En la actualidad, más de 3,6 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso al agua potable: apenas el 64% de la población accede con conexiones en sus domicilios, mientras que el 54,9% de los hogares accede mediante redes públicas. Lima, por el peso poblacional, es una de las ciudades más vulnerables, con más de 635.000 personas que no cuentan con acceso a la red pública de agua potable.

Por: José de Echave (*) – Quincenario Nuevos líderes

La población que vive en Lima y Callao se abastece de un sistema hídrico que en realidad se ubica en Junín, en la provincia de Yauli, de manera más específica en el distrito de Marcapomacocha. Desde mediados de la década del siglo pasado, teniendo a la base estudios realizados por comisiones de expertos, se tomó la decisión de intervenir en este ecosistema altoandino, asignándole una función específica: garantizar el agua y la energía que necesita la población y el aparato productivo de Lima y Callao.

El denominado sistema Marcapomacocha es un complejo ensamble de lagunas alto andinas, represas, canales, bocatomas, embalses y, sobre todo, UN TÚNEL TRASANDINO que permite el trasvase de aguas de la parte alta de la cuenca del Mantaro a la del Rímac y que lleva el nombre de Cuevas-Milloc. Según Sedapal, en época de estiaje, algo más del 62% del agua que se consume en Lima y Callao proviene de este trasvase de aguas, lo que significa que dos de cada tres pobladores de la capital y del principal puerto del país, dependemos del túnel trasandino.

Si no tuviésemos el sistema Marcapomacocha, la población de Lima y Callao estaría expuesta a una dura realidad: la cuenca del Rímac, que abastece a más de 11 millones de personas, proporciona menos de 100 metros cúbicos de agua por persona por año. Según el Banco Mundial, este es el nivel más bajo de recursos hídricos por persona de todo el Perú y evidencia una escasez absoluta de agua.

Este sistema es tan importante que forma parte del inventario de los activos críticos nacionales (según Resolución 124-2020-DINI01). ¿Qué es un activo crítico nacional? Es aquella infraestructura, sistemas y recursos diversos que se consideran imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades del país (económicas, productivas, de seguridad nacional, etc.) y cuya afectación, perturbación o destrucción le generaría un grave perjuicio a la nación. Los activos críticos nacionales SON INTANGIBLES.

Pese a todos estos considerandos, en medio del sistema hídrico Marcapomacoha SE PRETENDE CONSTRUIR EL PROYECTO MINERO ARIANA, una operación de socavón, que desde un inicio provocó la alarma de Sedapal y de la empresa de energía ENEL. ¿A qué se debe la preocupación? Lo primero es que en el área de influencia directa del proyecto minero se ubican tres lagunas: Pucrococha, Huancash y Escaparate, que son fundamentales en el sistema de captación de agua para Lima. En segundo lugar, tres componentes altamente riesgosos, como la presa de relaves, el pozo de captación de subdrenaje de la relavera y la estación de bombeo de relave, se encuentran muy cerca del túnel Cuevas-Milloc: la presa de relaves pretende ubicarse a 500 metros lineales de la entrada del túnel.

Revisando toda la información del proyecto Ariana, resulta inverosímil que el Ministerio de Energía y Minas haya aprobado el Estudio de Impacto Ambiental, sin exigir un análisis mínimo de los posibles impactos en la cantidad y calidad del agua que se trasvasa por el túnel hacia el río Rímac, ni de la propia estabilidad de una infraestructura que tiene más de seis décadas operando. También llama poderosamente la atención que la Autoridad Nacional del Agua haya reconocido que NO TOMÓ EN CUENTA EL IMPACTO DEL PROYECTO en el sistema de represamiento y el trasvase Marcapomacocha.

El peso de los argumentos: inversión, agua y minería.

Los voceros de la empresa han esgrimido como uno de sus principales argumentos que los que estamos preocupados por los impactos del proyecto en el sistema hídrico en realidad abrazamos una suerte de ideología antiminera y antiinversión. Vamos por partes: en primer lugar, no hay nada más peligroso para la imagen de una minería seria que el pretender desarrollar un proyecto con las características mencionadas: el discurso empresarial de una minería responsable no calza con un proyecto como Ariana, en el Perú o en cualquier parte del mundo.

En segundo lugar, la mina Ariana representa una inversión de apenas US$140 millones de dólares de una cartera de inversión minera US$54.000 millones; es decir, representa el 0,26% de la inversión comprometida. ¿Tiene sentido exponer el sistema Marcapomacocha por un proyecto tan poco significativo?

Si queremos ver el tema por el lado de las inversiones, Sedapal tiene proyectos comprometidos superiores y de mayor impacto en la economía: según un expresidente de Sedapal, para garantizar el abastecimiento de agua hasta el 2040, se tienen que invertir 51.222 millones de soles (unos US$13.000 millones) y esa inversión es clave para que el aparato productivo de Lima y Callao funcione: la economía no se puede mover sin agua ni energía. Según el Banco Mundial, los choques hídricos y los insuficientes servicios de agua y saneamiento le cuestan al Perú entre 1,3% y 3,5% del PBI por año.

La interrupción de los servicios de agua afecta los procesos productivos y aumenta los costos de producción. Por ejemplo, como consecuencia de la sequía que se vivió el año 2022 y parte del 2023, el sistema eléctrico nacional, que depende de las centrales hidroeléctricas que aprovechan la energía cinética del agua, tuvo que recurrir al gas natural y al diésel, lo que provocó que los costos de la electricidad aumenten hasta en un 480%. La energía hidroeléctrica representa el 57% de la generación de electricidad en el país, y Lima es buen ejemplo.

Por lo tanto, cabe preguntar ¿dónde están realmente las posiciones antiinversión? Organismos internacionales anuncian que los choques hídricos en el Perú se van a exacerbar, provocando mayor estrés y escasez de agua, lo que a su vez tendrá efectos en los sectores productivos: dos quintas partes del PBI son sectores intensivos en el uso de agua: medido en puestos de trabajo, 2,4 millones de empleos dependen de estos sectores intensivos en agua (Banco Mundial).

El año 2019 se interpuso una demanda legal en el sexto juzgado constitucional que tiene como objeto cautelar un derecho constitucional que está siendo amenazado de manera inminente por este proyecto. Sedapal es litis consorte en este proceso; es decir, no es demandante, pero se ha sumado a la causa de los demandantes.

Hace unos días, el 21 de enero, se conoció la resolución: el voto dirimente del juez Romero Roca les ha dado la razón —en parte— a los demandantes, al confirmar que el proyecto significa una amenaza cierta e inminente de vulneración del derecho a acceder a agua potable. Sin embargo, aún persiste el desacuerdo sobre cómo se debe proceder frente a esta amenaza y no hay una definición sobre si procede una suspensión o anulación.

En todos estos años, los argumentos de los demandantes y de Sedapal han sido contundentes: lo menos que se puede afirmar es que el proyecto Ariana genera serias dudas, y si hay dudas, si hay indicios razonables, debería primar el principio precautorio del derecho al agua que está consagrado en la Constitución.