Fundamentos y objetivos necesarios de la democracia y su sistema político
Lo que define a un sistema democrático, son sus procedimientos de ordenación del poder de autoridad para el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control, a través de actos de derecho público correspondientes a la función administrativa, legislativa y jurisdiccional, respectivamente.
La delegación de poder soberano del pueblo, en un sistema de Democracia formal, refiere a las formas de gobierno en que puede ejercerse el poder político del y para el pueblo. Un Estado eficaz es esencial para la vida política, económica y social de un país. La gobernanza requiere de la participación del pueblo en la acción gubernativa por medio del sufragio periódico y del control sobre lo actuado por el Estado. Lo relevante es fomentar el pluralismo político, ideológico, social, cultural y valórico.
La selección de quienes ejercen gobierno, se da en una competencia político-electoral, de ideologías, programas de políticas públicas, posiciones políticas, candidatos comparables y debatibles; y apoyos de equipos humanos, financieros e informáticos para identificar, persuadir y alcanzar el triunfo. Para ello es imprescindible que se den elecciones auténticas, libres, periódicas, justas, limpias e informadas. Con leyes electorales sólidas, y donde las comisiones, los procesos y los mecanismos electorales son fuertes; permitiendo que se respete el principio de mayoría, por número de votos ciudadanos emitidos.
Las falencias del actual sistema político chileno
La democracia como sistema político en Chile, como en la mayoría de los países de Latinoamérica y el mundo occidental, está en una crisis profunda por la pérdida de su legitimidad ética debido al aumento extremo de la desigualdad social que impide la participación de amplios sectores vulnerados cuyos derechos políticos y sus libertades civiles se ven afectados.
A pesar de ser evidente la necesidad de modernizar estructuras no acordes a los tiempos, la falta de voluntad política nos deja actualmente en un escenario con instituciones ineficaces para canalizar las urgentes demandas de una población cansada del sistema, con administraciones estatales incapaces de implementar políticas públicas efectivas, transparentes y no clientelares. Un crecimiento económico bajo o estancado que aumenta los niveles de pobreza agudizando los desequilibrios sociales.
Las gobernanzas conocidas hasta ahora en el país, tergiversan lo democrático en pos de instalar gobiernos de corte autoritarios y personalistas, con poderes legislativos y judiciales sin la autonomía para controlar al gobierno y un entorno político nacional e internacional sustentado por partidos con señales claras de falta de probidad, nulo contacto con la ciudadanía y sin el necesario perfeccionamiento que se ajuste a un mundo cambiante. El resultado final es la ausencia de espacios para ejercer la libertad de expresión, discusión de ideas y acuerdos para el bien común y un terreno que es caldo de cultivo para la corrupción política y empresarial sin límites, hoy desatada y pública.
Este diseño político es dado por una dictadura cívico militar con el objetivo de lograr la absoluta despolitización ciudadana, utilizando para tales efectos el terror, la desarticulación del sistema educacional y una constitución, que, a pesar de las reformas realizadas, sigue siendo antidemocrática.
La Ley de Partidos Políticos (ley 18.603), que fija el modelo político chileno, ha tenido varias reformas desde su puesta en vigencia ( año 1991, bajo el nombre de Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos), pero hay dos que merecen especial atención: el artículo 50, de esta ley, que establece el umbral mínimo de votación que los partidos políticos deben tener para mantener su personalidad jurídica y evitar su disolución y la nueva normativa en materia de financiamiento electoral y aportes a las actividades propias de los partidos políticos (ley 20900).
La aplicación del artículo 50 ha tenido como efecto que casi la mitad de los partidos constituidos pierdan su legalidad, dejando fuera del parlamento a diversas ideologías que representaban a un segmento de la ciudadanía (algunos con un importante número de diputaciones, alcaldías y concejalías electas). Esta ley es discriminatoria, antidemocrática y atenta contra la libertad del derecho político, porque no permite la convivencia de diversas ideologías, la representación real de los segmentos propios de un conjunto y la libertad de ejercer derecho político de cada habitante de nuestro país, derivando en la instalación de un modelo bipartidista o duopolio para las decisiones políticas (concentración del poder en pocos partidos) que olvidan sus promesas electorales y se dedican a consolidar acuerdos que beneficien a la casta gobernante y económica para mantener sus privilegios.
En relación a la ley 20900 ésta no establece límites claros y efectivos para el financiamiento de los partidos políticos generando desigualdades y facilitando actos de corrupción principalmente en lo relativo a rendición de cuentas. Esta desigualdad se produce principalmente porque aquellos partidos políticos con mayor influencia y recursos económicos tienen más capacidad para recaudar fondos (nacionales e internacionales de particulares que son palos blancos de grupos económicos y empresariales).
Un ejemplo claro de esta nefasta alianza es el caso Penta, uno de los casos de corrupción más grande del país, que involucró a varios políticos y funcionarios públicos de alto nivel y que se devela el año 2014 cuando la Fiscalía Nacional Económica de Chile inició una investigación por presuntos delitos de evasión de impuestos y lavado de dinero, ésta develó que esta empresa realizó pagos ilegales a diversos políticos y funcionarios públicos para que influyeran en decisiones políticas y así obtener beneficios económicos.
En este triste espectáculo que nos ofrecen quienes “hacen política”, la acción y mística inherente a ésta actividad termina quebrantada. Numerosos ejemplos de inconsistencia e incoherencia ideológica, que sólo persiguen poder individual, terminan por degradar el sistema político y deja en evidencia la cada vez más profunda crisis de relación entre la ciudadanía y el poder (democracia representativa) caracterizada por el desprecio, la exclusión y el sometimiento de las mayorías por una minoría que se opone a modificar positivamente las condiciones inhumanas en que viven las y los asalariados, cesantes, jubilados, niñas, niños y adolescentes de Chile.
Los cambios imprescindibles para tener una democracia real
En el contexto descrito del actual debilitado estado del sistema en Chile hoy en revisión por propuesta de gobierno; resulta imprescindible abordar la generación de una salida, y esta es una Democracia real o participativa. Tal aspiración, busca que se atiendan todas las necesidades básicas y derechos de todas las personas. La base de la democracia radica en la existencia de una sociedad civil fuerte y bien ramificada que limita al Estado y controla su funcionamiento. El ejercicio de la democracia real comienza en la base social y es a partir de allí desde donde debe emanar el poder del pueblo. Se deben superar las numerosas áreas de la sociedad en las que la participación en la toma de decisiones está restringida, cooptada por una elite sin que exista un sistema de contrapeso necesario como efectivizar la iniciativa legislativa popular y plebiscitaria, participación popular en la gestión de los servicios públicos, de abajo hacia arriba, tomando decisiones sobre la asignación del presupuesto público de inversión y el diseño de políticas públicas; partidos legales con potestad y responsabilidad de los cargos electos; si estos deciden renunciar o cambiarse de partido, queden fuera de sus cargos, y sea el partido que los postuló el que los reemplace (control legal contra tránsfugas).
El futuro que nos orienta es una nueva etapa en la que se deberá desarrollar un nuevo orden tributario internacional al servicio de la justicia social que tenga una ética recaudatoria y que considere: el derecho de las personas a ser escuchadas y a una renta básica universal incondicional; la financiación del desarrollo de servicios sociales básicos y universales; el desarrollo regenerativo de los recursos naturales; la prohibición y regulación de malas prácticas empresariales; la democratización del poder judicial; la verdadera reducción de la jornada laboral, etc. La democracia, si es real, debe alcanzar profundamente a la economía y a la justicia. Hay que actuar contra la desigualdad, hay que poner freno a la extrema concentración de la riqueza y del poder del capitalismo, hay que eliminar privilegios para garantizar en los hechos los derechos ciudadanos escritos formalmente.
En tal contexto, se requiere destacar el protagonismo social anónimo, donde millones de personas contribuyen diariamente en la construcción de un país más justo, solidario y democrático. La base social va precisando en su seno, una DIRECCIÓN de democracia real y participativa, de promoción de la horizontalidad, de respeto y valoración de las diferencias convergentes, un estilo de relación que entiende, valora y promueve lo colectivo, la inteligencia conjunta y el sentido profundo de la soberanía popular; abriendo opciones de futuro, haciendo pie en los mejores atributos de la gente sencilla, de su diversidad, de su valentía, de su fuerza, de su solidaridad, de su sabiduría, de su
alegría, de su repudio por la violencia y su valoración de la paz. El cambio sólo será posible con el protagonismo de la gente.
Simultáneamente, promover la generación de nuevos medios y canales de comunicación, aprovechando la virtualidad y las facilidades que dan las nuevas tecnologías, para relevar todo intento en tal dirección. Se requiere que la ley promueva que la publicidad del empresariado y la estatal financien las editoriales de todas las corrientes de pensamiento de la sociedad sin discriminación promoviendo la pluralidad en las redes, revistas, periódicos, tv y radios.
A nivel parlamentario, es imprescindible dotar de atribuciones para legislar en temáticas de políticas públicas que involucren financiamiento estatal, y simultáneamente, homologar sus sueldos y dietas evitando que se alejen de la realidad salarial cotidiana de la ciudadanía que les mandata. Sus propuestas electorales deben ser ciertas, y los partidos deben tener legalmente atribuciones y responsabilidad sobre sus actuaciones, en el marco de una ley de responsabilidad política que permita incluso la destitución cuando él o la parlamentaria contradiga en sus actuaciones legislativas lo expuesto ante los y las votantes para ser electa(o), desalentando los proyectos personalistas y
pragmáticos.
Por otra parte, resulta fundamental valorar la elección de cargos de poder local en la evaluación de la performance de una tienda política, permitiendo la expresión y actividad municipal y regional de la diversidad ideológica, reflejando en la práctica la real representatividad de la totalidad de la sociedad reforzando la libertad de derecho político. La soberanía debe radicar en el pueblo y es el pueblo el garante de la institucionalidad. Las aspiraciones de una sociedad -su cultura futura- deben ser reflejadas en el modelo que elija la participación directa de la gente. Esa es la construcción cultural por excelencia y es lo que debería consagrar una auténtica Constitución Nacional. Los dos fracasos recientes para establecer esta ley magna, marco referencial para todas las leyes que den forma a los nuevos contenidos, muestra a las claras que necesariamente debe ser una construcción realmente colectiva y participativa, mediante una Asamblea Constituyente Soberana.
Redacción colaborativa: M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; César Anguita Sanhueza y Leticia García Farías. Comisión de Opinión Pública
