Partiremos por asumir que los tiempos cambian y que solo los obcecados son capaces de aferrarse a sus ideas sin atender a las nuevas circunstancias. Otra cosa, sin embargo, es alterar en tan breve
tiempo las convicciones, como el transcurrido en los dos primeros años de la actual administración política del país.

Imposible soslayar que solo ayer, o hasta hace dos años, parecía inminente que el nuevo gobierno se propondría acabar con las isapres de la salud y las AFPs que administran los fondos previsionales. Hoy, sin embargo, desde La Moneda y el Parlamento se convienen fórmulas para alargar la vida de las primeras, evitar el que era su inminente desplome, después de que la propia
Corte Suprema acreditara, en un contundente fallo, que estas asaltaron los bolsillos de sus afiliados en muchos millones de pesos y que ahora estarían obligados a devolver a quienes resultaron afectados. Tampoco se habría podido suponer, entonces, la posibilidad de que las administradoras de los fondos de pensiones puedan seguir gravitando en el sistema previsional, continuar lucrando con las cotizaciones de millones de trabajadores que, al momento de jubilar, son condenados a recibir pensiones miserables, mucho menos en promedio que el salario mínimo que, como todos sabemos, es ínfimo, completamente insuficiente.

Imposible era suponer, solo dos o tres años atrás, que en La Moneda y el conjunto de la clase política se estén ahora celebrando el acuerdo entre la minera estatal Codelco y la privada Soquimich, empresa de Julio Ponce Lerou, yerno del Dictador Pinochet. El mismo que estuviera implicado en el financiamiento ilegal de la política, un escandaloso cohecho que repartió recursos a partidos, parlamentarios, municipios y otros, como lo ha demostrado la Justicia.

Seguramente, los ex presidentes Salvador Allende y Eduardo Frei Montalva se darían vueltas en sus tumbas al observar un proceso después de haber chilenizado y estatizado el cobre, junto con
reservarle al Estado la explotación de recursos como el del próspero litio, cuyas reservas fueron transferidas o vendidas a precio vil por Pinochet a sus amigos, parientes y empresarios inescrupulosos como el ya señalado. Muchos llegaron a suponer, incluso, que el nuevo gobierno llevaría a la cárcel al sujeto que hoy se asocia con Codelco, la supuesta empresa de “todos los chilenos”.

Tampoco habríamos dado crédito al homenaje rendido por el presidente Boric a su antecesor, Sebastián Piñera, en su última Cuenta ante el Congreso Pleno. Cuando todavía recordamos que, como diputado, el actual mandatario le prometió ser juzgado y condenado por su responsabilidad política en los crímenes cometidos contra decenas de manifestantes del Estallido Social del 2019. Al respecto, no podemos sino sorprendernos que el Director General de Carabineros actual, el mismo de entonces, todavía no esté formalizado por la Justicia, debido a los aplazamientos que se le han otorgado a esta instancia procesal. Lo que le permite a la máxima autoridad policial hasta ufanarse de la confianza que le propicia su superior jerárquico: el Presidente de la República.

En este mismo sentido, hay que consignar que ya casi no se habla de reestructurar la policía uniformada, al tiempo que se reconoce que el actual gobierno, más que cualquier otro, le ha asignado millonarios recursos para mejorar su infraestructura, reajustar los sueldos de sus efectivos y, como ahora, premiar su patriótico desempeño al cuidado de la población. Tampoco habríamos supuesto la renovación constante de los estados de excepción en la Araucanía. Lo que significa la militarización de un extenso territorio del país y le da pábulo a algunos gobernantes para felicitarse por la cantidad de mapuches procesados y condenados. Partiendo por quien recién ayer era un admirado líder de la izquierda como Héctor Llaitul, ahora en huelga de hambre tras las rejas después de un juicio muy cuestionado por abogados y juristas.

Por las contundentes movilizaciones de Gabriel Boric y otros dirigentes universitarios, era de suponer, al menos, el cumplimiento de uno de sus más sentidos compromisos, como la condonación de las deudas asumidas por miles de estudiantes para poder cursar sus carreras universitarias. Pues bien, aunque no hay todavía un NO del Ejecutivo, esta abolición se posterga para fines de su administración, con el agregado de las ingentes deudas acumuladas a causa de quienes decidieron suspender sus pagos a los bancos en la confianza de que Boric los absorbería de todas sus deudas referidas al Crédito con aval del Estado (CAE).

Lo más probable es que se llegue a un acuerdo político con la Oposición para encarar un compromiso millonario y que les permite a muchos postular que esos recursos impagos, avalados por el Estado, puedan direccionarse a satisfacer demandas más sentidas y urgentes de la población, como aquel enorme déficit de nada menos un millón de viviendas.

Siempre los mensajes presidenciales están destinados a destacar las buenas obras de los gobernantes. Por lo mismo es que habría que juzgar estos discursos más por lo que omiten que por lo que aseguran, como es el hecho de que el empleo forma sigue elevándose y todavía no logramos los estándares económico sociales de la pre Pandemia. Mientras se deteriora, además, el poder adquisitivo de los trabajadores, ya que los reajustes otorgados siempre quedan por debajo del alza del costo de vida.

Se celebra en Chile con bombos y platillos un día mundial de la libertad de prensa, donde se esconden los compromisos adquiridos por el candidato Boric en cuanto a indemnizar a los dueños del diario El Clarín, expropiado y prohibido por la Dictadura, pese al laudo arbitral que obliga al Estado chileno al respecto. Sin embargo, no hay noticia sobre este compromiso recién adquirido hace dos años y que tanto podría ayudar a que la prensa se diversificara solo un poco más. Cuando el mismo Gobierno se queja de que los valores de la población se han ido distorsionando por la enorme concentración e influencia que ejercen los medios de comunicación, cuya falta de diversidad es agraviante para un país que presume ser democrático.

Parece que tendremos que aguardar por un nuevo gobierno de izquierda para que se alcancen aspiraciones como las de la “educación pública gratuita y de calidad”; la soberanía sobre nuestros
recursos naturales; la justa distribución del ingreso y nuestra plena independencia en materia internacional, cuando nuestra política exterior zigzaguea al ritmo de los mercados y las oportunidades de negocios por encima de los valores de los Derechos Humanos. Prefiriendo estigmatizar a los países débiles y hermanos mientras se acallan los crímenes de las potencias, especialmente de los Estados Unidos. A no ser por aquellos “gestos” tan recurrentes en la hipocresía de las relaciones internacionales.

Habrá que confiar en que surja una nueva esperanza y convocatoria desde la izquierda, a no ser que le demos paso, de nuevo, a otro gobierno de derecha y que en la práctica no se atreva a ser tan refractario a los cambios y pueda ceder a valores y compromisos que la izquierda asume, defiende mejor y con más ahínco desde la oposición.