El Parlamento catalán aprobó ayer, 9 de noviembre, con 72 votos a favor y 63 en contra, la resolución que proclama el inicio del proceso hacia la independencia. El texto consta de 9 puntos en los que se explica que por petición de las urnas y con mayoría de escaños a favor, se inicia el proceso de la creación de un Estado catalán independiente en forma de república. A partir de este momento, comienza un proceso abierto a la ciudadanía para preparar las bases de la futura constitución catalana y en el plazo de un mes se iniciará la tramitación de las leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública. También se informa que el Parlamento catalán no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional.

Las recientes elecciones del 27 de septiembre dieron la mayoría a la coalición independentista “Junts pel sí”, que cuenta con 62 escaños en el Parlamento, insuficientes para aprobar una propuesta. Han necesitado el apoyo de los 10 escaños del grupo “Candidatura de Unidad Popular” (CUP), partido que se autodefine como izquierda anticapitalista y asamblearia, para conseguir la mayoría. La suma de los dos grupos proporcionó los 72 votos necesarios para aprobar la resolución; a cambio, la CUP introdujo diversas medidas sociales que tendrá que aplicar el futuro gobierno, destinadas a blindar derechos fundamentales.

Estas medidas consisten en:

  • Evitar la pobreza energética y garantizar que ninguna persona en situación de riesgo de exclusión residencial se vea privada del acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad.
  • Garantizar que ninguna persona se vea privada del acceso a una vivienda digna.
  • Asegurar el acceso universal a la atención sanitaria pública y de calidad a todas las personas que viven en Cataluña.
  • Mantener el modelo educativo catalán determinado por la Ley de educación de Cataluña y por el conjunto de la comunidad educativa, incumpliendo la legislación del Estado.
  • Velar en materia de seguridad ciudadana por la plena vigencia y el respecto de los derechos fundamentales, dejando sin efecto la ley estatal de seguridad ciudadana.
  • Dejar sin efecto la ley estatal de administración local, relativa a la limitación de competencias de los ayuntamientos, al control del coste de los servicios y a la obligación de la priorización de la actividad económica privada.
  • Generar un marco de relaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con el objetivo de dar acogida y asilo al máximo número de personas refugiadas, más allá de las decisiones adoptadas en este ámbito por el gobierno español.
  • En materia de derecho al aborto, el futuro gobierno se tiene que regir por lo que estipula la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, dejando sin efecto la ley estatal.
  • Renegociar la financiación del gobierno catalán de manera que permita liberar recursos para implantar un plan de choque social.
  • Revisar los presupuestos y priorizar atender a la urgencia social.

Las diferencias de aspiraciones y forma de organización territorial entre Cataluña y Castilla se remontan a principios de 1700, momento en que se produjo la guerra de sucesión al trono de España, al morir sin descendencia el último rey de la Casa de Austria, Carlos II. Mientras Castilla apoyaba la sucesión de los Borbones, Cataluña defendía al archiduque Carlos de la casa de los Austrias, que planteaba un modelo de gobierno menos centralista. Una vez en el trono, el rey Borbón Felipe V, castigó duramente a los reinos que no apoyaron su causa, como fue el caso de Cataluña.

Posteriormente, en 1939, la dictadura franquista abolió las instituciones autonómicas, suprimió el Estatuto de autonomía y fusiló al presidente de Cataluña, Lluís Companys, el 15 de octubre de 1940, además de perseguir duramente la cultura y la lengua catalanas. Esta represión acentuó el sentimiento de pueblo oprimido.

Tras el fin de la dictadura, en 1979, se aprobó el segundo Estatuto de autonomía de Cataluña, en un clima de inestabilidad en el que había que conciliar los intereses de partidos políticos herederos del franquismo con las aspiraciones de partidos progresistas que volvían a legalizarse. Cataluña consideró insuficiente la autonomía que permitía dicho Estatuto y en el año 2005 (26 años después) el Parlamento catalán aprobó una reforma que pretendía avanzar en el autogobierno.

Tras un recurso del Partido Popular, el Tribunal Constitucional obligó en el 2010 a severos recortes de dicho Estatuto. Al día siguiente se produjo una multitudinaria manifestación en Cataluña, que se repitió los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Diversos ayuntamientos realizaron consultas sobre la independencia entre los años 2009 y 2011. Ante estas manifestaciones de malestar, el gobierno central, lejos de abrir un diálogo, extremó su posicionamiento en contra.

El 2013 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” en la que se reclamaba la celebración de una consulta para decidir el futuro político de la región. En octubre del 2014, el Presidente de la Generalitat firmó un decreto para celebrar la consulta sobre la independencia. Inmediatamente, el gobierno español, negándose a la celebración de un referéndum, recurrió ante el Tribunal Constitucional, que suspendió la ley de consultas populares y, por lo tanto, celebrar el referéndum se convirtió en un delito constitucional. Como alternativa, se celebró un proceso participativo el 9 de noviembre de 2014 organizado por voluntarios que tuvo gran respuesta de la población.

Como respuesta a la prohibición de realizar una consulta con validez legal, el líder del grupo político “Esquerra Republicana de Catalunya” (ERC) exigió unas elecciones anticipadas para posteriormente, si los grupos independentistas obtenían una mayoría, proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. Las elecciones se celebraron el 27 de septiembre pasado y los partidos a favor del independentismo obtuvieron mayoría de escaños aunque no de votos. El 9 de noviembre, un año después de la consulta popular, el Parlamento de Cataluña ha aprobado la resolución de inicio de la independencia.

En un clima de campaña electoral, la respuesta del presidente Rajoy sigue siendo la de generar tensión contra Cataluña, oponerse al diálogo, bloquear el proceso e impugnar la resolución independentista. El PSOE, segunda fuerza política del Estado, apoya la decisión de Rajoy. La agrupación Podemos ha sido el único partido estatal que, aunque se ha mostrado contrario a la independencia, ha defendido el derecho a una consulta; de todos modos, su secretario general ha acusado de falta de credibilidad al líder de la coalición “Junts pel sí”, Artur Mas, ya que mientras defendía una consulta por la independencia en Cataluña negaba el apoyo a una consulta sobre la continuidad de la monarquía en España y destruía los derechos sociales.

Todo el proceso ha tenido una espectacular puesta en escena y constantes alegorías de los momentos de opresión del pueblo catalán, como las manifestaciones de 1.500.000 de participantes que permitían impactantes planos aéreos, las movilizaciones festivas de gran carga emotiva como la consulta gestionada por voluntarios, la comparecencia del presidente de Cataluña ante el Tribunal de Justicia, acusado por el gobierno central, el día de la conmemoración del fusilamiento de Lluís Companys o el acompañamiento hasta el tribunal de 400 alcaldes con sus bastones de mando. Todas ellas han sido demostraciones de apoyo a la independencia, sin violencia y con fuerte respaldo de la población.