La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina vuelve a verse restringida en su aplicación por decisiones, cuanto menos sorprendentes, del poder judicial. El 6 de diciembre la Cámara civil y comercial federal ha prorrogado la fecha límite del 7 de diciembre que había estipulado la Corte Suprema para que todos los conglomerados mediáticos se adapten a la ley vigente.

Si desde su promulgación el 10 de octubre de 2009 todavía no ha podido ponerse en práctica ha sido, fundamentalmente, por medidas cautelares otorgadas a favor del Grupo Clarín por jueces designados de maneras poco conformes y desde juzgados que no corresponden para paralizar la aplicación total de una ley votada en mayoría y que es modélica para las Naciones Unidas.

El ambiente

Millones de argentinos esperaban que este 7 de diciembre concluyeran las trampas judiciales promovidas por el Grupo Clarín para resistirse a la aplicación de una ley que aceptan todos los demás grupos que exceden los máximos establecidos y que ha sido impulsada a lo largo y ancho del país por comunicadores, dirigentes sociales, estudiantes y profesores y que ha sido retocada por todos los sectores del abanico político, convirtiéndola en un ejemplo acabado de ley pluralista.

Sin embargo, el extenso poder del Grupo Clarín y sus secuaces bombardean la opinión pública nacional e internacional haciendo tambalear la estabilidad del gobierno de Cristina Fernández e incluso poniendo en jaque la continuidad democrática.

Pueden servir de ejemplo el rol filogolpista empleado por el grupo durante el conflicto entre el gobierno nacional y el cuerpo de gendarmería y guardacostas, fogoneado por la desinformación y la manipulación mediática o las manifestaciones antiestatales organizadas el 13 de septiembre y el 8 de noviembre de este año, en las cuales se vituperó fuertemente contra el gobierno, la democracia y se denunció en televisión abierta, en directo y por todos los canales disponibles la falta de libertad de expresión. Fue notorio este incoherente reclamo viendo a gente con carteles pidiendo “Libertad de prensa” y golpeando periodistas al mismo tiempo.

Otros ejemplos de la campaña del Grupo Clarín para incendiar las calles y conseguir perpetuar su poder ilegal fueron la cobertura de la huelga convocada por sindicatos opositores (hasta hace meses aliados del gobierno y ahora enfrentados y con una representación cada vez menor de los trabajadores) invisibilizando la violencia utilizada por estos sindicalistas para obtener un mayor seguimiento de la protesta o la reciente denuncia por incitación a la violencia contra numerosos funcionarios y unos cuantos periodistas que han develado las maniobras espurias ejecutadas por el multimedios.

La victimización de Clarín viene de lejos y aprovecha su posición dominante para difamar, calumniar y tergiversar las acciones de gobierno y buena parte de los dirigentes sociales que trabajan junto al gobierno. Pese a este trabajo sistemático, del que wikileaks dio amplia difusión mostrando como las mentiras repetidas conspiraban contra la credibilidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner,  un decreto presidencial anuló los delitos de injurias y calumnias, habilitando una libertad de expresión mayor.

¿Libertad de expresión o  libertad de empresa?

La credibilidad del grupo ha ido descendiendo de manera considerable a partir del 2008. El conflicto alrededor de la ley 125 que enfrentó al gobierno nacional y a los grandes productores agropecuarios provocó una polarización enorme del país que condujo al Frente para la Victoria a perder las elecciones legislativas de 2009.

Pero el abuso en la utilización de mentiras flagrantes fue desnudando las intenciones golpistas que acompañan al Grupo Clarín desde que era un diario mediano dirigido a influenciar las clases medias y que terminó convirtiéndose en uno de los multimedios más grandes de América, apoyados por diversas dictaduras y por gobiernos democráticos como el de Frondizi y el de Menem.

Incluso el gobierno de Néstor Kirchner tuvo que ceder a su empuje e intromisión y prolongarle ciertas concesiones para poder terminar su mandato, que según los analistas de Clarín y La Nación, “no dudaría ni un año”.

La Ley de Medios se convirtió en una batalla nacional y sus foros por todas las universidades del país permitieron calibrar la necesidad de remplazar la ley de comunicaciones vigente que fuera promulgada durante la última dictadura y que era un despropósito absoluto y que había sido retocada en los años 90 para beneficiar a las corporaciones mediáticas.

Pero el Grupo Clarín también perdió los derechos de televisación del fútbol, adquiridos por el gobierno nacional para lanzar el denominado “Fútbol para todos”, que permitía a todos los espectadores del país ver los partidos de primera y segunda división de forma gratuita.

Durante más de 20 años, el Grupo Clarín utilizó la exclusividad del fútbol para arruinar a la competencia e imponerse como máximo difusor del cable y obtener beneficios millonarios contando con un público cautivo, incapaz de renunciar a una de las tradiciones más arraigadas en el territorio nacional.

La visibilización del escándalo de Papel Prensa también propagó la condena social contra los empresarios del Grupo, quienes obtuvieron el monopolio de la fabricación del papel para periódicos de la mano de los dictadores y con los dueños firmando los documentos de compraventa bajo tortura y secuestro.  Este año, Héctor Magnetto, Director General del Grupo Clarín desde hace 30 años litigó contra los hermanos Papaleo por falsedad, pero tanto Osvaldo, como Lidia Papaleo confirmaron todas sus acusaciones contra CEO del grupo quien participó de los interrogatorios realizados a Lidia Papaleo durante su secuestro.

El control sobre la confección del papel permitió multiplicar la tirada del rotativo y restringir la tirada del resto. Héctor Ricardo García, dueño de Crónica, el diario de mayor tirada hasta el cambio de manos de Papel Prensa lleva décadas denunciando el plan sistemático que sufrió para arruinar a su diario y convertirlo, hoy día, en un diario marginal.

En 1999, el 18 % de las acciones del Grupo Clarín fueron compradas por Goldman Sachs,  el gran cuco especulativo global y actual estrangulador del continente europeo. Hasta junio de 2012, que vendiera sus acciones al Booth American Company Investment LLC, podemos imaginar fácilmente la línea editorial que tenía este enorme cúmulo de licencias mediáticas que es el Grupo Clarín.

Pese a la insistente confusión que se encarga de generar el Grupo, la Ley de Medios jamás podría afectar al diario Clarín, ya que se trata de una ley de servicios audiovisuales y contrariamente a lo que informan en sus medios, la aplicación de la ley amplificaría la libertad de expresión, ya que hoy está siendo sensiblemente afectada por la posición hegemónica que tiene el multimedios.