Tras los primeros siete meses de gestión, la antropóloga mapuche Lorena Cañuqueo evalúa las acciones y el discurso del nuevo gobierno nacional y del provincial de Alberto Weretilneck en relación a las comunidades originarias que representan en la Argentina a 1.300.000 personas, de acuerdo al censo 2022. Entre otros temas, el futuro de la ley 26.160, los proyectos mineros, el RIGI.
Por Pablo Bassi /Cooperativa de Comunicación Al Margen
La asunción de Javier Milei trajo nuevas autoridades al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a la Administración de Parques Nacionales, algunas definiciones y una construcción narrativa que giró casi en 180 grados. También un nuevo realineamiento, como expresa el fallo de la Cámara de Casación que anuló el acuerdo de Villa Mascardi promovido por el gobierno del Frente de Todos, que reubicaba a la Lof Winkul Mapu en los alrededores de Lago Guillelmo. El presidente de la APN, Cristian Larsen, dijo horas atrás que ahora quiere ir por el rewe ligado a la práctica de culto mapuche ubicado sobre la Ruta 40.
Para analizar estos temas hablamos con Lorena Cañuqueo, antropóloga, licenciada en Comunicación Social, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, integrante de la comunidad Lof Mariano Epulef del paraje Anecón Chico, norte de Comallo, a 120 kilómetros de Bariloche, una zona muy cercana al proyecto minero de Calcatreu que encuentra rechazo en algunas comunidades.
–¿Qué valoración hace de los primeros meses del gobierno nacional y su relación con las comunidades indígenas?
–Los gobiernos de derecha lo que hacen es profundizar la desigualdad en que se encuentran los pueblos indígenas. Tiene que ver con cuestiones de reconocimiento y resarcimiento por el proceso de despojo, algo que no va a suceder con este gobierno, claramente. Hay además una profundización de la invisibilización de los pueblos indígenas dentro de la sociedad argentina y se siguen aplicando políticas de seguridad antes que políticas públicas tendientes a la restitución de derechos sociales.
–El gobierno nacional anticipó que el año que viene no va a prorrogar la Ley 26.160 que ordena el relevamiento de comunidades originarias e impide su desalojo mientras éste ocurre.
–La 26.160 es una ley de avanzada en un país que siempre pensó que no tenía indios, por decirlo de alguna manera. Los relevamientos implican el reconocimiento posterior, es decir la entrega de títulos comunitarios para esas comunidades, y eso implica a su vez que esas tierras comunitarias no se puedan vender ni enajenar ni alquilar ni ejecutar, porque se entiende que son territorios comunitarios que trascienden las generaciones presentes pensando en la reproducción social de los pueblos indígenas. El senador Miguel Pichetto, que no es del partido de gobierno pero sí afín ideológicamente, fue más allá y presentó en el Senado de la Nación un proyecto para derogar el DNU que prorroga automáticamente la 26.160 y modificar la 23.302 que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de la Argentina.
–Más allá de las intenciones del gobierno, ¿siguen activos los relevamientos?
–No, los relevamientos están detenidos desde hace tiempo. En Río Negro, durante la gestión de Arabela Carreras, el gobierno nacional derivó los fondos para ejecutar lo que faltaba relevar en esta provincia, que es bastante, pero el gobierno en ese momento no los ejecutó. Todavía no sabemos qué pasó con esos fondos. Es una falta grave, porque no se aplicaron derechos indígenas y porque no sabemos dónde están los fondos.
–¿Qué otras definiciones del gobierno nacional en estos meses le parecen importantes?
–Lo que vemos como una política bien dirigida a la desposesión de los territorios y la vulneración de los pueblos indígenas es el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, porque va a avanzar directamente sobre los territorios comunitarios indígenas, no hay dudas.
–¿Cree que el gobierno rionegrino no va a impulsar consultas entre las comunidades como dispone la ley?
–En el caso de los proyectos extractivistas, por caso la mega minería, ya se está avanzando con los permisos de exploraciones y cateos en una gran superficie de la provincia que excede la región sur e incluye la zona andina hasta Ñirihuau, la zona norte de la provincia, la costa del Colorado y parte de la zona atlántica. También se han entregado permisos y cateos en reservas naturales, como la Meseta de Somuncurá. En ninguno de estos casos se convocó previamente a ningún organismo, organización o comunidad indígena de la provincia que somos los que mayormente vivimos ahí para decirnos “vamos a entregar un permiso a la Patagonia Gold, a la Ivael Mining, a la GreenSheep Corporation”.
Los relevamientos que realizaba el INAI están detenidos en Río Negro desde el gobierno de Arabela Carreras. Foto: Eugenia Neme.
–Más allá de estas acciones concretas, hay además un discurso de confrontación del gobierno nacional con las comunidades originarias. El vocero Adorni dijo que no iba a flamear en la Patagonia ninguna otra bandera que no sea la argentina, por ejemplo. ¿Por qué le parece?
–Hay una confluencia de distintos factores. El extractivismo en ningún país del mundo avanza sin la profundización del racismo y de todo aquello que nos desvincula. Si la mayor parte de la población de esta provincia está convencida de que los mapuche son chilenos, ergo extranjeros, y que además esos mapuche son peligrosos y usurpadores, al momento en que esos mapuche reclamen sus derechos territoriales es probable que la mitad de la sociedad no los apoye. Lo mismo sucede en cualquier parte del mundo.
–Podría ser también una necesidad de representar un perfil “mano dura”, ¿no?
–La idea de que el indio es flojo, bárbaro, atrasado, tiene más de un siglo, no es nada novedosa. Tampoco la idea de que los mapuches nos oponemos al desarrollo y al progreso, lo he escuchado en varios funcionarios cuando pedimos que nos expliquen cuánta agua por día requiere la Patagonia Gold. Si van a explotar nuestros territorios queremos saber cuáles son los mecanismos para que el Estado controle esos procesos dañinos para la naturaleza. Quienes han venido sosteniendo la producción ganadera y producción en la región sur han sido mayoritariamente las familias campesinas e indígenas, entonces si eso no es capacidad productiva frente a los duros inviernos, las nevadas grandísimas que hemos tenido que soportar, la pandemia, la ceniza, ¿qué es? Supuestamente la gente está pidiendo trabajo, dicen para deslegitimar nuestra posición. Nosotros queremos trabajar también. Nosotros somos trabajadores de la tierra. La mayoría de nuestras comunidades trabaja produciendo alimentos que consume mucha de la gente de esta región. Además parte de la exportación de lana a nivel nacional sale de esta provincia y la producimos los pequeños productores. Damos un montón de trabajo estacionario.
–¿Cómo analiza las decisiones que adoptó la Justicia en estos meses en relación a las causas que involucran a comunidades?
–Podemos tener muy contados los casos en que la Justicia falló a favor de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, desde 1983 en general se concentran en el derecho a la propiedad privada. Más allá de eso, hay por lo menos a partir de diciembre tres fallos que van contra los reconocimientos territoriales de comunidades mapuche en la provincia de Río Negro. No sería tan ingenua de pensar que son casuales, sino parte de una misma estrategia con órdenes de desalojo, desconocimiento de derechos posesorios y la negativa a que se investiguen hechos delictivos cuando las perjudicadas son las comunidades.
