A raíz del escándalo generado tras conocerse que la exministra de Educación de Piñera, Marcela Cubillos, recibió 17 millones de pesos brutos mensuales de sueldo como académica de la Universidad San Sebastián (USS), el diputado Tomás Hirsch (AH), junto a Ana María Gazmuri (AH), Daniela Serrano (PC), Alejandra Placencia (PC), Emilia Schneider (FA) y Juan Santana (PS), presentaron un proyecto de ley que obliga a las universidades e institutos privados que reciban fondos provenientes del Estado, a publicar vía transparencia activa el uso y gestión de dichos dineros.
La iniciativa consta de un artículo único que fortalece al Consejo Para la Transparencia (CPLT) mediante la modificación de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, incluyendo la obligatoriedad de instituciones privadas a que reciban fondos estatales a publicar información como organigrama de la universidad, cuadro de ingresos y gastos, sueldos brutos del directorio, decanos, jefes de carrera, académicos e investigadores, entre otras disposiciones.
Además, la moción establece que el Consejo Para la Transparencia deberá sancionar en caso de que esta obligatoriedad no se cumpla. En caso de ser primera vez podrá amonestar. Si la infracción es reiterativa, deberá aplicar multas que podrán llegar al 10% de los fondos públicos recibidos por la institución, y al 20% en caso de reincidencia, siendo todo ello a beneficio fiscal.
El diputado Tomás Hirsch (AH), autor del proyecto de ley, consideró que “no porque una universidad sea privada va a significar que sea una caja pagadora de personas que nunca en su vida han pisado un aula, hecho un paper y mucho menos con esas cantidades obscenas de dinero. Es abusivo que la señora Cubillos se beneficie de familias y estudiantes que con esfuerzo pagan a una institución para poder educarse y aportar al país. Si lucra así con los recursos de una universidad, no quiero ni imaginar que haría en un municipio. Esperamos que, además de que avance este proyecto, el ministerio público investigue y llegue a las máximas sanciones por este bochornoso asalto a la educación chilena, más encima proveniente nada más y nada menos de quién ostentó el cargo de ministra de educación”.
Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (AH) comentó que “esa misma universidad hoy está en el ojo del huracán después que se conocieran los 17 millones al mes que recibía Marcela Cubillos, por impartir 22 horas de clases a la semana. Hoy también sabemos que en esa casa de estudios destacan nombres como Felipe Ward, Andrés Chadwick, ex jefe de la junta directiva, Sebastián Sichel, Roberto Ampuero, Enrique Paris , María Teresa Valenzuela y Arturo Zúñiga, entre otros personajes ligados al corazón del Piñerismo”.
A su vez, la diputada comunista Daniela Serrano, integrante de la comisión de Educación, aseguró que “el caso de la Universidad San Sebastián dejó en evidencia que es fundamental mejorar la fiscalización del uso de recursos públicos, en este caso en las universidades privadas, y a eso apunta este proyecto. Por años luchamos contra el lucro en la educación y no podemos permitir que los dineros que están destinados a los y las estudiantes pudiesen terminar llenando una caja pagadora o financiando campañas. Al lucro hay que cerrarle la puerta”.
Finalmente, el diputado socialista Juan Santana expresó que “los 17 millones de Marcela Cubillos destaparon una nómina de sueldos secreta. Sí, una nómina secreta pagada con fondos universitarios y que posiblemente financiaba aspiraciones políticas. Y esos recursos, que se dejaron de destinar a la educación, no salen de cualquier parte: lo pagan estudiantes endeudados, lo paga el Estado a través del CAE o becas, lo pagan los docentes que reciben bajas remuneraciones. La falta de escrúpulos y vergüenza hace necesario una regulación más severa: si una institución recibe fondos públicos, debe transparentar el sueldo y la justificación de las remuneraciones que paga. La plata de la educación debe ser destinada a educación.
