Por Fabiola Ortiz
Los pueblos indígenas no aparecen con metas específicas en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030, por lo que sus derechos seguirán rezagados y con poca visibilidad, especialmente en América Latina, alertan especialistas consultados por IPS.
Los expertos recuerdan que en los países latinoamericanos existen más de 200 conflictos en territorios indígenas, vinculados casi todos a las actividades de la minería y los hidrocarburos.
Ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en septiembre por jefes de Estado y de gobierno, durante una cumbre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, establecen explícitamente metas para los pueblos indígenas.
Así que ahora el debate es cómo asegurar que en la implementación de la nueva agenda se avance hacia un modelo de desarrollo sostenible que sí respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas.
En la opinión de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, la nueva agenda no reta el paradigma imperante.
“Debe ser una agenda transformadora y, por lo tanto, debería transformar el modelo económico, ser más inclusiva ambiental y socialmente. Debería reformar toda la economía para ser más sostenible, asegurar una protección social y realmente dar seguridad económica a los más marginados”, dijo en diálogo con IPS.
“Si no es así, no cambiará nada”, subrayó.
Tauli Corpuz lamenta que la inclusión de los indígenas en la Agenda 2030 sea tan débil y analiza que los pobladores originarios, “una vez más”, pueden quedarse rezagados en la conquista de derechos si no se hacen escuchar y presionan a los gobiernos nacionales y locales, opinó.
A juicio de la relatora especial, los ODS tienen una premisa transformadora, pero no contienen suficientes elementos para que nadie se quede atrás.
“Los pueblos indígenas deben estar aún más conscientes de los ODS para desafiar y presionar los gobiernos nacionales a tener sus derechos respetados”, destacó.
Tauli Corpuz consideró necesario que se creen indicadores específicos que puedan medir y monitorear, por medio de estadísticas, si las metas de desarrollo sostenible tienen algún impacto sobre la realidad que viven los indígenas.
“En mi opinión, no dejar nadie afuera significa dar visibilidad a las comunidades marginadas y, para ello, hay que evaluar los objetivos con indicadores estadísticos específicos. Si no, los indígenas no serán visibles”, argumentó.
“Desafortunadamente, no veo que eso esté tan explícito en la agenda de los ODS” como debiera, concluyó la relatora especial.
Para Fabiana del Popolo, experta de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), para la región un importante desafío de las metas específicas de los ODS será, precisamente, cambiar la mentalidad en que se sostiene la discriminación estructural contra los indígenas.
“Un reto es terminar con descolonizar América Latina. Los pueblos indígenas siempre estuvieron históricamente en una posición discriminada, resultado de largos procesos históricos que se iniciaron con la llegada de los conquistadores (españoles)”, expuso.
Analizó que a principios del siglo XX, todas las políticas hacia los pueblos originarios se basaban en asimilarlos a la cultura dominante. “Había que asimilar el indígena a la sociedad en general y aculturarlos”, dijo.
En los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados en el año 2000 y que ahora serán reemplazados por los ODS, los pueblos indígenas estaban “absolutamente ausentes”, reconoció Del Popolo a IPS.
En los ODS, a alcanzarse para 2030, los incluye en algunos de ellos, como el de la erradicación de la pobreza (uno), la lucha contra el hambre (dos) y la protección de los ecosistemas terrestres (15).
“No hay ningún objetivo específico para los indígenas. Solamente ellos están mencionados dentro de algunos, es muy poco”, admitió la funcionaria de la Cepal.
De hecho, “los grandes avances que se han dado a nivel regional en materia de los derechos de los pueblos indígenas han sido por resistencia de los propios indígenas y porque se han constituido en activos actores políticos, pero aún hay brechas que se profundizan”, arguyó Del Popolo.
El informe “Los pueblos indígenas de América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos”, publicado por la Cepal en noviembre de 2014, se indicaba que hasta ahora los modelos de desarrollo le fueron impuestos, negaron su cultura y los estigmatizaron como colectivos que impiden el desarrollo.
Los ODS no son suficientes para corregir estos errores, en especial respecto a sus derechos colectivos, consagrados en instrumentos como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, conocido como convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo.
“Hay disparidades entre marcos jurídicos de los países e igualmente en el diseño de políticas, tanto desde el punto de vista del contenido, como los recursos financieros que asignan a esas políticas. La implementación de los derechos es muy dispar y con contradicciones entre los países”, comentó Del Popolo.
En América Latina, existen alrededor de 45 millones de indígenas distribuidos en 826 grupos étnicos que representan a 8,3 por ciento de la población regional de unos 600 millones de personas.
Pero se carece de datos estadísticos de todos los países que puedan dar un panorama real de la situación en que viven los pueblos originarios en la región.
“Los países han comenzado a visibilizar estadísticamente a los pueblos indígenas. Tenemos un poco más de información, antes no teníamos nada”, analizó como positivo Del Popolo.
De acuerdo con los datos de los censos nacionales, México es el país con mayor número de indígenas en términos absolutos, con 17 millones, y le sigue Perú con siete millones.
En cuanto a aquellos con mayor porcentaje de población indígena, el primer lugar lo ocupa Bolivia, con 62,2 por ciento del total, seguido de Guatemala (41 por ciento), Perú (24 por ciento) y México (15,1 por ciento).
También es muy positivo para la especialista de la Cepal que “hoy podemos hablar de una agenda común de los pueblos indígenas en América Latina, desde el punto de vista de las demandas de las organizaciones. Ellos han demostrado tener una capacidad de articulación en foros regionales y subregionales que es admirable”.
