilla, son bastante menores que los de los subsidios condicionados. La RBU no pone obstáculos a la percepción de otros ingresos ni desincentivaría, tampoco, el trabajo asalariado, como indican estudios recientes, y, en general, conferiría a las personas poder social y económico. Las tareas del hogar y los trabajos de carácter voluntario serían, por fin, reconocidos como verdaderos trabajos. La renta básica sobresale, como propuesta política, por esta forma de abordar la desigual distribución del trabajo reproductivo y la privación de los medios materiales de subsistencia que sufren millones de personas, y porque apunta a las raíces mismas de la desigualdad de clase y de género en la esfera de los cuidados y en los mercados capitalistas.
Todos la recibirían, pero no “todos” ganarían. Las personas más ricas pagarían más impuestos que ahora (si bien hoy no pagan lo que deben). Una asignación monetaria, destinada a todos los adultos, por un importe situado por encima del umbral de la pobreza, podría ser fácilmente financiada en el reino de España con un tipo único impositivo del 49%, que, combinado con una renta básica exenta de impuestos, sería altamente progresivo. El 80% de la población ganaría y el total de la cantidad transferida de los ricos a los no-ricos serían de unos 35.000 millones de euros. Como estaría por encima del umbral de la pobreza, la renta básica universal se ocuparía de algunos de los problemas más urgentes, como la erradicación de la pobreza, pero también, y este aspecto es especialmente importante, sentaría las bases de unos sistemas políticos mucho más justos y democráticos.
Desde el punto de vista ético, la renta básica universal difiere en gran medida de los subsidios condicionados, porque su principio fundamental es el derecho a la independencia económica y, por tanto, a la libertad. La RBU ería un componente de la política económica, que daría poder de negociación a la población en general y actuando, en este mismo sentido, como control eficaz del abuso de poder. Como subrayó Louis D. Brandeis, juez de la Corte Suprema de los EE. UU., hace, aproximadamente, cien años: «Tenemos que escoger: Podemos tener democracia o tener la riqueza concentrada en manos de unos pocos, pero no podemos tener ambas». Estamos ante una decisión de carácter político y, dado que los ciudadanos más ricos del mundo están destruyendo rápidamente el planeta, su urgencia es aún mayor. No se trata simplemente de detraer recursos de los ricos para entregárselos a los pobres. Lo que está en juego es la tarea crucial de construir unas instituciones y controles auténticamente democráticos y garantizar la efectividad de los más elementales derechos a la existencia y a la seguridad básica, que permitan el pleno ejercicio de la libertad.
Poco antes de su muerte el año pasado, Iain Banks resumía de forma expresiva algo de sobra conocido: «Me refiero a que la sociedad está rota, así que, ¿a quién deberíamos echar la culpa? ¿A los ricos y poderosos que provocaron este desastre? No, mejor se lo achacamos a la gente que no tiene poder ni dinero y a los inmigrantes, que ni siquiera pueden votar; sí, seguro que es por su puta culpa».
Y no es difícil comprobar cómo se castiga a los inmigrantes, los refugiados y la población más vulnerable. Si no frenamos a los verdaderos criminales, habrá más resiliencia multimillonaria, más muertes, más calentamiento global, más destrucción del medioambiente, más movimientos de ultraderecha, más xenofobia y más crueldad. Y menos democracia, menos justicia y menos libertad. Y el Foro Económico Mundial y los representantes de los gobiernos seguirán diciendo: «Que se ahoguen».
Fuente: http://www.counterpunch.org/2016/02/05/we-cant-afford-these-billionaires/
Traducción: Mihaela Federicci
