El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha su prometida campaña de deportaciones en masa el mismo día de su investidura. En los primeros días de su segundo mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha arrestado a más de 5.000 personas. Con un gran despliegue publicitario y cobertura mediática, se han realizado redadas en varias ciudades del país, entre ellas Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Filadelfia, Phoenix, San Diego, Denver, Atlanta, Austin, Seattle, Houston, San Antonio, Tallahassee, Miami y Newark. La cadena de noticias CNN informó que los agentes de inmigración recibieron la orden de estar “listos para la cámara”, mientras que Phil McGraw —el psicólogo sin licencia y presentador televisivo más conocido como “doctor Phil”— acompañó a los agentes del Servicio de Inmigración en un operativo realizado en Chicago. Por su parte, la nueva secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump, Kristi Noem, estuvo presente en un operativo que se llevó a cabo en Nueva York y transmitió en vivo el arresto a través de la red social X.
En medio de todo esto, el presidente Trump promulgó su primera legislación, la ley HR 29 o Ley Laken Riley, llamada así en honor a la estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en 2024 en el estado de Georgia por un inmigrante indocumentado que posteriormente fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. La ley permite al Departamento de Seguridad Nacional arrestar a extranjeros sin ciudadanía estadounidense que hayan sido acusados —no condenados, sino simplemente acusados— de delitos de robo no violento, como el hurto en tiendas u otro tipo de hurtos.
Trump también ha dicho que decenas de miles de inmigrantes arrestados serán encarcelados en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. Además de la tristemente célebre prisión estadounidense, donde aún permanecen unos 15 sospechosos de participar de los atentados del 11 de septiembre de 2001, muchos de los cuales nunca han sido formalmente acusados, la base también cuenta con un un área de detención para inmigrantes. En el auge de su funcionamiento, durante la década de 1990, alrededor de 30.000 personas, en su mayoría haitianas, fueron retenidas allí, sin cargos, en un campamento cercado con alambre de púas, donde las condiciones eran extremadamente precarias.
Pero la gente no se está quedando de brazos cruzados ante este ataque cada vez más intenso y militarizado contra las personas migrantes. Años de trabajo activista dedicados a organizar, concientizar y empoderar a las comunidades para resistir las políticas migratorias racistas están mostrando sus resultados. Durante una entrevista con CNN, el elegido por Trump para desempeñarse como su llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, expresó su preocupación por el alto nivel de organización de las comunidades inmigrantes.
“Las ‘ciudades santuario’ están dificultando mucho la detención de los criminales. Por ejemplo, las [personas inmigrantes] de Chicago están muy bien instruidas. Les han enseñado cómo desafiar al Servicio de Inmigración y cómo esconderse de él. He visto varios folletos distribuidos por organizaciones no gubernamentales que explican a estas personas cómo actuar para impedir que los agentes de inmigración las arresten. Llaman a estos folletos “Conoce tus derechos”. Yo los llamo “Cómo escapar del arresto”. Le dicen cómo esconderse del Servicio de Inmigración a una persona que tiene una orden de arresto en su contra: ‘No abras la puerta. No contestes preguntas’”.
Harold Solís es el director jurídico de una de esas organizaciones de las que Homan se quejó: Se Hace Camino Nueva York. Durante una entrevista que mantuvo esta semana con Democracy Now!, Solís explicó:
“No existe una única definición legal de lo que significa ser una jurisdicción santuario, pero, en esencia, muchas personas coinciden en que significa ser un lugar hospitalario, un lugar donde las autoridades locales no buscan causarles más daño a sus residentes”.
Por su parte, Fernando García, fundador y director ejecutivo de la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos, dijo a Democracy Now!: “Básicamente, les recordamos a las personas que la Constitución de Estados Unidos sigue existiendo y que, según la Cuarta Enmienda, solo deben permitir el ingreso a su propiedad, hogar o lugar de trabajo si hay una orden judicial o un permiso del propietario. O [les explicamos que] si los agentes los abordan y les hacen preguntas, tienen derecho a permanecer en silencio”.
Una de las primeras redadas ordenadas por Trump tuvo lugar en la ciudad de Newark, estado de Nueva Jersey. El Servicio de Inmigración no tenía una orden judicial. Paradójicamente, una de las primeras personas detenidas fue un veterano del Ejército de Estados Unidos puertorriqueño. Sí, un ciudadano estadounidense. En conversación con Democracy Now!, Amy Torres, directora ejecutiva de la organización Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, expresó:
“A menos que un agente del Servicio de Inmigración presente una orden judicial con el nombre de la persona escrito de forma clara y correcta, y firmada por un juez, esa persona no tiene la obligación de responder a sus preguntas. Por tanto, todo lo que hagan los agentes de inmigración sin una orden judicial responde a estrategias de manipulación y engaño. Utilizan el miedo y el pánico como armas para intimidar a las personas y obtener de ellas más información de la debida”.
En Chicago, el Servicio Secreto de Estados Unidos intentó ingresar a una escuela primaria, pero se le negó la entrada.
Mientras se llevan a cabo estas espectaculares redadas de inmigrantes en todo el país, los partidarios de Trump que fueron condenados por participar en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos fueron indultados por el presidente de Estados Unidos en su primer día en el cargo y ahora andan libres.
Dulce Guzmán es directora ejecutiva de la delegación en Chicago de la red de organizaciones Alianza Americas y beneficiaria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA. En conversación con Democracy Now!, dijo al respecto: “Si de verdad se estuviera velando por la seguridad pública y la legalidad, no se habrían otorgado los 1.500 indultos a quienes irrumpieron en el Capitolio y cometieron delitos violentos contra agentes de policía. Creo que esto es una estrategia mediática de gran envergadura que se está utilizando para promover lo que este Gobierno intenta imponer: una agenda basada en el supremacismo blanco”.
