Por Natasha Pitts

Organizaciones populares están presionando a las autoridades del estado de Río de Janeiro (sudeste de Brasil) para que la concesión a la iniciativa privada del estadio Periodista Mario Filho, más conocido como Maracaná, sea decidida por la población carioca durante un plebiscito. Treinta y tres diputados y diputadas ya acogieron la idea.

El pedido de realización del plebiscito fue enviado ayer (13) a la mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro (Alerj). En nota pública divulgada hoy (14), el Comité Popular de la Copa y de las Olimpíadas de Río de Janeiro afirma que la adhesión de los/las diputados/as es el resultado de la movilización popular realizada el último día 8, cuando el gobierno intentó realizar una «falsa audiencia pública”, en la que no se pretendía poner en pauta la privatización del estadio.

Fue durante el intento de realización de esta audiencia, que cerca de 500 personas, entre integrantes del Comité Popular de la Copa y de las Olimpíadas de Río de Janeiro, del movimiento ‘El Maraca es Nuestro’, del Frente Nacional de Torcedores, entre otros, se decidieron por el plebiscito popular como la mejor forma de deliberar sobre el futuro de la administración del estadio.

El evento realizado el último jueves no es reconocido por el Comité como una audiencia pública y por eso los/las activistas apoyan el plebiscito como modo de abrir verdaderamente el debate sobre el uso y gestión del estadio y de las instalaciones ubicadas en su entorno.

La nota pública del Comité también deja en claro que organizaciones, simpatizantes del fútbol, profesores, padres y alumnos, indígenas, usuarios del Complejo del Maracaná y demás ciudadanos de Río de Janeiro van a estar atentos a las decisiones de los parlamentarios que prestaron su apoyo, reclamando celeridad y compromiso con el caso.

En su manifestación pública, el Comité Popular de la Copa y de las Olimpíadas también recordó la situación del edificio donde funcionó, de 1910 hasta 1978, el Museo del Indio. La jueza de apelación María Helena Cisne, presidente del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF-2) anuló las dos medidas cautelares que impedían el derribamiento del edificio histórico y el desalojo de los indígenas que ocupan el espacio de la Aldea Maracaná.

Las medidas cautelares habían sido concedidas por la primera instancia de la Justicia Federal a pedido de la Defensoría Pública de la Unión (DPU). Dos acciones civiles públicas habían sido juzgadas e impedían el derribo del edificio y el desalojo de cerca de 20 indígenas de diversas etnias, que viven en el terreno donde se ubicaba el antiguo museo.

El Comité teme que el gobierno de Río de Janeiro actúe de manera precipitada y arbitraria aprovechando la decisión de la jueza de apelación e ignorando la necesidad del debate. Por esto, la nota pública, llama la atención sobre esta situación y hace un pedido.

«Alertamos a todos sobre la inminencia de una acción de desalojo y demolición en el lugar y convocamos a todos los militantes a solidarizarse con la lucha de los indígenas participando en la vigilia que se realiza en el lugar y haciendo circular esta información al mayor número de personas posible”, piden.

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