• La propia Fiscalía, tras la apertura del juicio oral, solicita también penas de prisión para uno de los agentes imputados, aunque no solicita inhabilitación y exime al otro agente acusado
  • El Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba archivó hace 11 meses la causa seguida contra un vecino de Córdoba y abrió diligencias contra los dos agentes por un posible delito de detención ilegal y por faltar a la verdad en la denuncia realizada
  • APDHA lamenta que “durante todo este tiempo la Administración no ha suspendido de empleo y sueldo a los implicados, que han continuado patrullando la ciudad como si no hubiera sucedido nada”

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la APDHA reitera que la tortura sigue existiendo en nuestra comunidad, sin que la Administración se esté implicando en su erradicación. Los hechos a que nos referimos sucedieron el 30 de marzo de 2023, cuando los dos agentes contra los que se ha abierto juicio oral se trasladaron hasta la calle Periodista Eduardo Varo, ubicada en la capital cordobesa. Allí demandaron al conductor de un coche de caballos que recogiera los excrementos que habían dejado sus animales, momento que fue grabado por uno de los agentes y que motivó la queja de un vecino de la zona, quien consideraba que la grabación realizada por el policía local no tenía ningún sentido. El agente, visiblemente nervioso, reclamó a este ciudadano su documentación. Esta persona, asustada y ante la posibilidad de que pudiera ser multado, salió corriendo del lugar. No obstante, este vecino de Córdoba recapacitó rápidamente y no solo detuvo su marcha, sino que desandó el trayecto realizado para entregarse, de manera siempre pacífica, a los agentes de la autoridad.

Sin embargo, uno de los agentes que ahora son juzgados le realizó una llave, lo cogió por la espalda y lo estampó contra la persiana de la puerta de una farmacia, restregándole la cara en la misma, para inmediatamente después, colocarle los grilletes. A pesar de que el vecino ya engrilletado mantenía una actitud pacífica, el mismo agente vuelve a practicarle una llave, lo derriba y estampa su cara contra el suelo para, a continuación, inmovilizarlo durante varios minutos mientras coloca su rodilla contra la zona lumbar de esta persona.

Las imágenes grabadas por la cámara existente en la farmacia junto a la que se produjo esta actuación policial permitieron no solo desmontar las falsas acusaciones que se realizaron contra la persona detenida, sino que fueron la base para la resolución del Juzgado de Instrucción nº 2 de Córdoba, que archivó la causa seguida contra el vecino de dicha ciudad al mismo tiempo que acordaba abrir diligencias contra los dos policías locales implicados en los hechos por un posible delito de detención ilegal y por faltar a la verdad en su denuncia. De no existir estas imágenes, la víctima habría sido probablemente condenada a una pena de prisión de hasta 4 años.

El informe pericial presentado por la acusación particular ante el Juzgado, y que ha sido elaborado por la Red de apoyo terapéutico, jurídico y psicosocial del Grupo de Acción Comunitaria (SIRA), señala que la persona agredida por el agente de la Policía Local de Córdoba ha sufrido, además de secuelas físicas, una Reacción de Estrés Agudo que en la actualidad ha derivado en “un Trastorno Adaptativo Mixto con predominio de síntomas ansiosos”. El propio agredido relata que “me sentí como un animal, como si no fuera una persona, por los golpes y por estar así tirado en el suelo, como si hubiera hecho lo peor del mundo, con la gente pasando y mirando por ahí”.

Prácticamente un año después de aquella resolución judicial ha comenzado el juicio oral contra los dos agentes de la Policía Local de Córdoba que protagonizaron aquella actuación judicial. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha acompañado en todo el proceso al vecino acusado injustamente, aprecia la comisión de hasta 5 delitos por parte del agente que practicó la detención y de otros 2 delitos (falsedad documental y denuncia falsa) cometidos presuntamente por el otro policía presente en el momento de los hechos. APDHA solicita en su escrito de acusación penas de prisión e inhabilitación especial para ambos acusados, mientras que la Fiscalía solicita pena de prisión de 3 años y 6 meses por un delito de falsedad y de 1 año por delito contra la integridad moral, para uno de los acusados, aunque exime de responsabilidad al otro agente.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía lamenta que “durante todo este tiempo la Administración responsable, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, no ha suspendido de empleo y sueldo a los agentes implicados, que han continuado patrullando la ciudad como si no hubiera sucedido nada” y explica que “este tipo de actuaciones policiales, totalmente arbitrarias y desmedidas, son mucho más comunes de lo que creemos, aunque no siempre es posible contar con imágenes y grabaciones que permitan desmontar la versión policial”. En este sentido, la entidad andaluza refiere como ejemplo “la actuación irregular de un agente de la Policía Nacional, quien, portando en su muñeca una pulsera del partido político Vox, identificó arbitrariamente y propuso para sanción a Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología por la Universidad de Sevilla, cuando este participaba en una manifestación de solidaridad con el pueblo palestino”.