El reciente conflicto diplomático entre Estados Unidos y Colombia volvió a poner sobre la mesa el posicionamiento del presidente colombiano, Gustavo Petro, acerca de los combustibles fósiles y de la necesidad de producir alimentos. A casi tres años de su gobierno, ¿cuáles fueron las políticas adoptadas y cuáles son los desafíos pendientes en materia socioambiental?
Por Silvia Oliviero Ghietto(*)
Gustavo Petro y Francia Márquez ganaron las elecciones de 2022 en Colombia y asumieron el primer gobierno de izquierda en su país después de 200 años. El estallido social de 2019, surgido de las resistencias sindicalistas, indígenas, campesinas y afrocolombianas, principalmente de las nuevas juventudes populares; quebró el sentido común hegemónico. Configuró una correlación de fuerzas simbólicas y políticas que hizo posible la conformación del Movimiento Pacto Histórico y posibilitó la elección de esta fórmula presidencial. Este fin de semana, tras la asunción de Donald Trump, Colombia fue blanco de amenazas que prometían subir aranceles a los productos de ese país exportados a Estados Unidos si Petro no aceptaba a las colombianas y colombianos deportados desde el norte en aviones militares.
Si bien el conflicto fue superado y no habrá suba de aranceles, luego de que Colombia aceptara recibir a las personas deportadas —exigiendo el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos e incluso poniendo a disposición el avión presidencial y no habrá suba de aranceles—, el presidente colombiano fue claro en su respuesta política, difundida en un comunicado a través de la red social X. En él expresó: «No me gusta su petróleo, Trump, va a acabar con la especie humana por la codicia». Y culminó: «Que nuestra gente siembre maíz que se descubrió en Colombia y alimente al mundo». Ambas líneas indican, además de la defensa de las economías del sur global, la política contra los combustibles fósiles y pro soberanía alimentaria que viene delineando desde que asumió la presidencia del país latinoamericano.
El posicionamiento de Petro no es una sorpresa. Entre los objetivos expresados por él en instancias internacionales, se menciona la aspiración de la transformación de una economía extractivista a una economía descarbonizada con justicia social, justicia ambiental y en paz con la Naturaleza. Sin embargo, esta experiencia no está exenta de desafíos y obstáculos a la hora de salir del ciclo de dependencia extractivista que condenó no solo al país sino a América Latina a ser proveedor de materias primas sin valor agregado.
Foto: Presidencia.gov.co
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, construido de manera participativa mediante “Diálogos Regionales Vinculantes”, tiene como elementos constitutivos el ordenamiento del territorio alrededor del agua. También incluye la transformación de las estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción intensiva en el uso del carbono; y la sostenibilidad, que tiene que estar acompañada por la equidad y la inclusión.
A principios de 2022, la FAO emitió un informe en el que señalaba a Colombia como un país con un nivel de alerta “alto” en relación con la seguridad alimentaria, en parte debido al conflicto armado interno que —aunque tuvo un principio de acuerdo en 2016— aún sigue expresándose. Otra causa es la profunda inequidad respecto a la propiedad de la tierra.
El gobierno de Petro y Márquez forma parte de la tradición de izquierda que disputa a las élites el mando sobre el Estado, desactivando siglos de racismo estructural y de despojo territorial de las comunidades. En ese camino, busca transformar las estructuras sociales y económicas en un país donde el 10 por ciento de la población concentra el 70 por ciento de la riqueza, según el trabajo “El patrón de acumulación en Colombia” de Edwin Martínez Casas.
A mitad de ese camino, ¿cuáles han sido los avances en materia socioambiental?
La política del cambio Petro: Justicia ambiental, justicia social y paz
Petro situó la Justicia Ambiental, la Justicia Social y la Paz como las bases de su política para lograr que “Colombia sea una Potencia Mundial de la Vida”. Tal fue su compromiso durante la campaña electoral.
En materia socioambiental propuso “enfrentar la deforestación descontrolada en la Amazonía, impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables, y liderar la lucha por la vida planetaria”. Además, enfatizó la necesidad de impulsar “el desarrollo de la economía popular y el campo colombiano, priorizando a la mujer campesina, las cuidadoras de la vida”.
Álvaro García Linera (ex vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019), quien fue criticado por algunos movimientos socioambientales por su posición en relación con modos de producción extractivistas en el pasado, fue justamente quien señaló que “el gobierno del presidente Petro es ahora el más radical de esta segunda ola progresista”. Destacó como “la decisión más audaz y avanzada a nivel global” el “consolidar la transición energética, prohibiendo cualquier nueva actividad exploratoria de petróleo, cuando su exportación junto al carbón representan el 50 por ciento de las exportaciones y las emisiones de CO2 (de Colombia) representan menos del 1 por ciento global”.
Foto: COP28
Ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York en 2022, Petro expresó: “Vengo de un país de belleza ensangrentada y de una Latinoamérica herida. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína, el carbón o el petróleo?”. Más adelante sostuvo que “la causa del desastre climático es el capital”.
También denunció como responsables en su país a la denominada “Guerra contra las Drogas”, que fue la política implementada desde Estados Unidos, encarcelando y desplazando al campesinado y rociando la selva con glifosato; a la oligarquía colombiana asociada a las mafias del narcotráfico, al paramilitarismo y a las corporaciones cooptando el Estado para hacer sus negocios. Apuntó a la multinacional “Carbones del Cerrejón Limited” de Glencore, que ha condenado a la muerte por desnutrición de niños y niñas de la comunidad Wayuu por despojarlos del agua. Y, además, a las generadoras eléctricas monopólicas del Pacifico colombiano que especulan con los precios de la energía en bolsa y elevan el costo de las tarifas que resultan impagables para las poblaciones vulnerables.
Descarbonización de la economía y democratización de la energía
En la COP 28 sobre Cambio Climático (Dubái, 2023), Petro puso de manifiesto su visión integral de la crisis climática y la descarbonización. Argumentó que “las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social”. Señaló: “Son los ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono; son los pobres quienes menos lo hacen” y explicó la enorme capacidad de destrucción democrática que está en la base de sostener el capital fósil. Agregó al respecto “el genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del Sur desatado por la crisis climática”.
En 2023, Colombia fue el primer país latinoamericano, productor de carbón (quinto a nivel mundial), y petróleo en apoyar la elaboración de un “Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles”, una iniciativa multilateral que complemente al Acuerdo de París en materia de transición energética.
Foto: Presidencia.gov.co
También en ese año, el país fue sede del Primer Encuentro Internacional de Energías Comunitarias. En ese marco, la coordinadora del Movimiento de Afectados por las Represas (MAR), Sonia Mara Marinho, observó que “el reto que tenemos es transformar la matriz energética con una transición justa, con control popular y atendiendo los derechos de las poblaciones afectadas por el modelo energético actual”.
Ya en 2024, en el contexto de un paro de mineros y durante la clausura de la Conferencia Interamericana de Ministras y Ministros del Trabajo de la OEA, Petro reiteró su negativa a firmar más contratos de exploración y explotación de petróleo y gas en el país. Además, para el Desarrollo Minero, el Gobierno impulsó una iniciativa denominada “Los Distritos para la Vida y la Paz” que construyen un espacio de diálogo y creación de alternativas productivas, de una vida digna y de territorios sustentables. Este proyecto se lleva a cabo en zonas con alta concentración de actividad minera.
Desde 2022 a la fecha, se alcanzó el 70 por ciento de generación de energías limpias (International Renewable Energy Agency, IREA) y se crearon 18.471 “Comunidades energéticas” y “Miichi Ka’i”, que significa Casa del Sol, en los territorios más vulnerados, según el Registro de Comunidades Energéticas, RCE. A través de esa política, usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos pueden constituir asociaciones para generar, comercializar o usar la energía a través de fuentes no convencionales de energías renovable, como paneles solares.
Hacia la reforma agraria
La mitad de las tierras colombianas son selvas: 44 millones de hectáreas. La mayor parte de la selva amazónica, entre 15 a 20 millones de hectáreas, son tierras fértiles. Pero solo la agricultura para alimentos ocupa 2,5 millones de hectáreas. El resto del campesinado ha sido desplazado violentamente por el conflicto armado a las montañas, a la selva y a zonas inundables. Los datos fueron expuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia, Potencia Mundial de la Vida.
En 1994, en Colombia se aprobó la Ley 160 de Reforma Agraria que no fue reglamentada sino hasta 2023. “La riqueza no está en tener la tierra, la riqueza está en hacer producir la tierra. Así Colombia será más rica, esa es la base de la paz”, dijo Petro al firmar la reglamentación. Y reiteró la propuesta de compra de tierras a los ganaderos y entrega de bienes en extinción de dominio para que esos predios sean empleados en la producción de alimentos.
Hasta el momento, según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se entregaron 300 mil hectáreas al campesinado, de los 3 millones que se pactaron en el Acuerdo de Paz de 2016. Además, se regularizaron 807.000 hectáreas, gracias a la titulación masiva de predios y se declararon las dos primeras zonas de reserva campesina entregando 74.000 hectáreas en las zonas de Meta y Cundinamarca (en el centro del país).
Foto: Presidencia.gov.co
En relación con las comunidades indígenas, el Decreto 1275/2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció las competencias ambientales en los territorios de las autoridades indígenas con el fin de garantizar la protección de los ecosistemas del país.
Si bien es un avance en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en materia ambiental, la aprobación de esta norma generó un intenso debate. Es posible que algunos sectores económicos y políticos opositores intenten derogarla, por lo que su éxito dependerá de la decisión política de su implementación real.
Durante el 2024 Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú y Cali fue Sede de la COP16 “Hacer la Paz con la Naturaleza” sobre Biodiversidad. Al evento asistieron 170 delegados y hubo una importante presencia de movimientos socioambientales, comunidades culturales diversas y científicas.
Petro y Márquez: de la lucha ambiental a la presidencia de Colombia
Es preciso poner en contexto la asunción de Petro y Márquez al mando de los destinos políticos de Colombia. El presidente es economista y especialista en Estudios de Desarrollo y Medioambiente de la Universidad Católica de Lovaina. A los 17 años empezó a militar en el Movimiento “19 de abril” (M-19), una guerrilla urbana partícipe del conflicto armado interno de Colombia. Su trayectoria en la política institucional comenzó en 1981, cuando fue elegido con la Alianza Nacional Popular (ANAPO), como personero y concejal de Zipaquirá (Cundinamarca, al norte de Bogotá). En octubre de 1985, fue capturado y torturado por el Ejército Nacional, y en febrero de 1987 fue liberado.
Entre 1990 y 1991, fue asesor de la Gobernación de Cundinamarca, y con el apoyo del partido político Alianza Democrática M-19 (AD M-19), llegó a la Cámara de Representantes en 1991. Tres años después, debió exiliarse a Bélgica tras recibir amenazas de muerte. Después de su retorno a Colombia, fue electo para la Cámara de Representantes (en 1998 y 2002), Senador (2006) y finalmente alcalde de Bogotá (2012).
En ese marco propuso políticas ambientales como la protección de los humedales capitalinos y la preservación del agua frente al calentamiento global. Pero su política más notoria fue en relación con la recolección de residuos: implementó un modelo mixto, sumando a los recicladores al trabajo formal.
Por supuestas irregularidades en esta iniciativa —que perjudicó a empresas privadas en el ámbito de la recolección de residuos— fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos en diciembre de 2013. En noviembre de 2017, el Consejo de Estado revocó la decisión a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se le restituyó el cargo. En 2022, fue electo presidente de Colombia.
Pero Petro no llegó solo. Su compañera de fórmula y actual vicepresidenta es Francia Márquez, afrocolombiana, abogada, líder social y activista ambiental. Nacida en 1981, en el seno de una familia humilde, es hija de la partera del pueblo y de un minero. Durante su adolescencia obtuvo su primer trabajo como minera del oro artesanal y más tarde fue empleada doméstica.
En 2009, participó de los reclamos para salvar al río Ovejas (en el oeste del país) de la contaminación que provocaba la minería de oro. En el marco de esa disputa, fue parte de la defensa de esos territorios, considerados ancestrales.
Cinco años después, encabezó la Marcha de los Turbantes, Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales, en oposición a la minería indiscriminada. Junto a más de cien mujeres caminaron cerca de 300 kilómetros hasta Bogotá para exigirle al entonces presidente Juan Manuel Santos que retirara títulos mineros concedidos tras una violenta incursión en el territorio ancestral.
En resumen, este posicionamiento político en la construcción de un modelo económico y político alternativo es una novedad audaz en el progresismo latinoamericano. La “Primavera Rosa”, que lideró la región a principios del siglo XXI, se vio impulsada por el alza de los precios de las materias primas basada en la extracción de bienes naturales como instrumento para el desarrollo económico, la distribución de la riqueza y la reducción de la pobreza. El gobierno de Petro y Márquez es una experiencia en desarrollo, con avances y retrocesos en materia socioambiental. Veremos al final del proceso si el pueblo decide consolidarla y darle continuidad.
(*) Magister en Química y Ambiente. Profesora «Ambiente, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica», CCC- Lic. Historia, UNDAV y Maestría en Ingeniería Ambiental UTN. Miembro Grupo Expertos de la Oficina de América Latina y el Caribe de la OMM.
