El día de ayer, 11 de setiembre, murió el expresidente Alberto Fujimori, víctima del cáncer de lengua que padecía en los últimos años. Las manifestaciones están divididas, por un lado, los deudos y seguidores políticos lamentan su partida; y por el otro, hay quienes le reclaman el nefasto legado que deja el ex mandatario.

Alberto Fujimori se va libre (gracias a un cuestionado indulto) en medio de la campaña preliminar para las próximas elecciones presidenciales y por la que, en el mes de julio pasado, se anunciara su afiliación a la organización política Fuerza Popular, que lidera su hija Keiko Fujimori; este partido forma parte del Congreso de la República que viene emitiendo leyes perjudiciales para el país.

Además, en agosto pasado, el Congreso aprobó una pensión vitalicia para el exdictador ascendente a 15,600 soles (4,216 dólares) por su periodo de gobierno entre 1990-2000; pese a que este renunció por fax desde Japón, en medio de denuncias por delitos de corrupción generalizada y por delitos de lesa humanidad. Además, debe al Estado peruano una deuda de 57 millones de soles.

Nefasto legado

El expresidente de 86 años de edad, presenta cinco condenas y varios procesos judiciales que no respondió a la justicia.

Fue condenado por delitos como usurpación de funciones (2007), crímenes de lesa humanidad (2009) en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (25 asesinatos a manos de grupos paramilitares) y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. Asimismo, por delitos de peculado y falsedad ideológica (por el pago de 15 millones de dólares a su asesor Vladimiro Montesinos), por espionaje telefónico, comprar medios de comunicación y desvío de 122 millones de soles para la compra de medios masivos.

Entre los casos pendientes se cuentan: el caso Pativilca (asesinato de seis comuneros a manos del grupo paramilitar Colina), caso Esterilizaciones forzadas (delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte), caso Chavimochic (por la entrega de 800 mil dólares de fondos). Asimismo, por la venta de armas a las FARC (presunto delito contra la seguridad y tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir).

Ley de la Impunidad

En agosto pasado, el Congreso de la República promulgó la Ley 32107 que establecía la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos por terroristas y militares durante el conflicto armado interno (antes del 1 de julio de 2002); esta ley es conocida como la “Ley de la Impunidad” y genera impunidad en los casos de lesa humanidad del periodo de violencia; además, actualmente, muchos condenados están pidiendo su inclusión.

Asimismo, el actual Congreso también promulgó la Ley 32108 que excluye delitos que tengan sanción menor a seis años en procesos por organización criminal y obliga la presencia del acusado y su abogado en los allanamientos fiscales. Mediante esta ley se venían investigando diversos casos de asociación ilícita y su modificación entrampa o desarticula los esfuerzos de los agentes judiciales.

Tras el deceso de Alberto Fujimori, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte declaró duelo nacional y su sepelio se realizará el sábado 14 próximo. El expresidente murió sin hacer un mea culpa por los delitos por los que se le procesó; y en medio de un país dividido por la constante polarización política, por procesos de reconciliación fallidos y por el atropello sistemático a los derechos humanos de los deudos de las víctimas ocurridas en el período de violencia vivido en su gobierno.