El Gobierno atasca la salida de migrantes desde el CETI de Ceuta hacia la península, dejando a la Policía Nacional la decisión de quién puede salir después de completar la primera parte de la entrevista de asilo. El Ministerio de Inclusión y Migraciones ha ordenado cerrar las instalaciones del CETI para no acoger a más personas, lo que ha obligado a acampar a una treintena de recién llegados en las inmediaciones del centro.

Desde la mañana de este jueves y siguiendo órdenes directas de la Secretaría de Estado de Migraciones, la puerta del CETI se encuentra cerrada para no permitir el acogimiento en las instalaciones dependientes del Gobierno de España en Ceuta. En la mañana del jueves, diez personas migrantes han conseguido salir del CETI de Ceuta rumbo a la península. Estas salidas a cuentagotas suelen ser de personas subsaharianas que salen en régimen de acogida humanitaria, quedándose a la espera la mayoría de marroquíes que han cruzado a Ceuta.

La situación en Ceuta es especialmente crítica. El CETI, diseñado para acoger a 512 personas, alberga actualmente a más de 600 personas migrantes, lo que genera condiciones de vida extremadamente difíciles. Entidades de derechos humanos que monitorizan los procesos migratorios de las personas que llegan a Ceuta denuncian que la sobrepoblación se debe en gran parte a la decisión del Ministerio del Interior de retrasar las solicitudes de asilo. Según estos colectivos, esta estrategia busca contener a los migrantes en la ciudad autónoma y en las islas, con el objetivo de gestionar los flujos migratorios de manera más controlada y evitar que estos migrantes se trasladen a la península antes de que se haya resuelto su situación administrativa.

La Policía Nacional es la encargada de decidir quién puede salir, aumentando así la presión sobre los centros de acogida que dependen del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las mismas organizaciones humanitarias están convencidas de que los migrantes están siendo retenidos en condiciones inadecuadas y sin acceso a los servicios básicos necesarios, y ahora se verán obligados a permanecer en situación de calle.

El Defensor del Pueblo ya ha recomendado en varias ocasiones que los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla puedan circular libremente por el territorio español. Desde el 2017 ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior, sugiriendo que se permita a los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, cuyas solicitudes hayan sido admitidas a trámite, circular libremente por el territorio español. Esta recomendación se basa en la necesidad de respetar los derechos de los solicitantes de asilo y en la aplicación coherente de la normativa europea.

Las recomendaciones subrayan que la diferencia de estatus entre un solicitante y un residente es clara, pero que los solicitantes de asilo, una vez admitidas sus solicitudes a trámite, deberían tener derecho a moverse libremente. Actualmente, la Policía Nacional decide quién puede salir de las islas o de las ciudades autónomas, lo que ha saturado las plazas del CETI que está sobresaturado de su capacidad.

En el mismo escrito, el Defensor del Pueblo también destacó que la normativa reconoce derechos a los solicitantes de protección internacional sin distinguir el lugar en el que se encuentran, y que los CETI no son recursos de atención para los solicitantes de asilo, a diferencia de los Centros de Asilo y Refugio (CAR). Además, insistió en que la evaluación de las necesidades de los solicitantes debe ser realizada por el servicio de acogida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y no por el órgano policial.

El Defensor del Pueblo indicaba que se autorizaran los traslados propuestos por la Secretaría de Estado de Migraciones, y que se permita a los solicitantes de asilo circular libremente por el territorio español, salvo que existan motivos de seguridad que lo impidan.

Según un informe trimestral publicado por varias organizaciones, entre ellas el Centre Irídia, No Name Kitchen y Novact y  citando datos del Ministerio del Interior, durante los meses de junio y julio no se han registrado entradas grupales a través del vallado fronterizo, aunque se tiene constancia de la intervención de las fuerzas marroquíes contra un grupo de unas 200 personas que se sospecha querían entrar a Ceuta durante la celebración de Eid-al-Adha en junio. Sin embargo recoge que sí ha habido llegadas e intentos por mar. En concreto, a inicios de julio hubo entradas grupales a nado a Ceuta de personas con flotadores y manguitos. Hasta donde se sabe, aquellas que consiguieron entrar fueron devueltas a Marruecos. En las noches del 18 y 19 de julio, condiciones meteorológicas de niebla han contribuido a que decenas de personas intentasen la entrada a través del espigón, incluyendo a menores. En lo que va de año, han conseguido llegar a Ceuta 1.233 migrantes de manera irregular.

La Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene competencias en la acogida de personas adultas que cruzan de manera irregular las vallas del perímetro fronterizo o a través del espigón del Tarajal a nado. Estas competencias recaen exclusivamente en el gobierno central, que hasta ahora no ha implementado medidas eficaces para aliviar la saturación de los centros de acogida. No es así en el caso de los menores que llegan solos. Ceuta está acogiendo a más de 300 niños y niñas que han llegado a la ciudad procedentes de Marruecos.

La situación se ha vuelto insostenible no solo en Ceuta, sino también en las Islas Canarias. Los migrantes que logran llegar a estos puntos de entrada tienen que enfrentarse a largos periodos de espera para sus solicitudes de asilo, durante los cuales deben vivir en condiciones de hacinamiento y precariedad, que a veces acaban en problemas de convivencia dentro de los centros. La demora en la tramitación de sus solicitudes también impide su acceso a la península, que es lo que la gran mayoría busca desde el mismo momento en que llegan a Ceuta y desean continuar con su ruta migratoria.

El gobierno español no se pronuncia sobre esta estrategia, entendiendo que es necesaria para gestionar los flujos migratorios y garantizar la seguridad, sin dar explicaciones al respecto. Otras fuentes consultadas piensan que la estrategia mencionada es para obligar a la Ciudad Autónoma de Ceuta a abrir recursos, al igual que lo hizo en la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 12.000 personas entraron bordeando los espigones que separan España de Marruecos en un solo día.

Cabe destacar que el Gobierno de Ceuta ya se pronunció a favor de la modificación de la Ley de Extranjería, para que se pudieran trasladar menores migrantes a distintos territorios autonómicos del Estado, en contra de la postura del Partido Popular de Feijóo, que no está por la labor y aborda las posturas más radicales de la ultraderecha contra las personas migrantes.

En febrero de este año, el área de Menores de Ceuta elaboró una memoria migratoria solicitando la implementación de un nuevo Plan de Respuesta, conforme al Modelo de Gestión de Contingencias Migratorias aprobado en 2022. Este modelo establece criterios para la derivación de menores atendiendo a la situación económica, la tasa de paro, el esfuerzo en la acogida y el criterio de dispersión. Pese a estos esfuerzos, la capacidad del CETI sigue siendo insuficiente para gestionar el alto número de llegadas.

Ceuta ha completado al 100% las derivaciones asignadas en los Planes de Respuesta de 2021, 2022 y 2023, con un total de 322 menores trasladados. La efectiva recepción de estos menores por las Comunidades Autónomas de destino demuestra el principio de solidaridad y corresponsabilidad que debe presidir este fenómeno. Sin embargo, el constante flujo de nuevos migrantes sigue desbordando las capacidades locales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones guarda silencio ante la pregunta dirigida por este medio a su gabinete de prensa.