La protección social no contributiva, que incluye programas de asistencia monetaria dirigidos a las familias en situación de vulnerabilidad, es un pilar fundamental para la reducción de desigualdades en América Latina y el Caribe. Este tipo de ayuda económica, que no requiere contribuciones previas de los beneficiarios, busca aliviar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas. Con el objetivo de evaluar su impacto en la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentón un informe exhaustivo que analiza la efectividad de estos programas en un contexto social y económico marcado por desafíos profundos.

El informe fue dado a conocer por José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, en una conferencia de prensa con formato híbrido, lo que permitirá una amplia participación tanto presencial como virtual. El estudio, que se encuentra dividido en cuatro capítulos, no solo evalúa el impacto de estos programas en la reducción de la pobreza, sino también la eficacia de los sistemas de protección social en general, especialmente ante los desafíos que enfrenta la región.

El primer capítulo del informe aborda los indicadores de pobreza y desigualdad en América Latina y el Caribe, analizando su evolución en un contexto reciente de crisis económica y social. A pesar de los avances alcanzados en décadas pasadas, la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo, con altos índices de pobreza y exclusión social. La crisis del desarrollo, exacerbada por factores como la pandemia de COVID-19, ha agudizado estas desigualdades, empujando a millones de personas nuevamente a situaciones de vulnerabilidad.

Este capítulo pone de manifiesto cómo los programas de protección social no contributiva han jugado un rol clave en mitigar los efectos de la crisis. A través de transferencias directas de dinero, estos programas han sido cruciales para mejorar el bienestar de los hogares más empobrecidos, permitiendo a las familias hacer frente a sus necesidades básicas, como la alimentación, la salud y la educación.

En el segundo capítulo, el informe se adentra en los retos y las oportunidades que enfrentan los sistemas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe. Si bien estos programas han demostrado ser eficaces en la reducción de la pobreza, también se enfrentan a varios obstáculos. Entre los principales desafíos se encuentran la falta de suficiencia de los recursos destinados a estos programas, su cobertura desigual, especialmente en áreas rurales y marginadas, y las dificultades para garantizar una gestión eficiente de los mismos.

Sin embargo, el informe también subraya varias oportunidades para mejorar estos sistemas. Una de las principales recomendaciones es avanzar hacia una mayor integración de los programas de protección social, de modo que no solo se entreguen transferencias económicas, sino que también se fortalezcan los servicios básicos como salud, educación y asistencia social. Además, se destaca la importancia de la innovación tecnológica y la modernización de las plataformas de entrega de los beneficios, para asegurar que lleguen de manera más efectiva a las personas que realmente los necesitan.

El tercer capítulo del informe se centra en los programas de cuidados en el contexto de un envejecimiento poblacional cada vez más pronunciado en la región. América Latina y el Caribe experimentan un fenómeno demográfico que traerá consigo un aumento significativo de personas mayores, lo que implica un reto adicional para los sistemas de protección social. Los programas de cuidados, que incluyen la atención a personas mayores y personas con discapacidades, son esenciales para garantizar que este grupo vulnerable reciba el apoyo necesario.

En este capítulo, el informe destaca que los sistemas de protección social deben adaptarse a esta nueva realidad demográfica. No solo es necesario aumentar la cobertura de pensiones y servicios de salud para los adultos mayores, sino también fomentar la creación de redes de apoyo que brinden cuidados a largo plazo en los hogares y en las comunidades, adaptados a las capacidades de cada país.

El cuarto capítulo del informe examina los vínculos entre la institucionalidad y el gasto social, aspectos clave para la efectividad de los programas de protección social no contributiva. La gestión adecuada de los recursos destinados a estas iniciativas es crucial para garantizar que los fondos lleguen a quienes más lo necesitan. La eficiencia en el gasto social y la transparencia en la ejecución de los programas son fundamentales para asegurar que la protección social se traduzca en mejoras reales en las condiciones de vida de la población vulnerable.

Además, el informe destaca que una institucionalidad robusta y confiable es esencial para la sostenibilidad de los sistemas de protección social a largo plazo. Los gobiernos deben fortalecer sus capacidades para gestionar estos programas de manera eficiente, evitando duplicidades, garantizando la transparencia y promoviendo la participación ciudadana en su diseño y ejecución.

Este informe adquiere una relevancia aún mayor al encontrarse en un momento crucial para la región: a tan solo seis años del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, cuya meta número uno es erradicar la pobreza extrema para 2030. La protección social no contributiva es una herramienta clave para avanzar en esta dirección, ya que puede garantizar que las poblaciones más vulnerables no queden atrás en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo inclusivo.

En este sentido, el informe de la CEPAL subraya la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de protección social en la región, con el fin de reducir las desigualdades y asegurar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vida digna y libre de pobreza. Los programas de ayuda monetaria, cuando son bien gestionados, no solo ayudan a mitigar la pobreza, sino que también son una inversión en la cohesión social y el bienestar general.

El estudio presentado por la CEPAL sobre la protección social no contributiva es un paso importante para comprender los efectos de estos programas en la reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe. Si bien la región enfrenta grandes desafíos, las oportunidades para mejorar los sistemas de protección social están al alcance de los gobiernos y de las instituciones internacionales. La clave será garantizar que estas iniciativas lleguen de manera efectiva a quienes más las necesitan, y que sean sostenibles en el tiempo, con el objetivo de cumplir con los ODS y reducir las desigualdades antes del 2030.