Los actuales procesados por corrupción de las derechas
El “caso Audios”, que cumplió un año en noviembre luego de ser revelado por CIPER, aún permanece en la palestra pública, surgiendo nuevas aristas que evidencian los contactos e influencias que se ejercieron y las actuaciones delictivas de personeros del mundo político, empresarial y el abogado Luis Hermosilla, y que han derivado en suspensiones, sumarios, destituciones y causas penales con prisión preventiva. Al conocerse el contenido de su celular, como parte de la investigación, se develaron conversaciones, con diferentes figuras a quienes entregaba favores a cambio de información confidencial, que tienen en entredicho a empresarios, políticos, Poder Judicial, Servicio Electoral de Chile (SERVEL), Servicio de Impuestos Internos (SII), Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Fiscalía Nacional, Policía de Investigaciones de Chile (PDI), entre otros, y a una buena parte de quienes esta vez reciben el golpe: la derecha chilena.
Al revisar este caso y conocer a su principal protagonista, Luis Hermosilla, ex militante comunista en su juventud, y que públicamente pasa en 1999 al mundo UDI, apoyando la candidatura presidencial de Joaquín Lavín; es un abogado chileno y operador político, actualmente en prisión preventiva y procesado por delitos tributarios, sobornos, tráfico de influencias y lavado de activos; ampliamente conocido por su trabajo con altos personeros públicos, políticos y empresariales, de tendencia derechistas y vinculados principalmente a Unión Demócrata Independiente (UDI), se evidencia la “particular manera de hacer las cosas” de este sector ideológico.
Solo por mencionar algun@s de los hoy procesados, tenemos a Sergio Muñoz Yañez, el ex director de la PDI nombrado por Sebastián Piñera; Ariel Sauer, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, empresarios que apoyan candidaturas de derecha, Patricio Mejías y Renato Robles, ex funcionarios de SII y Tesorería General de la República (TGR) respectivamente, cercanos ideológicamente a partidos de derecha; el exfiscal Manuel Guerra, ex militante de Amarillos; la ex jueza Angela Vivanco, militante de Renovación Nacional (RN); el exfiscal de Aysén, Carlos Palma, vinculado políticamente a la UDI y, por último uno de los involucrados más reciente, Andrés Chadwick, militante y miembro fundador del partido Unión Demócrata Independiente, aunque también militó algunos años en Renovación Nacional (RN), exministro del Interior de su primo ex presidente Piñera, que declaró como imputado en la causa dada su relación con las empresas de los hermanos Sauer y a quien Hermosilla depositó $226 millones a su nombre entre 2020 y 2023.
Para Claudia Heiss, cientista política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, la sensación de abusos y colusión de las élites para proteger sus intereses generan desconfianza en la justicia y la transparencia por el rol “de comprador” que tiene el dinero en la política y las instituciones. Además, critica, al revisar el caso y los involucrados, la estrategia de la derecha de equiparar la corrupción en todas las élites, de derecha e izquierda, desconociendo que en la mayoría de los juicios y demandas judiciales por corrupción están involucradas figuras de derecha.
Pero la trama continúa y surgen más y más nombres, transformando este caso en una crisis institucional profunda, que no tiene ganadores, generando un aumento mayor de desacople entre sociedad e instituciones públicas y políticas.
Los procesados de La Moneda
Desde hace unos días el país y la prensa nacional e internacional está volcada a «los casos de procesados de la Moneda», la que vive difíciles momentos por las denuncias interpuesta en contra de Monsalve ex subsecretario del interior del actual gobierno, acusado por abusos sexual y violación a una subordinada.
Antes de que ésta detonara, ya la Moneda estaba enfrentando la causa que es protagonizada por Boric, el Presidente como denunciado, también por acoso por «eventual difusión de imágenes privadas». Luego de darse a conocer, por medio de un comunicado que es difundido por la presidencia, informa que es una denuncia en contra del mandatario en la fiscalía regional de Magallanes, presentada por una mujer mayor de edad, que cita bajo el artículo 494 del código penal, el día 6 de septiembre, mientras que el ejecutivo se entera tres días más tarde. La fiscalía entonces abre una nueva arista «investigación penal por eventual acceso ilegal o indebido a los antecedentes de la causa». La Fiscalía informa; «Gabriel Boric Font está como denunciado en la causa». Su abogado Jonatan Valenzuela es quien sale a declarar «El Presidente rechaza y desmiente categóricamente el contenido de esta denuncia». Camila Vallejo, ministra secretaria general de gobierno afirma: «Estamos enfrentando una denuncia sin sustento». La defensa dice «Jamás ocurrió” y ha garantizado que “la víctima es él», «el presidente es víctima de una situación de acoso sistemático» que se habría dado por correo electrónico.
¿Por qué el ministerio público abre una investigación por eventual acceso ilegal o indebido a la investigación de la causa? Cualquier persona puede acceder a las causas judiciales en Chile, siempre y cuando presente una demanda, denuncia o requerimiento, según el caso. Según Vallejo estos son los equipos de abogados presidenciales, que están trabajando siempre atendiendo a posibles denuncias, y «que esto se hace en todos los gobiernos». En Chile se pueden revisar causas propias y otras que no sean reservadas en la web del poder judicial, excepto para las causas de familia. (Causa reservada, es un proceso en el que se puede afectar la intimidad de una persona o poner en peligro la seguridad nacional).
Algunos han salido a decir que todo esto es aprovechamiento político; que se trataría de una estrategia para desviar a la opinión pública del caso Hermosilla, y su arista que involucra al ex ministro del interior y al ministro de vivienda del gobierno de Piñera, entre otros casos vigentes de corrupción de las derechas.
Manuel Monsalve por otro lado, suma así sus titulares: -Subsecretaría de Interior da a conocer los montos de gastos reservados entregados a la repartición mientras Monsalve estaba al mando. Luis Cordero (actual subsecretario de interior) dio a conocer los ingresos asignados al ítem de gastos reservados de la repartición cuando estaba al mando de Manuel Monsalve. El informe que contempla los montos desde 2022 a 2024 responde a la solicitud de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que se constituyó a raíz de la denuncia de violación en contra del otrora jefe de la policía civil. (La Tercera). / -Caso Manuel Monsalve: ex subsecretario del Interior de Chile queda en prisión preventiva tras denuncia de violación. (CNN en español) / Armendáriz explica “se trata de un delito de violación” donde la mujer estaba “incapacitada para oponerse”, producto de “la alta ingesta de alcohol”. -Video es clave para aclarar estado de consciencia de Monsalve: corrió por pasillo del hotel al regresar al piso donde estaba su asesora. (Ciper) / Las claves del ‘Caso Monsalve’, la denuncia por violación que golpea al Gobierno de Boric. (El País).
Finalmente, ¿dónde queda el gobierno feminista?. Hoy solo es slogan, nada hay de aquello prometido en campaña; queda esperar que dice y hace el poder judicial; quien también tiene tejado de vidrio, porque fueron alcanzados por esta ola del “caso Hermosilla» y sus redes de corrupción.
Las fechorías políticas de ambos bandos, consecuencias del empate
En este contexto de una política desprestigiada por sus comportamientos, vemos sus acuerdos en que suman los votos para concretar “legislación” que resguarda los intereses de la élite, perjudicando las necesidades de la población asalariada.
Impresentable es lo legislado a favor de las instituciones de salud privada (ISAPRES), condenadas por la corte suprema a devolver el dinero robado a sus afiliados (personas de clase media y alta) vía cobros impropios. La llamada ley corta, les otorga un plazo máximo de 13 años, sin intereses, para restituir lo robado, y se les permite elevar los cobros hasta un 40% en los próximos 3 años, lo que en la práctica será que las víctimas pondrán el dinero para que los victimarios paguen en cómodas cuotas.
Otro tanto están acordando con el sistema de ahorro forzoso para la jubilación de las y los asalariados, en donde el nuevo aporte de 6% irá mayoritariamente a reforzar al fracasado sistema de AFP (al que en el programa de gobierno decían eliminarían). Tales millonarios fondos son entregados a la banca y a la patronal para sus negocios mensualmente, mientras se mantendrá las “jubilaciones” en montos de miseria (85% de las pensiones pagadas por las AFP y las Compañías de Seguro son menores al Salario Mínimo; porcentaje que se reduce a 70% al incluir los subsidios estatales). Y finalmente, al agotarse el ahorro forzado, seguirán subsistiendo solamente de los escuálidos aportes directos desde el fisco. (pensión garantizada Universal, PGU).
Y en estos momentos también están acordando una ley antiterrorista, que reflota la postura pinochetista del enemigo interno, y que fuera reforzada por la guerra declarada por Piñera. El debate se da mientras se mantiene y expande la militarización de los territorios. Se busca un escenario en que los atropellos a los derechos humanos estén permitidos por ley, una democracia protegida, un control de la elite del poder de fuego, previniendo los posibles estallidos sociales a futuro, fruto del aumento de la brecha indigna entre ricos y pobres en el país. Todo esto se suma a las leyes ya promulgadas, la del gatillo fácil, la de criminalización de las tomas populares de terreno para dotarse de una precaria vivienda que los saque de vivir en la calle.
Las propuestas de una Gran Política como salida a la debacle de la institucionalidad chilena (extracto del libro “Economía Mixta: más allá del capitalismo” (2015) del humanista argentino Guillermo Sullings)
“Claro que muchas han sido las críticas que ha tenido la democracia tal cual se la conoce, a la que sus defensores califican de “un mal sistema, pero el menos malo de todos”; el arribismo político, el auge de las burocracias enquistadas en la cúpula del poder, manipulando la opinión pública para obtener los votos, y luego traicionar la voluntad popular, fueron rutina en el funcionamiento de muchas democracias. La primera mitad del siglo XX fue un mosaico de sistemas alternativos, en su mayoría de corte totalitario; desde la crítica a la democracia burguesa que se hacía desde el comunismo, hasta las críticas sobre la corrupción y la inoperancia deliberativa que le hicieron los movimientos fascistas.
En la segunda mitad del siglo XX, la oleada fascista llegó de mano de los gobiernos militares a Latinoamérica, y si bien en las dos últimas décadas se “reestableció la democracia”, se manipularon de tal modo los supuestamente independientes poderes legislativo y judicial, que en la práctica estas democracias resultaron de un neto corte autoritario y centralista. El apoyo popular de militares “democratizados”, quienes prefieren más hablar de gobierno republicano que de gobierno democrático, pareciera mostrar un retorno al paternalismo y el caudillismo de otros tiempos.
La crisis del sistema democrático, habida cuenta de la corrupción, la ineficacia y la falta de una verdadera representatividad de sus actos, hace que corramos el riesgo de que vuelva a existir consenso para gobiernos autoritarios; y la crisis del capitalismo global, que está generando explosiones sociales en todo el mundo, puede desembocar en un “matrimonio por conveniencia” entre los sectores autoritarios y un poder económico que necesita disciplinar a la sociedad para poder continuar con la salvaje explotación.
El Nuevo Humanismo plantea la crisis de la Democracia Formal, y propone en su lugar la Democracia Participativa. O sea, más poder a la gente. Una democracia donde los líderes sociales surjan de los barrios, de la gente común, y por lo tanto la representen en sus genuinos intereses; una democracia donde la gente participe no solamente con su voto en una elección periódica, sino que también tenga la posibilidad de impulsar plebiscitos y consultas populares vinculantes para avalar o rechazar medidas de gobierno, a nivel municipal, nacional y provincial; una democracia donde mediante una ley de responsabilidad política se pueda sacar de sus funciones a los políticos que no cumplen con sus promesas electorales; una democracia donde exista un foro comunal en el que la gente delibere sobre el rumbo a seguir en su comuna.”
En definitiva, el sistema actual no es perfectible, y será mejor que la ciudadanía lo acepte y se haga cargo colectivamente.
Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública
