Por Mariela Jara
LIMA – Apenas 68 años pasaron desde que en 1956 las mujeres sufragaron por primera vez en Perú, más tarde que en la mayoría de países sudamericanos. Ahora, adentrado el siglo XXI, los derechos políticos de las peruanas se vuelven a rezagar con las contrarreformas del Congreso legislativo.
Este poder del Estado aprobó modificaciones a dos normas electorales, que eliminan la alternancia en la plancha presidencial y la paridad horizontal en las listas de las candidaturas regionales y municipales.
La presidenta interina Dina Boluarte pudo establecer observaciones a la reforma, pero no lo hizo, desoyendo pedidos de variados sectores, como el Jurado Nacional de Elecciones, el tribunal comicial del país, y organizaciones de sociedad civil, en particular las feministas.
La Ley 32058 se publicó el 14 de junio y regirá en todas las próximas elecciones de 2026.
“Hemos procurado que el ejercicio en política de las mujeres se naturalice y luchado por lograr estos avances, para que ahora se vengan abajo. Con esta contrarreforma muchas que son militantes se sentirán desalentadas”: Kelly Flores.
“Estas decisiones del Congreso, que tiene un pacto corrupto con el Ejecutivo, afectan la democracia y la institucionalidad en nuestro país”, indicó a IPS la consejera regional Kelly Flores, presidenta de la Red de Mujeres Autoridades de la Región Junín, quien desde muy joven es muy activa políticamente.
Flores, de 34 años, anticipó que tendrá un impacto negativo para la participación de las mujeres en la política, en una entrevista desde la ciudad de Huancayo, capital del departamento Junín, ubicado en la zona central del Perú con territorios andinos y amazónicos, y con una población de cerca de 1,4 millones de habitantes.
“Hemos procurado que el ejercicio en política de las mujeres se naturalice y luchado por lograr estos avances, para que ahora se vengan abajo. Con esta contrarreforma muchas que son militantes se sentirán desalentadas porque saben que a nivel de los partidos no se suelen manejar democráticamente las decisiones internas”, afirmó.
Una larga lucha
Tras vencer prejuicios de género las peruanas lograron el derecho al voto en 1955 y lo ejercieron al año siguiente, pero solo las solteras alfabetizadas de más de 21 años y las casadas con más de 18.
Fue la Constitución de 1979 la que consagró el sufragio universal, pero pese a ser la mitad de la población, actualmente de 33 millones de personas, y algo más de la mitad del padrón electoral, las mujeres siguieron subrepresentadas.
La lucha de organizaciones feministas impulsó la aprobación en 1997 de la cuota de género en el sistema electoral para mejorar la participación política femenina.
Esa experiencia demostró que las mujeres eran colocadas en los últimos lugares de las listas, como “relleno”, limitando en extremo sus oportunidades de elección, lo que motivó la demanda de paridad y alternancia en la conformación de las listas electorales. La norma en ese sentido se aprobó el 2020 y se aplicó desde las elecciones generales de 2021 las regionales y municipales de 2022.
Resultaron elegidas dos gobernadoras (8 %), pero el porcentaje de vice gobernadoras fue de 92 % (23 de 25) y de consejeras regionales 28 % (96 de 342). Cifras nunca antes registradas que se obtuvieron gracias a la ley de paridad y alternancia.
Flores es consejera regional (legisladora y fiscalizadora) de Junín por el Movimiento Sierra y Selva y sabe lo desafiante que es para las mujeres hacer política y “más aun para las que son quechuahablantes, de zonas rurales, porque nuestro país sigue con un sistema patriarcal que nos quiere encasillar en lo doméstico”.
Trabajadora social de profesión, es una apasionada de la política desde los 17 años. Madre de una hija ya adolescente y de dos niños, contó con el apoyo de su pareja y de su familia para seguir adelante con sus estudios y vocación política, en la que siente la responsabilidad de que las mujeres cuenten con referentes en espacios de poder.
Lamentó que la mala imagen de la presidenta Boluarte, con solo 6 % de aprobación según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), esté causando un daño colateral a las mujeres que participan en política, pues la mandataria es vista como “un títere del fujimorismo”, sin capacidad de gobernar.
Boluarte cumple desde el 7 de diciembre de 2022 el mandato del izquierdista Pedro Castillo, de quien era su vicepresidenta desde julio de 2021. El maestro rural fue destituido y detenido por “permanente incapacidad moral”, en un confuso episodio en que se le acusó de intento de autogolpe, horas después su destitución por el Congreso.
La mayor bancada del Congreso es Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, heredera de Alberto Fujimori, quien gobernó de forma autoritaria el país entre 1990 y 2000 y ha sido condenado por corrupción y delitos de lesa humanidad.
Flores destacó el hecho de que actualmente en Perú, del total de la militancia en los partidos políticos, 48 % está conformado por mujeres.
“La participación existe, falta que estén en las cabezas de listas para que tengan la posibilidad de ser elegidas en las mismas condiciones que los hombres. Eso no va a ser posible con los retrocesos en el Congreso y lo vamos a ver en unas semanas cuando se empiecen a vocear las precandidaturas para las próximas elecciones”, alertó.
Remarcó que “con esas reglas de juego no podemos hablar de democracia”, tras dejar claro que esta situación la desafía más porque “para mí continuar en política y seguir dando la lucha por un país mejor con igualdad de derechos es un deber, no podemos estar en la tribuna o entre lamentos”.
Un contexto preocupante
En abril del 2026 se realizarán elecciones generales para renovar la presidencia y el Congreso, que será bicameral, tras la aprobación este año de la reposición del Senado, pese a que en diciembre de 2018 un referendo sobre esa propuesta tuvo un amplio rechazo.
Algo que no tuvo en cuenta el Congreso, controlado por una anómala alianza que sostiene a Boluarte, de fuerzas de derecha y extrema derecha encabezadas por el fujimorismo, de izquierda culturalmente conservadora de Perú Libre, el partido de Castillo, y grupos de militares retirados e iglesias evangélicas.
Es un Congreso que acumula un rechazo masivo de la población, que según la última encuesta de IEP alcanza a 91 % de los entrevistados.
También el 2026 se celebrarán los comicios para elegir a quienes gobernarán los 25 departamentos, así como los municipios de las 196 provincias y 1682 distritos (municipios autónomos).
Las listas para la presidencia carecerán de alternancia, es decir que la mujer que integre la plancha de tres integrantes puede quedar relegada a la segunda vicepresidencia.
En el caso de las listas regionales y municipales, estarán conformadas por ambos géneros, pero no se les ubicará de forma intercalada, lo que hace temer que las mujeres volverán a los últimos puestos.
“Esto es parte del momento autoritario, fundamentalista y conservador en que estamos. Es un triunvirato de tres tipos de práctica de concepción del mundo que ha llevado a ir retrocediendo en todo lo relativo a políticas de género y de ambiente”, declaró a IPS Cecilia Olea, responsable del Programa de Participación Política y Descentralización del feminista Centro Flora Tristán.
Entre los retrocesos sumó el plan del gobierno de fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), ente rector de las políticas de igualdad de género, con el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión Social.
El viernes 16 numerosas organizaciones participaron en una protesta ante la sede del Mimp, en el centro de Lima, en rechazo a la propuesta.
Olea dijo que los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo tienen la imagen “carroñera del Estado” porque no prima un proyecto político sino el interés de sacar provecho individual.
“Desmantelan todo lo construido con mucha perseverancia en este gran proceso que hemos llamado la transición democrática para destruir cualquier posibilidad de seguimiento de parte de la ciudadanía y por tanto de investigación a lo que hacen”, agregó.
Relacionó el recorte a los derechos políticos de las mujeres con la intención del Congreso de eliminar a los movimientos regionales, para lo cual ya hubo una primera votación a favor en el mes de junio, que, de ser ratificada en el periodo iniciado en julio, será parte de las reglas electorales de 2026.
La propuesta, que modifica el artículo 35 de la Constitución y demanda votaciones favorables en dos periodos consecutivos, plantea que las opciones del electorado sean solo las de los partidos políticos nacionales, eliminando de un plumazo el rico desarrollo político regional y, justamente, aquel donde más presencia hay de mujeres.
“Las organizaciones de regiones son las que han dado mayor posibilidad a las mujeres para ejercer política, de que estén en cargos de toma de decisiones, pero si las eliminan se perderán estos espacios de representación de la ciudadanía y se reforzará el centralismo”, cuestionó Flores.
En el 2026 se espera que cerca de 13 millones de mujeres, poco más de 50 % del padrón electoral, participen en los comicios presidenciales, legislativos, regionales y municipales.
ED: EG
