Con absoluta indignación y preocupación, nos dirigimos a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional para denunciar que el pasado 8 de diciembre de 2024 se produjo la desaparición forzada de cuatro adolescentes en el sur de Guayaquil – Ecuador, específicamente en el sector de Las Malvinas. Los adolescentes, de 11, 14 y 15 años, fueron detenidos y secuestrados presuntamente por miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) durante un operativo militar [1]. La desaparición fue reportada por sus familiares, quienes han señalado la extralimitación de la fuerza militar y la posterior vinculación de estos niños con grupos delictivos, lo que hace aún más grave esta violación de derechos humanos.
Este acto de violencia estatal, que involucra a las fuerzas armadas y de seguridad, constituye un claro atentado contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, quienes, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), deben ser objeto de especial protección y garantías. La intervención del Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, no puede ser una excusa para vulnerar estos derechos.
Este caso es solo uno de los múltiples ejemplos de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país. La decisión del Gobierno de Daniel Noboa de desplegar militares y policías en las calles bajo el pretexto de combatir el crimen organizado al amparo de un mal llamado “conflicto armado interno” ha permitido que las fuerzas de seguridad adopten prácticas sistemáticas de criminalización, tortura y desaparición forzada, basadas en el perfil racial y la estigmatización de jóvenes y adolescentes, especialmente de sectores empobrecidos y vulnerables. Esta política ha llevado a violaciones flagrantes de los derechos humanos, como lo sucedido en la ciudad de Ventanas, donde jóvenes fueron secuestrados, torturados y desaparecidos[2], y en el caso de Carlos Javier[3] quien fue asesinado por agentes de la Armada Nacional en Guayaquil, siendo tachado de terrorista.
En este contexto, resulta particularmente relevante destacar que, tal como alertó Human Rights Watch, el uso de la fuerza excesiva y el despliegue de militares y policías en las calles, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, ha intensificado las violaciones de derechos humanos en Ecuador [4]. El caso de los menores de edad desaparecidos en Guayaquil refleja cómo esta política está poniendo en peligro la vida y el bienestar de nuestra niñez y adolescencia, especialmente cuando se ha dado carta blanca a las fuerzas del orden para operar sin control y con total impunidad.
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- https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/menores-desaparecidos-militares-implicados-gruposdelictivos-guayaquil-taura-IY8504138
- https://alianzaddhh.org/exigimos-a-las-autoridades-estatales-actuar-de-acuerdo-con-los-estandaresinternacionales-relativos-a-la-desaparicion-forzada-en-el-caso-de-los-dos-jovenes-aprehendidos-el-26de-agosto-en-la-provincia/
- https://planv.com.ec/investigacion/investigacion-investigacion/disparos-la-armada-la-doble-muertecarlos-javier-vega//
- Human Rights Watch. (2024). Carta al Presidente Noboa sobre el conflicto armado interno y violaciones de derechos humanos. https://www.hrw.org/es/news/2024/05/22/carta-al-presidente-noboasobre-conflicto-armado-interno-y-violaciones-de-derechos
El Estado ecuatoriano debe asumir su responsabilidad frente a estos graves abusos, que violan las normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Por ello exigimos:
- Claridad inmediata sobre los hechos: El Presidente Daniel Noboa, la Ministra del Interior Mónica Palencia, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas así como el Comandante General del la Policía Victor Zárate y demás autoridades competentes deben aclarar, de manera urgente, las circunstancias que rodean la desaparición de los adolescentes y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
- Responsabilidad estatal ante la desaparición forzada: Instamos a la Fiscalía General del Estado a abrir una investigación inmediata e imparcial sobre las acciones de las fuerzas del orden, incluida la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el fin de identificar y sancionar a los responsables de esta grave violación.
- Fiscalización del Bloque de Seguridad: Hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que ejerza su facultad de fiscalizar y supervisar las actuaciones del Bloque de Seguridad, que está operando sin la debida transparencia, sin supervisión alguna, ni mecanismos de rendición de cuentas, lo cual ha resultado en la vulneración de derechos fundamentales de la población ecuatoriana.
- Protección integral a los niños, niñas y adolescentes: Es urgente que el Gobierno y las fuerzas de seguridad actúen conforme a los estándares nacionales e internacionales, garantizando la protección de la niñez y la adolescencia ante el abuso, la violencia y la desaparición forzada.
- Convocatoria a la comunidad internacional: Pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Comité de Derechos del Niño, que monitoreen y brinden apoyo a la investigación sobre la desaparición de los menores de edad, así como a las graves violaciones de derechos humanos en Ecuador.
El Estado ecuatoriano, tienen la responsabilidad irrecusable de garantizar la seguridad y el bienestar de todos los niños y niñas del país sin excepción alguna, nos negamos a permitir que no puedan distinguir entre quienes los cuidan y quienes los vulneran. Para ellos y ellas, la violencia institucional y el abuso de poder no son solo amenazas, sino realidades que marcan sus vidas de manera irreversible.
Hacemos un llamado contundente al Gobierno de Ecuador para que #DevuelvanALosNiños a sus familias sanos y salvos. Su desaparición forzada no solo constituye una grave violación de sus derechos, sino que también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de su protección.
Para unirte al pronunciamiento y exigir justicia por la desaparición forzada de los niños/adolescentes,firma aquí:
