Diputados Nacionales y Parlamentarios del Mercosur presentaron en las últimas horas del martes una solicitud de intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares a favor de la dirigente indígena Milagro Sala, del movimiento Tupac Amaru, detenida en su residencia en la capital de la provincia argentina de Jujuy.
Sala fue imputada por supuesta ‘instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real’ y desde hace más de 30 días había instalado un campamento junto a la Red de Organizaciones Sociales frente a la Gobernación de Jujuy en rechazo al reordenamiento de la distribución de subsidios a cooperativas planteado por el gobernador de esa entidad, Gerardo Morales.
Los legisladores consideran que se dan las condiciones de gravedad y urgencia que exige las normas citadas para que la CIDH requiera al Estado argentino la adopción de medidas urgentes tendientes a evitar daños irreparables a su vida e integridad psico-física, destacando que se trata de un claro caso de criminalización de la protesta social que viene escalando desde la asunción del Gobernador Gerardo Morales en el mes de diciembre de 2015.
Según un comunicado, se establece que “existe una clara afectación del derecho a la libertad y a la seguridad personales de la detenida», quien está privada de su libertad física sin que exista delito, por lo que se trata de una detención ilegal, produciéndose una detención o encarcelamiento arbitrarios, manteniéndose la detención aun cuando no existen motivos que puedan implicar la evasión a la comparecencia en juicio”.
El gobernador Morales, que asumió el cargo en diciembre pasado, acusa a la dirigente social de haber manejado los fondos estatales destinados a planes sociales de manera discrecional durante la era ‘kirchnerista’ e incluso de haberse quedado con parte de ese dinero, refirió el canal multinacional TeleSur.
Recientemente, Morales decretó que las organizaciones sociales que no se reempadronen perderán sus beneficios sociales y su personería jurídica. Milagro Sala y representantes de otras organizaciones se oponen a esta disposición.
En Ecuador, el ministro de Cultura y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del movimiento político Alianza País (en el gobierno), Guillaume Long, y la líder parlamentaria de este país, Gabriela Rivadeneira, expresaron la solidaridad y preocupación por la detención de Sala.
