Falencias en la eficacia de las leyes
El año 2018, Patricia Cabello era mencionada por algunos medios comunicacionales, como la “protagonista” (fue acosada sexual y laboralmente por su jefe) del primer caso sancionado en Chile por la Ley de Acoso Sexual (Ley 20.005). Esta Ley fue promulgada después de 11 años de tramitación en el Congreso; pese a que cifras del SERNAM indicaban que el 20% de las mujeres trabajadoras en Chile habían sufrido acoso sexual.
Paradójicamente, fue anunciada el 8 de marzo del 2005 durante la celebración del Día Internacional de la Mujer. En su primer año de vigencia se recibieron 264 casos denunciados en la Dirección del Trabajo.
Ni la ley mencionada anteriormente ni otras relevantes como la Ley 20.821 (2015) que establece medidas para prevenir y sancionar el acoso sexual en el trabajo o la Ley 21.069 (2017) que regula el acoso sexual en la educación superior, sumadas a todas las normativas relevantes y pertinentes a estas leyes, así como tampoco las distintas leyes sobre violencia de género, pudieron evitar la existencia al alza de esta violencia sistémica permanente.
Para mayor desgracia, cuando estas violencias se dan conocer a través de la prensa y medios de comunicación, sobre todo en formato matinal, las editoriales lo abordan buscando el morbo para alcanzar mayor rating, indolentes frente a la experiencia traumática de un ser humano, saturando a una sociedad, que a los pocos días, semanas o meses olvida el dolor y la vergüenza colectivos. Casos similares se repiten como un triste déjà vu en todos los ámbitos de relaciones humanas en nuestra sociedad.

El caso Monsalve (renunciado subsecretario del Ministerio del interior)
El 29 de octubre, una semana y media antes de conocerse la noticia de la denuncia por abuso sexual y violación en contra de Manuel Monsalve, subsecretario del Interior del Gobierno del presidente Gabriel Boric, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres habría solicitado al gobierno intensificar los esfuerzos para sensibilizar a la opinión pública sobre el carácter delictivo de todas las formas de violencia de género, ante su recrudecimiento experimentado en nuestro país. Además, se criticó el bajo porcentaje de investigación, juicios y condenas en relación a denuncias existentes.
Solicitud muy atingente, dado que, en un mismo mes, se develó no sólo el caso del subsecretario, sino también el caso de la diputada Marcela Riquelme, involucrada en un caso de denuncia por presunto abuso sexual hacia una colaboradora y militante del partido Frente Amplio; también el caso del exfutbolista Jorge “Mago” Valdivia que quedó inicialmente en prisión preventiva y luego en apelación de la cautelar consiguió arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima; además de los casos de los recién electos alcaldes de la comuna de Victoria, Javier Jaramillo, quien podría ir a la cárcel, formalizado por violación y abuso sexual agravado en contra de dos funcionarias municipales, entre 2016 y 2019; además del caso de Miguel Rivera , alcalde reelecto de la comuna de Hualpén, denunciado por abuso sexual por una funcionaria municipal en mayo pasado, respecto a hechos ocurrido entre 2021 y 2022, cuando aún no asumía la alcaldía.
El caso Monsalve tiene un precedente en las esferas gubernamentales. El 26 de mayo del 2023, tras conocerse una denuncia de acoso sexual en su contra, fue desvinculado quien era sindicado como el personero “bisagra” del Gobierno con la oposición, en el debate de la reforma de pensiones, nos referimos a el Subsecretario de Previsión Social de la época, Christian Larraín.

La cultura social del abuso y la violación
Frases como “las mujeres dicen no cuando quieren decir si”, “para qué se comporta así, si con los hombres ya se sabe”, “si te trata mal es porque le gustas”, “fue un crimen pasional”, “ella no es para pololear” y la más aterradora y machista “se lo buscó por andar vestida así”, todas ellas reflejo de entornos sociales que permiten que la violencia sexual siga existiendo basándose en las desigualdades de género y nocivas actitudes sobre el género y la sexualidad. La cultura del abuso sexual y violación se refiere a un entorno social y cultural que tolera, permite e incluso fomenta el abuso sexual y la violación y donde se normalizan y aceptan comportamientos abusivos de un ser humano sobre otro.
Así se perpetúan estereotipos de género y prejuicios que justifican el abuso y la violencia, y, por consiguiente, la desigualdad y discriminación de género. Los abusos son ignorados, ocultados o minimizados y sus ejecutores no enfrentan consecuencias por sus actos. Peor aún, las víctimas se transforman increíblemente durante los procesos en culpables, siendo estigmatizadas en un relato social machista que tergiversa esta violencia, en una historia “de pobres hombres, víctimas de una terrible generalización”, haciendo que estás vivencias traumáticas se vuelvan, una y otra vez, invisibles, abandonándose malintencionadamente el foco de atención en la raíz del problema.

Perfil y comportamiento de victimarios
Al examinar comportamientos aceptados, nos encontramos con diferentes manifestaciones que permiten que siga existiendo la cultura de la violación. Comportamientos como el acoso callejero, la violencia y abuso en contextos sociales, como en relaciones íntimas y parentales, la difusión de contenido sexual sin consentimiento de una de las partes, el ciber acoso, la violación grupal, el acoso laboral y escolar, etc., todas ellas van dejando como “herencia” en diferentes generaciones, profundos daños y traumas en miles de víctimas, afectando su salud física y psicológica, impidiendo que tengan un buen vivir y desarrollarse plenamente.
Darle la real dimensión que tienen estos hechos y erradicarlos de la historia humana, pasa por entender que vivimos en un mundo social culturalmente violento, y que quien comete estos actos delictuales, no es un monstruo que aparece de las cavernas en medio de la noche, sino personas que están conviviendo cotidianamente con sus posibles víctimas en distintos ámbitos de la vida diaria; victimarios educados en una sociedad que normaliza la cultura del abuso sexual y violación. Este sujeto o sujeta es parte de una sociedad, nuestra sociedad, dónde se aceptan como normal estos comportamientos violentos, a los que diariamente mujeres y disidencias se ven expuestas. Tales conductas definitivamente no son “situaciones aisladas”, o actos de personas con algún tipo de “enfermedad mental” o “trastorno de personalidad”, sino de un problema sistémico arraigado en un conjunto de creencias sociales, abuso de poder y control patriarcal, que se expresan a través de nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar en las relaciones con otras, otres y otros.

La necesidad de un cambio simultáneo, tanto personal como social
A nivel personal, resulta imprescindible dotarse de espacios para el estudio y la reflexión de la propia situación personal. En estos en un primer paso, se pueden descubrir creencias, emplazamientos, emociones, comportamientos relacionados con nuestra violencia personal, cuyo indicador es nuestro sufrimiento, y como no vivimos solos, también el de nuestros entornos más cercanos, el de nuestra gente querida. En un segundo paso, se puede descubrir la necesidad de buscar la coherencia, entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, y como dijimos, ya que no vivimos solos, dar con la necesidad de tratar a los demás como quiero ser tratado. Tales descubrimientos permiten fijar a nivel personal una dirección, que, aunque resulte difícil concretarla a cabalidad, resulta útil como referencia para la vida, sobre todo si periódicamente se profundiza en ella.
A nivel social, se requiere trabajar y promover la amplia y eficaz difusión en nuestra sociedad de la ley y de las políticas de prevención de este flagelo, presionando a su vez por la resolución oportuna de casos denunciados, exigiendo la agilización al máximo de los procesos de investigación judicial, evitando de este modo consecuencias de revictimización.
Promover y exigir la existencia de un Estado presente, comprometido con eficacia, en las políticas y medidas de protección de los grupos más vulnerados, víctimas frecuentes de este flagelo, disponiendo la aprobación de presupuestos que le den viabilidad al conjunto de necesidades para desescalar estos delitos, entendiendo que la tarea que se requiere abordar, es un cambio cultural en la sociedad de nuestro país.

Exigir que el sistema judicial evite tajantemente exponer a la vergüenza, la soledad y/o exposición de las víctimas denunciantes frente a terceras personas. Comprometer el cuidado en sus actuaciones para jamás beneficiar a los agresores.
Es una necesidad para nuestra sociedad como salida a la inhumana situación actual, un cambio profundo en cómo ejecutamos las políticas públicas y leyes existentes, para prevenir y sancionar el abuso. Estas leyes promueven la igualdad de género, concientizan sobre la violencia y fomentan espacios seguros para víctimas denunciantes, colocando el eje de la dirección mental en la construcción de una nueva sociedad, donde los derechos de todas las personas se protejan y existan relaciones interpersonales desprovistas de inequidad y de violencia.
Pero tales leyes superarán su condición de letra muerta, solamente si incorporan la educación sexual integral, no puntualmente, sino presente a lo largo de la vida.
Nuestro futuro es la construcción de una sociedad basada en el respeto y empatía hacia otras, otres y otros, donde no haya cabida a ningún tipo de violencia.

 

Redacción colaborativa de M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública