En abril pasado, cientos de miembros de las 47 comunidades garífunas de Honduras se movilizaron hacia la capital y se instalaron en los alrededores del Congreso Nacional. Exigían el cumplimiento inmediato de las sentencias de la Corte IDH a favor de las comunidades garífunas, así como un alto a la violencia contra ese pueblo originario.
A la fecha, Honduras cuenta con tres sentencias condenatorias dictadas por el tribunal internacional, producto de las vulneraciones a los derechos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan.
Un largo camino
En 2015 los jueces internacionales ordenaron al Estado de Honduras demarcar las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad colectiva a las comunidades, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Además, instaron a restituir el territorio comunal usurpado, llevando a cabo procedimientos de expropiación y reubicación de los ocupantes ilegales.
En el caso específico de la comunidad de San Juan, cuya sentencia remonta al año pasado, la Corte IDH ordenó diversas medidas de reparación, entre otras, el otorgamiento de una propiedad colectiva de tierra alternas y la demolición del complejo turístico Honduras Shores Plantation.
Mientras no se hayan demarcado y titulado las tierras a favor de las comunidades garífunas, sentenciaron los jueces, el Estado debe abstenerse de cometer actos hostiles contra los pobladores. Asimismo, debe preservar su seguridad ante posibles agresiones de terceros.
Buena parte de estas tierras fueron usurpadas por empresarios y grupos de poder para desarrollar proyectos turísticos, expandir el cultivo de palma africana y para la construcción de viviendas privadas o con fines turísticos.
Durante 9 años, los gobiernos continuadores del golpe de Estado cívico-militar (2009) hicieron caso omiso a las sentencias y hasta llegaron a desconocer el estatus de pueblo originario de los garifunas.
Una comisión de alto nivel
Con la creación, en marzo de este año, de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), a través de un decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial (PCM 03-2024), Honduras sentó un hecho histórico.
Dicha Comisión es el máximo órgano encargado de coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de las sentencias que beneficiaron a las comunidades garífunas.
La juramentación de sus integrantes y su formal instalación se llevó a cabo en los bajos del Congreso Nacional en Tegucigalpa, donde acampaban los miembros de las comunidades garífunas.
Durante el acto, el canciller Eduardo Enrique Reina, en representación de la presidenta Xiomara Castro, aseguró que la voluntad del gobierno es dar cumplimiento a dichas sentencias «que vienen a resarcir el daño que históricamente se ha provocado a los pueblos garífunas y originarios».
«Pueblos», continuó Reina, «que han sido víctimas de exclusión, discriminación y despojo arbitrario de sus territorios ancestrales».
Más de dos décadas después del inicio de esta lucha y casi una década después de las sentencias internacionales, las autoridades hondureñas están dando el histórico paso.
Cumpliendo al pueblo
«Este acto no tiene precedentes y permitió encontrarnos junto al pueblo garífuna, unidos en un solo esfuerzo para el cumplimiento de las sentencias internacionales (…) Son los primeros resultados de la CIANCSI, creada por voluntad política de la presidenta Castro», señala una nota de la Procuraduría General de la República.
Rony Castillo, representante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) recordó que la comunidad de Punta Piedra luchó durante más de 20 años por la restitución de sus tierras ancestrales.
«Hoy es un día histórico, importante, no sólo para el pueblo garífuna, sino para los pueblos indígenas y negros del mundo», explicó.
Durante todo el día, la delegación de funcionarios estatales, encabezada por el canciller Reina y el procurador general Díaz Galeas, recorrieron el territorio de la comunidad de Punta Piedra para dar inicio al proceso de cumplimiento de la sentencia.
«Eso quiere decir saneamiento, restitución y recuperación de los territorios por los cuales, como Ofraneh y comunidades garífunas, hemos venido luchando durante años», apuntó Castillo.
«Es el punto de partida de un esfuerzo que deberá concretar, en el plano de lo material, la voluntad política de la presidenta Castro, dando así cumplimiento a nuestras obligaciones internacionales.
Solamente así se les hará justicia a estas comunidades vulneradas, cuya historia es parte central de la historia hondureña, y cuya vida y cosmovisión enriquecen la Honduras multiétnica y multicultural que queremos», concluyó el procurador Díaz Galeas.
