Durante los últimos dos años ha resultado frecuente escuchar en los medios de comunicación frases como “nuestras policías están desprotegidas ante los delincuentes”, “el gobierno no ha hecho lo suficiente, hay que darles más armas a los carabineros”, “los militares tendrían que salir a la calle a resguardar a la gente”. Inundan los matinales algunos autodenominados “expertos” en seguridad, alcaldes, diputados y, actualmente, candidatos en busca de figuración política, quienes pretenden resolver un problema profundo y estructural, como la delincuencia, con recetas antiguas, que las sociedades occidentales abandonaron hace siglos, cuando comenzaron su senda hacia la modernidad. Vemos, por ejemplo, a personajes vociferando la reinstalación de la pena de muerte, en un panorama donde la opinión más radical pareciera ser la que tiene más potencial mediático, sobre todo en un mundo donde las opiniones se construyen en los 60 segundos de TikTok. Incluso, si revisamos los comentarios de los videos que difunden estas posiciones extremas, muchos de ellos bots anónimos, podríamos encontrar soluciones mucho más brutales que las que proponen sus representantes políticos en la televisión (y que, quizás, muchos de ellos quisieran atreverse a plantear). No es difícil reconocer, en este escenario, aquel momento de la historia humana en donde los castigos “ejemplares” se utilizaban como forma de control y disciplinamiento social. En nuestro país, este pasado pareciera ser no tan lejano como pudiéramos creer, tal como señalan los trabajos de Alejandra Araya, quien ha reflexionado sobre esta dimensión de nuestra historia, recordándonos que hace solo algunas décadas (1949) se abolió en Chile la ley de azotes.

Es indiscutible que la actual administración del Presidente Gabriel Boric es el periodo en el que hemos tenido los mayores avances en materia de seguridad. Tenemos importantes logros en el control de las bandas criminales. Con la ayuda de las policías se desarticularon el año 2023 más de 1.600 grupos criminales que operaban en nuestro país, y, durante lo que va de este año, el número asciende a 500. En el ámbito legal, el fast-track de seguridad impulsó 25 nuevos proyectos de ley, de los cuales 13 se encuentran actualmente aprobados. Además, se está avanzando en materia de seguridad municipal, dotando de mayor protección material y legal a quienes ejercen esta función diaria. Incluso, en la última cuenta pública del Presidente Boric se anunció que se elevarán las dotaciones policiales en un 30%, además de aumentar las gratificaciones de riesgo para los 24 mil carabineros que se encuentran patrullando y trabajando en las calles de todo el país. Sin embargo, es indudable que la sensación de inseguridad en la población sigue siendo muy alta, a pesar de que han disminuido los delitos y el Estado ha demostrado que está avanzando en estas materias, como ya han apuntado varios investigadores. Es por esto que el tema de la seguridad, en todas sus dimensiones, seguirá siendo una prioridad para el gobierno, tal como lo anunció el Presidente en su reciente Cuenta Pública.

No cabe duda que en el mundo entero se ha recrudecido la violencia y, por cierto, Chile no es la excepción. Vivimos en una sociedad profundamente deshumanizada y violenta, en la cual las diferencias se esgrimen a través del uso de la fuerza. Sin embargo, creo que también es indudable que la violencia solo puede acarrear más violencia y, por lo tanto, no puede ser ésta la respuesta de una sociedad civilizada y moderna. ¿Cuál podría ser, entonces, un posible camino de salida? Sin duda, una sociedad democrática, participativa, equitativa y que eduque en valores de paz y no violencia a las nuevas generaciones sería un buen punto de partida. Promover la cultura y el deporte en cada región y comuna son prioridades que no pueden postergarse. Mejores barrios, más viviendas, crear “comunidad” son tareas que ayudarán a una mejor convivencia social. Los niños no nacen delincuentes, sino que llegan a serlo producto de una sociedad que abandona su sentido de cooperación mutua y solidaridad. Se trata de una tarea que necesita de todos los actores sociales, pero, sobre todo, requiere que los políticos estemos a la altura de las circunstancias que vivimos. No todo se resuelve a balazos ni con castigos ejemplares. No nos podemos permitir volver a los tiempos del azote.