Por Cecilia Balderas
Gonzalo Aguilar Zinser, integrante de la organización Desarma México, informó que a nuestro país entran mensualmente, en promedio, 20 mil armas de fuego, mismas que van desde pistolas de calibre nueve milímetros, hasta lanza cohetes, por lo que “la capacidad de fuego de la delincuencia organizada es mucho mayor, sigue creciendo y el Estado mexicano no ha podido hacer nada para detenerlo”.
El abogado y asesor jurídico del exjefe de gobierno Marcelo Ebrard, criticó la postura laxa del gobierno norteamericano respecto a las leyes que regulan la adquisición y tenencia de armas en su territorio, pues luego de que estas son adquiridas de manera legal, se comercializan clandestinamente en México, lo que ha generado que regiones enteras de nuestro país estén bajo el dominio de la delincuencia organizada.
Aguilar Zinser cuestionó que a más de la mitad de la administración de Peña Nieto, el gobierno federal no haya toma en serio el problema, ni haya siquiera diseñado medidas o mecanismos sólidos para contener el avance de las organizaciones criminales.
El académico e investigador del Colegio de México (Colmex), Sergio Aguayo Quezada, afirmó que “estamos es una guerra de baja intensidad” aunque el Estado mexicano no lo reconozca como tal, lo que impide que se le dé el tratamiento necesario, incluida la poca o nula preocupación sobre los suministros bélicos de los grupos delincuenciales.
El autor de La charola, Vuelta en U, La transición en México, entre otros, afirmó que operativos como Rápido y furioso, son el resultado de la frustración de una dependencia norteamericana que carece de recursos para combatir el tráfico de armas.
“A los estadounidenses sólo les interesa el flujo de migrantes y drogas y por ello despliegan a 18 o 20 mil agentes de la Patrulla Fronteriza para vigilar su frontera sur, pero en la época de Rápido y Furioso, la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego tenía 417 agentes para vigilar tres mil kilómetros”, explicó Aguayo.
Para enfrentar la “guerra” contra el crimen organizado –como la llamó Felipe Calderón a principios a finales de 2006- se requiere “una convergencia razonada entre organismos civiles, Estado, academia y medios de comunicación”, dijo el investigador.
El cineasta Gabriel Ripstein señalo que si bien en la relación bilateral entre México y Estados Unidos ambos países han dialogado mucho respecto a la responsabilidad conjunta en temas como migración y narcotráfico, la realidad muestra que esta postura no se ha traducido en hechos sustanciales.
Calificó la postura del gobierno de Obama como “laxa”, en tanto que el crimen organizado en México cada vez tiene un mayor “apetito feroz” por la obtención de armas.
Principales víctimas…
La directora general de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Miriam Morales Sanhueza, reconoció que las mujeres, son las principales víctimas del trasiego ilegal de armas de Estados Unidos a territorio mexicano y Paulina Arriaga Carrasco, de Desarma México, agregó que dos de cada 10 homicidios con arma de fuego perpetrados contra mujeres suceden en el hogar de la víctima.
En 2011, en México se registraron 16 muertes por arma de fuego por cada cien mil habitantes en tanto que en Estados Unidos, únicamente se contabilizan tres.
Arriaga Carrasco consideró que fortalecer la regulación sobre la venta de armas en la unión americana tendría un impacto directo en México, pues 70% de armas ilegales que se aseguran en nuestro país son de procedencia estadounidense; sin embargo, se ha documentado la “desaparición” de más de tres mil armas pertenecientes a corporaciones policiacas mexicanas que también podrían estar en manos del crimen organizado.
La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que aunque existen diversos tratados comerciales entre nuestro país y Estados Unidos, se observa que no hay cooperación internacional cuando el origen de las armas que entran a nuestro país ilegalmente es su vecino del norte; además, señaló que este tráfico afecta los derechos humanos de todas las personas, rebasa fronteras y caracteriza a México como un país en guerra, cuando formalmente no lo está.
La perredista afirmó que los niveles de violencia e inseguridad que se registran en territorio mexicano están totalmente relacionados con el aumento en el tráfico ilegal de armas, lo que ha provocado una crisis y un descontrol en la entrada de armamento de alto calibre que se encuentra en manos de distintos grupos criminales.
