Angel Jozami
La reacción de los mercados el día después de la victoria electoral del presidente Barack Obama no dejó dudas: la crisis fiscal estadounidense concentra las preocupaciones de un establishment que no dará tregua ni período de gracia al reelecto mandatario.
El comportamiento de Wall Street, que perdió un 2% el miércoles pasado y siguió en baja el resto de la semana, ha impactado sobre el resto de los mercados bursátiles, energéticos, financieros y de commodities en todo el mundo, expectantes sobre la manera en que Obama enfrentará el difícil tema fiscal.
El denominado “precipicio fiscal” de Estados Unidos, que consiste en una fortísima reducción del gasto público combinada con una similar suba de impuestos a los más ricos, llevaría al país a una aguda recesión que provocaría un mayor desplome de la economía mundial.
La fecha clave es el 31 de diciembre próximo cuando vence el plazo de vigencia de los recortes impositivos introducidos por el ex presidente George W. Bush y cuando se produzca, también automáticamente, la reducción de los desembolsos fiscales en defensa y otros gastos sociales.
Las primeras declaraciones de Obama y también de algunos dirigentes republicanos están creando optimismo en los círculos políticos, no así en los empresarios que esperan ver los hechos antes de celebrar con subas sostenidas en las Bolsas y otros mercados.
En su primer mensaje tras su triunfo electoral, el presidente de Estados Unidos ha remarcado la importancia del “bipartidismo”, de la colaboración entre demócratas y republicanos, para solucionar los problemas más graves de la nación.
Por su parte, el presidente del bloque republicano en la Cámara de Representantes, John Boehner, un moderado opuesto a los radicales derechistas del Tea Party, se ha orientado en el mismo sentido que Obama al afirmar que “si hay un mandato claro en los resultados electorales, este es el de que tenemos que encontrar la forma de trabajar juntos”.
Pero frente a los 700.000 millones de dólares que le restaría a la economía el recorte de gastos y la suba de impuestos, equivalente aproximadamente a un 5% del PBI estadounidense, lo que se le exige a Obama y a los republicanos es arbitrar, como mínimo, un acuerdo de corto plazo que aleje el fantasma del 31 de diciembre.
Si hubiera una señal de que se proyecta un consenso bipartidario, el Tesoro y el gobierno podrían tomar las medidas adecuadas para extender el período de vigencia de gastos a recortar y retrasar la entrada en vigor del aumento de impuestos. Pero para ello debería haber concesiones de ambas partes.
Si los republicanos moderados logran aislar a los radicales de derecha y los demócratas conceden parte de las exigencias de aquellos para recortar gastos sociales, la posibilidad del acuerdo estará a la vuelta de la esquina.
La semana que comienza será, en este sentido, muy interesante por las señales que el gobierno de Obama pueda darle al Congreso con alguna iniciativa oficial que sea la base para la reapertura de las negociaciones de ambos partidos, hasta aquí marcadas por el recelo y el enfrentamiento.
Fuentes demócratas del Congreso apuntan a un endurecimiento de Obama en cuanto a su objetivo de restablecer el impuesto a las rentas más altas temporalmente derogado por Bush en su segundo mandato.
Pero esto, según analistas y operadores del mercado bursátil, no significaría necesariamente un incremento de los tipos impositivos, que es a lo que se opone rabiosamente el partido Republicano.
Algunos apuntan, incluso que Obama podría reintroducir el impuesto, pero no a partir de las rentas de 250.000 dólares anuales sino para las de un millón de dólares en adelante. Esta concesión a la derecha buscaría que ésta permita al gobierno recortar menos el gasto social.
De conjunto, esta hipótesis supondría que los republicanos perdieron las elecciones pero ganarían parcialmente el combate impositivo, pues Obama no incrementaría la alícuota del impuesto a la Renta o las Ganancias y dejaría fuera del tributo a una gran fracción de ingresos altos que antes de Bush lo pagaban.
Al mismo tiempo, los republicanos quieren que Obama ceda en los recortes a la Seguridad Social, desprotegiendo a los ancianos en atención médica y en los ingresos de sus pensiones y jubilaciones.
Pero, hasta aquí, todos estos no son más que aprestos para la gran batalla fiscal que apenas comienza.
Una batalla que es clave tanto para el empresariado que reclama decisiones que aseguren un cuadro de estabilidad para encarar sus negocios, como para los asalariados y jubilados que han votado a Obama para evitar el desmantelamiento de la Seguridad Social que destacaba en el programa republicano.
El presidente Obama, quien ha pedido insistentemente a Europa que encuentre un camino para solventar la crisis de su deuda soberana, sabe que debe encontrar una rápida y tranquila solución al tema fiscal ya que la situación en el Viejo Continente empeora.
El frenazo de la industria alemana, que ha motivado una seria advertencia de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), junto con el recrudecimiento de la crisis política en Grecia por una nueva ola de austeridad, indica un empeoramiento de la salud económica europea.
En el mismo sentido puede leerse el tira y afloje entre España y la Eurozona y el FMI. Este último ha recomendado al presidente Mariano Rajoy que deje de deshojar la margarita y pida el rescate al fondo de estabilización europeo, un camino que Madrid se niega a emprender.
El polvorín europeo que está poniendo en cuestión, incluso, la unidad territorial de países como España como lo muestra el reclamo de independencia de Cataluña, es un telón de fondo que Obama tiene muy presente y que lo obliga aún más a resolver el perentorio y peligroso problema fiscal de Estados Unidos.