La falta de energía electrica por más de una semana
A todas luces, una burla.
No dieron el ancho, las empresas distribuidoras de energía frente a los fenómenos del clima han dejado al desnudo las faltas de inversiones en mejoramiento de la conectividad, recambio y mantención, además, de la falta de cuadrillas en situaciones de emergencias, como la que acaba de ocurrir en el país, que provocó y sigue provocando daños y pérdidas por cientos de millones de pesos a los clientes y de los que la empresa no responderá ni se hará cargo.
En Chile existe el monopolio de las empresas de energía, el ciudadano no tiene posibilidad alguna de decir basta de mentiras y mal trato, como clientes de las empresas monopólicas.
Clientes a los que descaradamente le han mentido respecto de su capacidad y oportunidad de solución, además, las mentiras están a cargo de la inteligencia artificial, es un mal uso de la I.A. que solo provocó enojo, indignación y sensación de abandono y humillación frente a un sistema económico inhumano que solo busca ganancias y utilidades. En cifras, cerca de un millón de clientes afectados de perfiles variados: personas, familias, colegios, centros de salud y comercios, además de seis mil empresas de todo tipo, con mercadería perdida y días no trabajados.
Se cursa en estos días una demanda colectiva desde la Multigremial Nacional contra las empresas eléctricas. Y veremos la eficacia del Sernac (Servicio nacional al consumidor) y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en esta crisis.
Una vez más los chilenos, hemos sido objeto de mentiras, burlas, engaños por parte de empresas amparadas en una débil legislación de protección hacia el consumidor.
Una necesidad básica ciudadana operada en un modelo mercantil
Frente a este escenario, es válido preguntar por los motivos esenciales para que este servicio básico fuera entregado a empresas privadas. Allí nos encontramos con el relato instalado de los beneficios de operación de “lo privado” frente a la ineptitud estatal para administrar este tipo de servicios. Lo grotesco es que, a pesar de los nefastos resultados para “los clientes”, el relato no pueda ser puesto en tela de juicio y se mantenga en un estadio intocable del sentido común, lo que permite que incluso las protestas queden bailando en la periferia del asunto.
El asunto de fondo es que, la gestión empresarial en un modelo de mercado, las prioridades siempre estarán determinadas por el máximo rendimiento del lucro, y que se jodan las víctimas del modelo y sus necesidades de contar con este servicio vital. Así, el empresariado a lo más regateará el pago de multas, que incluso si fueran altas y efectivas, en nada apoyan la situación de quienes sufren en su vida cotidiana y concreta los cortes del suministro. Es increíble este estado de cosas, en donde ni siquiera es permitido cuestionar lo obvio.
La soberanía sobre una variable estratégica para la operación y autonomía del país
Según artículo en la Revista Latinoamericana “POLIS”; “Probidad y corrupción en Chile. El punto de quiebre”; -en los últimos años particularmente en Chile se produce un quiebre en la tradición de probidad. Según grandes historiadores chilenos no había casos de corrupción significativos, hasta el golpe de estado y la dictadura (cívica) militar, observando impotentes cómo se pierde el patrimonio nacional de incontables industrias y empresas productoras nacionales, llegando hoy a vivir en una nación donde los elementos fundamentales para la vida nos son ajenos. Pareciendo increíble que nadie hubiera reparado en ello.
La mentira y el emplazamiento apátrida del conservadurismo chileno, se hace evidente en la entrega al mejor postor de un a energía clave para la soberanía de Chile; y la indefensión es evidente cuando las izquierdas a la chilena, renuncian a sus idearios y “cambia” de postura, porque no son “unos fanáticos” gestionando de este modo la “real política”. Así, el acuerdo de la elite político-empresarial opera sin ningún razonamiento estratégico, sino que siempre priorizando su malsana ceguera neoliberal de “los negocios a corto plazo”.
Por tanto, no es extraño que el control de ENEL esté actualmente en manos italianas, en donde el Estado peninsular tiene el poder de intervención y decisión; en que, por los acuerdos firmados por los políticos nacionales, el Estado Nacional tiene barreras legales para dar soluciones reales a la crisis; es decir, elegimos a un ejecutivo eunuco cada cuatro años, que no tienen atribuciones para gestionar las necesidades básicas de sus conciudadanos. Excelente democracia es esta.
El negociado y corruptela con el tratamiento de datos de la clientela
¿Quién está al tanto de esto: el uso de los datos de los clientes de Enel a disposición de un holding internacional? Considérese la extensa red comercial de “Compañía Enel”: Los datos de identificación y contacto o de la persona que representa a la Compañía en los negocios con Enel Global Trading, pueden ser tratados por parte de otras empresas del Grupo Enel (Enel Energía S.p.a., Enel X S.r.l, Enel X Financial Services S.r.l., ,Enel X Way S.r.l., Enel X Way Italia S.r.l, Enel Green Power SpA, Enel Green Power Italia s.r.l), para la realización de estudios de mercado, ventas directas, incluso por teléfono, para la colocación de productos o servicios, para comunicaciones comerciales o actividades de marketing. Se da por hecho contar con consentimiento para ofertas comerciales de terceros.
“Para retirar el consentimiento al tratamiento de sus datos con la finalidad indicada anteriormente, puede enviar un email a la dirección: gtportal.privacy@enel.com / globaltrading.enel.com”
Las variables leoninas en el detalle de cobros a las “usuarias y los “usuarios”
Los cortes coincidieron con las mayores alzas de precios de la última década, dejando esta energía vedada para la calefacción de las mayorías asalariadas pobres. Esta actividad monopólica recibe la tabla de valores desde la Comisión Nacional de Energía (CNE) cada media década, y opera con márgenes asegurados y con clientela cautiva. Utilidades ENEL 2023: 680.013 millones de pesos (731 millones de dólares) Excelente libre comercio.
La historia de la privatización y las declaraciones desde el ministerio de energía, respecto a la imposibilidad absoluta a que el Estado pueda gestionar esta empresa
La privatización de la energía en Chile, objeto de controversias y críticas, se inició durante la dictadura de Augusto Pinochet. La implementación de políticas neoliberales por parte del régimen, que promovía la privatización de empresas estatales y la apertura de mercados; la crisis de la década de 1980, dónde la privatización se vio como una forma de generar ingresos y reducir la deuda pública y, el argumento de que la gestión estatal de la energía era ineficiente y que la privatización permitiría una mayor eficiencia y competencia, fueron la base para privatizar la energía eléctrica. Hasta ese momento, el estado chileno tenía el control total de la producción, transmisión y distribución de electricidad a través de la empresa estatal Empresa Eléctrica Nacional (ENDESA).
El proceso se inicia en 1982, con la creación de la Ley General de Servicios que estableció el marco legal para la privatización de la industria eléctrica. En 1985 comienza la desarticulación de ENDESA con su privatización y división en varias empresas privadas, culminando en 2016 con la adquisición por parte de ENEL. En 1994 se vendieron las centrales generadoras y líneas de transmisión a empresas. En 1999 se vendieron las empresas distribuidoras a empresas privadas, terminando el 2004 con la liberalización del mercado que permitió la libre competencia en la generación y comercialización de electricidad.
Esta implementación nos tiene hoy día con tarifas eléctricas excesivas dada la falta de regulación y control, una concentración de la propiedad eléctrica en pocos privados, la pérdida casi absoluta del control estatal sobre servicios esenciales de calidad y un impacto ambiental negativo debido a la mayor dependencia de combustibles fósiles. A pesar de estos efectos, y ante la posibilidad de una empresa estatal que se encargue de una parte de la distribución eléctrica, como lo planteó el Ministro de Energía Diego Pardow la respuesta institucional y de varias figuras políticas señalan la imposibilidad de llevar adelante esta idea dada la insuficiencia de recursos estatales y su priorización en temas más urgentes y, por lo tanto, su respuesta a la falta de servicio eléctrico de sectores de la población, es hacer valer el marco normativo existente para que las empresas eléctricas resuelvan el problema y operen mejor en el futuro. Es decir, pagar multas por joderse a la ciudadanía.
Hoy Chile requiere políticos que se atrevan a enfrentar la revisión seria del robo que significó el proceso que la elite denomina privatización. Desde allí, crear la posibilidad de realizar una profunda reforma legal y regulatoria más una planificación que permita la viabilidad y sostenibilidad de una empresa eléctrica estatal en Chile, retomando la soberanía energética y la prioridad de servicio a su ciudadanía.
Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto; César Anguita Sanhueza y Paola Zóttele Mora. Comisión de Opinión Pública
