Publicamos acá íntegramente la ponencia preparada por el Canciller del Ecuador, don Ricardo Patiño Aroca, para el III Simposio organizado por el Centro Mundial de Estudios Humanistas.
Estimadas amigas y amigos argentinos:
Es un honor poder dirigirme a ustedes para contarles la experiencia política que vive mi país, el
Ecuador, desde hace seis años. Y no solo en el ámbito político, sino en el social, en el económico, en el
cultural. Es decir, en todas las áreas de la vida de la gente, a la que un gobierno con profundo
compromiso social, atiende prioritariamente en aquellas demandas que por décadas estuvieron
relegadas por el neoliberalismo que imperaba en nuestros países. Deseo exponerles por qué nuestra
Revolución es profundamente humanista.
El escenario que hoy nos brinda este foro “Un nuevo humanismo para la nueva civilización” es ideal
para exponer los propósitos y los logros de la Revolución Ciudadana que vive el Ecuador. Una
revolución marcada por una premisa fundamental: la concepción y ejecución del Buen Vivir, una
filosofía heredada de nuestras raíces indígenas y que encierra una enseñanza muy valiosa para estos
tiempos convulsionados y agresivos con el entorno: el Buen Vivir se funda en una relación armónica
entre el hombre y la naturaleza; ya no podemos centrar la vida solo en el hombre como lo hacía la
visión antropocéntrica del pasado, hoy es imperativo entender que la vida del hombre no seguirá siendo posible si la separamos del destino de la naturaleza, de sus recursos vitales, del agua, de las tierras
fértiles, de los frutos que tan generosamente nos permiten reproducir la vida humana y la vida animal.
Si este foro tiene como gran cobertor conceptual y práctico el nuevo humanismo, nosotros creemos que
el nuevo humanismo ha de entenderse en esta relación armónica y respetuosa: el hombre depende no
solo del hombre, sino de su entorno, de la materialidad natural que por años ha sido explotada más por
las ambiciones de un sistema económico que prioriza las industrias agrediendo sin cautelas al ambiente,
que por un sistema que respeta el entorno y desarrolla una ética sobre los alcances de una economía que
debe tomar solo que se necesita para vivir, sin una permanente expoliación de los recursos naturales y
la “inundación” de productos industriales muchas de las veces innecesarios para la vida humana.
Bien dicen los anfitriones de este evento “el nuevo humanismo no es propiedad de ninguna cultura ni
puede ser cristalizado en tiempo histórico alguno. El humanismo está presente en todas las culturas
bajo distintas denominaciones y formas, y fluye hacia renovados significados del mismo modo como
transita la especie humana, de una manera dinámica desde la determinación hacia la libertad”.
Nosotros postulamos el Buen Vivir como un modo concreto y transcendente de asumir el nuevo
humanismo. Un modo que alude a una nueva conciencia del ser humano respecto al lugar donde vive y
se reproduce.
Para ello, el proceso político emprendido en el Ecuador desde 2007, impulsó primero una nueva Carta
Constitucional, que incluyera esta corriente de pensamiento y acción, y que desplegara en sus páginas
la ruptura con el antiguo sistema de entreguismo económico externo y la ausencia de políticas sociales
públicas.
Me voy a permitir contarles, de manera sucinta, cómo empezó nuestro proceso y los logros que hemos
tenido en los últimos años.
En enero de 2007 comenzó el proceso de mayor transformación política en el Ecuador del siglo XXI. Y
es que una vez posesionado el Presidente Rafael Correa, tomó la decisión de preguntarle al pueblo, en
una consulta popular, la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que tuviera como
objetivo sentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo, que contemplara un Estado más incluyente
y participativo. Un modelo de desarrollo en el que los seres humanos y la naturaleza se ubicaran en un
mismo plano de respeto e interdependencia. El pueblo le dijo que sí.
La Asamblea Constituyente se instaló y empezó a funcionar en noviembre de 2007. Su labor no fue
fácil, no solo por la complejidad que entraña la redacción de un texto constitucional, sino porque
priorizamos la participación ciudadana directa en este proceso. Nunca nuestro país vio tanta
participación, tanto actitud democrática en los ciudadanos, tanto compromiso político de los
asambleístas. Montecristi, el lugar donde se llevó a cabo esta Asamblea, nunca vio pasar tantos
movimientos sociales, colectivos alternativos, partidos, asociaciones de diverso signo, que llevaban
propuestas a la Asamblea y que eran recibidos y escuchados con respeto por los asambleístas. Lo que
allí se vivió demostraba fue entonces cuando abrimos la senda por la que hoy caminamos, y que nos ha
llevado, con toda legitimidad, al reencuentro de valores fundamentales: la dignidad, la igualdad y la
solidaridad. Valores que robustecen las bases de la convivencia democrática.
El Ecuador se propuso recuperar a sus instituciones y ponerlas al servicio de la ciudadanía. Espacios de
lo público como la educación, la salud o el desarrollo de sus sectores estratégicos fueron parte
fundamental de este cambio. Antes, lo eran el mercado, los intereses de la banca, las imposiciones del
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros más. Nosotros acabamos con eso.
Quiero decirles que la gestión del Presidente Correa ha logrado mantener una calificación positiva de
más del 70%. Recientes encuestas internacionales confirman al Compañero Presidente Rafael Correa
como uno de los presidentes con mayor aceptación popular en todo el continente americano.
Y aquí viene algo que nos compete directamente: también la política exterior de los gobiernos
neoliberales se caracterizó por someterse a la ideología de los centros de poder de algunas potencias
occidentales, y acataba, sin ninguna crítica, la políticas económicas que los organismos internacionales
señalaban (medidas enmarcadas en la filosofía ultra liberal de los “ajustes estructurales”). La vieja
diplomacia, sin ningún pudor, se injertó al tramposo protocolo de unas relaciones internacionales
complacientes con esos poderes globales.
Ese entreguismo no podía continuar; y en la Constitución de 2008 se trazó el camino de nuestra nueva
política exterior. Nuestra Constitución condena toda forma de imperialismo, colonialismo,
neocolonialismo, y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia y liberación de toda forma de
opresión. Reconoce al derecho internacional como norma de conducta, y demanda la democratización
de los organismos multilaterales y la equitativa participación de los Estados al interior de éstos.
La Constitución proclama la preeminencia de los derechos humanos, derechos que orientan las
decisiones del poder público. Llama a promover la conformación de un orden global multipolar con la
participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones
horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.
Convoca con urgencia a procurar la integración política, cultural y económica de la región andina, de
América del Sur y de Latinoamérica. En fin, amigas y amigos, la Constitución de 2008 hizo posible,
también, que reconociéramos los valores y las potencialidades del Sur. ¡Y cómo hemos avanzado en la
integración latinoamericana estos últimos años!
Otra categoría clave fue la soberanía. Porque actuar soberanamente implica no seguir ni aceptar las
órdenes de un poder ajeno a nuestra realidad y a nuestros propios intereses. Tenemos ahora un Estado
comprometido con las personas migrantes, especialmente aquellas que son obligadas a abandonar sus
países de origen para salvaguardar sus derechos y libertades. En ese marco, el Ecuador recibe cada año
a miles de colombianos, hermanos que huyen de la violencia en su país, y hallan en el Ecuador un lugar
seguro para continuar sus vidas en paz y con trabajo.
Aquí, la figura del refugio ha hecho posible otorgar protección a más de 56 mil personas, y brindarles
asistencia y solidaridad. Y todo, como una medida soberana de recibir a quien lo necesite
Porque los Estados no solo tienen la obligación de respetar los derechos humanos sino que deben
luchar contra los factores que vulneran sus principios esenciales, y eliminar las causas que llevan a su
quebrantamiento e incumplimiento. Por eso apreciamos y aplaudimos los esfuerzos de Colombia para
trabajar por la paz nacional y la reconciliación de todos los colombianos, lo cual conlleva, además, a
atender y remediar los problemas de orden humanitario. Quiero recalcarlo: Ecuador trabaja
incansablemente por asegurar la protección de los derechos humanos.
Y es en el contexto de la soberanía y el respeto irrestricto a los derechos humanos que el Ecuador
concedió asilo diplomático al ciudadano australiano Julian Assange. Esta concesión evidenció la
convergencia existente entre los distintos modos de asilo, los cuales constituyen una sola institución de
protección de los derechos humanos, definida por los mismos principios, por las mismas causas, y por
buscar idéntico objetivo, es decir, la salvaguardia de los derechos fundamentales de la persona humana
cuando se cierne sobre ella un poder despótico, que amenaza con violar principios y disposiciones. Es
ineludible recordar aquí que desde el momento en que el señor Assange pidió asilo en la Embajada del
Ecuador en Londres, en junio de 2012, la Cancillería del Ecuador realizó una exhaustiva calificación de
los fundados temores del recurrente, así como las pertinentes consultas con los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Reino Unido y Suecia; consultó con expertos en derecho internacional y aprovechó
el conocimiento y la experiencia de sus propios diplomáticos, sin descuidar ningún aspecto del pedido
de Assange, lo que nos llevó a tomar la decisión antes referida. En este proceso, se presentó también la
ocasión para reafirmar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, la igualdad jurídica de los
Estados, la soberanía y no intervención, principios que se vieron reforzados por declaraciones que en
tal sentido hicieron públicas la UNASUR, el ALBA y la OEA, como respuesta a las amenazas del
Reino Unido de invadir nuestra sede diplomática en Londres.
Nuestra intención, en estos casos, fue siempre respetar y hacer cumplir el derecho internacional y el
respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y no hay una sola letra en la
fundamentación jurídica de otorgamiento del asilo que no se respalde en la normativa internacional, y
también en la normativa que hace inviolable cualquier embajada de cualquier país del mundo.
Siguiendo la premisa del Buen Vivir, nuestra Constitución es la primera en el mundo en incorporar
los Derechos de la Naturaleza. Nuestra misión como gobierno revolucionario es posicionar estos
derechos en el ámbito internacional. Y consideramos este foro un lugar privilegiado para hacerlo.
Los derechos de la naturaleza deben ser el paradigma de la contemporaneidad. El Nuevo Humanismo,
queridas compañeras y compañeros, muy bien puede adoptarlos como un aporte que sustancie su valor
en el presente y modifique los parámetros que daban a los hombres supremacía en la tierra.
En la Carta de la Tierra del año 2000 se decía lo siguiente: «Estamos en un momento crítico de la
historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro… La elección es nuestra: o formamos
una alianza global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o nos arriesgamos a nuestra propia
destrucción y a la devastación de la diversidad de la vida». Nosotros creemos que tal disyuntiva ha sido asumida en los Derechos de la Naturaleza de nuestra Constitución y que su adopción es un primer paso
para defender el único lugar que tenemos para vivir y ser felices.
Ya en 2008 Leonardo Boff, ese gran pensador brasileño, visionario de los problemas del mundo,
escribía: “Si la crisis económico-financiera es preocupante, la crisis de la no-sostenibilidad de la Tierra
se presenta amenazadora. Los científicos que siguen el estado del Planeta, especialmente la Global Foot
Print Network habían hablado del Earth Overshoot Day, del día que se sobrepasaron los límites de la
Tierra. Y exactamente el 23 de septiembre de 2008 la Tierra sobrepasó en un 30% su capacidad de
reposición de los recursos necesarios para las demandas humanas. En este momento necesitamos más
de una Tierra para atender a nuestra subsistencia.”
Y agregaba: “¿Cómo garantizar la sostenibilidad de la Tierra ya que es la premisa para resolver las
demás crisis: la social, la alimentaria, la energética y la climática? Ahora ya no tenemos un arca de Noé
que salve a algunos y deje perecer a todos los demás.”
Pero lo más interesante lo escribió después: “La Tierra existe desde hace 4,4 mil millones de años. En
un momento avanzado de su evolución y de su complejidad empezó a sentir, a pensar y a amar. Es la
emergencia del ser humano. Con razón en las lenguas occidentales homo/hombre viene de humus,
tierra fecunda y Adam se deriva de adamah, tierra cultivable. Por eso el ser humano es la Tierra que
anda, que piensa, que siente y que ama, como decía el poeta indígena y cantor argentino Atahualpa
Yupanqui.”
“Para sentir a la Tierra como Madre no es suficiente la razón dominante, que es funcional e
instrumental. Necesitamos enriquecerla con la razón sensible, emocional y cordial en donde se enraíza
el sentimiento profundo, se elaboran los valores, el cuidado esencial, la compasión y los sueños que nos
inspiran acciones salvadoras. Nuestra misión en el conjunto de los seres es la de ser los guardianes y
los cuidadores de esta sagrada herencia recibida del Universo.” Qué pensamientos tan profundos y bellos, tan actuales, tan sentidos. ¡Qué manera de entender al
hombre fundido en la tierra y no como supremo ser que la camina y la exprime!
Siguiendo a Boff les propongo formalmente que militemos a favor de los Derechos de la Naturaleza en
todos los lugares del planeta. Empecemos aquí, en la bella Buenos Aires que estos días ha recibido del
cielo lluvias torrenciales que la han inundado como nunca y que los expertos explican como un
fenómeno natural por el cambio climático… Empecemos aquí, estimadas amigas y amigos, y hagamos
de este encuentro del Nuevo Humanismo la sede de la lucha por los derechos de la naturaleza en el
mundo. Es una tarea inaplazable. Y para lograrlo es crucial empezar por humanizar la economía. Como
dice siempre el Presidente Correa: la preeminencia del ser humano por sobre el capital, nunca más el
hombre al servicio del capital.
Ahora quiero dar un testimonio de nuestro trabajo gubernamental, es decir, de los ejes y logros de la
Revolución Ciudadana en el Ecuador. ¡De la Revolución del Buen Vivir!
Los ejes que sostienen e impulsan a la Revolución Ciudadana son: el desarrollo humano, los derechos
de la naturaleza, una nueva arquitectura financiera, la integración regional, la soberanía, la
diversificación productiva y el comercio justo. Todos estos son conceptos que ya se conocían pero que
nuestro proceso político le ha dado un contenido y una proyección nuevos, para que la población se
sienta identificada con la filosofía y con los objetivos de nuestro proceso revolucionario.
A partir del 2007 se han impulsado una serie de cambios estructurales en el Estado, en la gestión
pública y las políticas económicas, ambientales, sociales y culturales.
En primer lugar, nuestro país comprendió que, para invertir en el mejoramiento de la calidad de vida de
la población, eliminar la pobreza y promover el desarrollo, era necesaria una política económica
soberana, libre de ataduras y de condicionamientos externos, que tanto daño habían causado al país.
Ecuador marcó así un hito en la historia de las relaciones económicas internacionales al impedir, desde
el 15 de enero del año 2007, que instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional dictaran las políticas públicas de un nuevo Ecuador soberano.
Se realizó una auditoría integral de la deuda, realizada entre el año 2007 y 2008. Los indicios de
ilegalidad e ilegitimidad encontrados en la auditoria, sirvieron al Gobierno para emprender un proceso
de recompra de esta deuda al 35% de su valor nominal. Esto evitará el pago, entre principal e intereses,
de casi 9.000 millones de dólares entre el 2.009 y el año 2.030.
El resultado ha sido una disminución significativa del porcentaje del PIB destinado al servicio de la
deuda pública: de un 9,1% en el 2006, al 3,1% en el 2011. Actualmente, nuestra deuda pública es del
23% del PIB, en comparación con 33% hace apenas 5 años, y el 100% 12 años atrás.
Por otro lado, se ha duplicado la recaudación de impuestos; aquellos que no pagaban, y no porque no
tuvieran, todo lo contrario; sino por su falta de compromiso con el país, ahora lo tienen que hacer. Este
es un Gobierno que hace respetar la ley. La recaudación ha aumentado también porque la población ha
desarrollado, en muy poco tiempo, una cultura tributaria, en tanto han podido comprobar los réditos
palpables en su propio bienestar. Ahora sí podemos decir que el Estado somos todos y todas.
El recorte de la deuda pública, la honradez y eficiencia en la recaudación de impuestos, y la
renegociación de los contratos petroleros, han sido la base financiera que ha permitido triplicar la
inversión en educación, salud e inclusión social.
Antes de la renegociación de los contratos petroleros, bajo la modalidad de contratos por participación,
el Estado recibía entre el 30 y el 35% de los ingresos generados por la explotación petrolera. Con los
nuevos contratos, el 100 porciento del crudo es del Estado. Si el precio del barril sube, esta diferencia
es del Estado. A las empresas se les reconoce una tarifa fija por cada barril que produce de alrededor de
USD 30 a USD 35.
El año 2011 y el primer semestre del año 2012 el precio por barril estuvo alrededor de USD 95, de lo
cual el Estado recibió USD 60 por cada barril producido, esto es cerca del 65 % del valor para el
Estado. Es decir, pasamos de recibir el 35% a recibir hoy en día el 65% de forma directa. Acabamos
con lo que el escritor y amigo ecuatoriano Jaime Galarza Zavala llamó “El Festín del Petroleo”.
Entre otros logros relevantes de la Revolución Ciudadana hemos impulsado la más grande obra vial de
la que la historia del Ecuador tenga memoria, reconocida hasta por los más conspicuos contradictores
de nuestro Gobierno.
El Ecuador tuvo el porcentaje de inversión pública respecto al PIB más alto de América Latina y el
Caribe en el 2011, ubicando al país como el segundo de la región que más ha disminuido su tasa de
pobreza, según la CEPAL.
Quiero recordar a ustedes que en el año 2011, el crecimiento del Ecuador ocupó el tercer lugar de
Latinoamérica, situándose por en el 7,8%.
El desempleo abierto bajó del 8% en el 2006 al 5% en el 2011. El subempleo, por su parte, cayó del 57
% al 44%; 13 puntos en cinco años. En suma, la ocupación plena aumentó del 35% al 51%, un salto
espectacular, que sin embargo no debe eclipsar la ingente labor que aún queda por realizar en este
terreno, hasta eliminar definitivamente todas las inequidades.
No obstante, los datos de por sí son extremadamente positivos; pero lo son aún más si constatamos que
simultáneamente el salario real aumentó en ese mismo período. La capacidad de compra de una familia
típica ecuatoriana alcanzaba el 67% del valor de la canasta básica en el año 2006. En enero del año
2012, esa misma familia ecuatoriana puede adquirir el 93% de la misma canasta básica.
Según estas cifras, la teoría económica más convencional ha sufrido una nueva derrota en nuestro país.
Siempre nos enseñaron que, para aumentar el empleo, se debían bajar los salarios o precarizar las
condiciones laborales; esto es lo que nos recetaron las instituciones financieras internacionales, las
mismas recetas que hoy brindan a algunos países europeos. Nosotros ahora ya sabemos que esto es
falso.
Hemos aumentado el empleo, hemos aumentado el salario real, y por último, hemos sacado a
centenares de miles de ecuatorianos de la vergonzosa precariedad laboral sufrida durante las últimas
dos décadas de predominio neoliberal.
En el año 2008 eliminamos la tercerización laboral, la cual permitía operar a empresas que
jurídicamente no tenían un solo trabajador. Todo esto para no tener la obligación de afiliar a sus
trabajadores al seguro social, para poder pagar salarios de hambre, negándoles además el 15 % de
utilidades que la legislación ecuatoriana les concede como derecho. Y, especialmente, para impedir el
ejercicio del derecho a la organización sindical.
En el año 2007, cuando llegamos al gobierno, el Ecuador era otro. Era un país en el que a las
trabajadoras domésticas se las mantenían bajo un régimen legal infrahumano, su salario promediaba los
80 dólares mensuales, mientras el salario mínimo legal para el resto de trabajadores era de 160. El
horario de trabajo superaba las 10 horas, no ganaban horas extras, no tenía derecho a sobresueldos ni a
vacaciones, tampoco era obligatoria su afiliación a la seguridad social. Algunos medios de
comunicación que hoy atacan al gobierno nunca denunciaron esto. Tampoco instancias del sistema
interamericano de derechos humanos u organizaciones nacionales o internacionales que hoy atacan al
gobierno.
Este año 2012 y después de 6 años de Gobierno, la situación de las empleadas domésticas ha cambiado
radicalmente; su salario mínimo es de 292 dólares, igual al conjunto de trabajadores, tienen derecho a
recibir sobresueldos, es obligatorio el pago por las horas extras que laboren así como la afiliación a la
Seguridad Social. El impacto de estas medidas ha beneficiado a más de 62.000 familias.
En el sector salud, ampliamos las consultas médicas de 14 millones en el 2006 a 34 millones en el año
2011. Este dato explica en gran medida el avance positivo en los indicadores de salud.
Por otra parte, el Estado ha impulsado una política pública nunca antes registrada, a favor de los
Derechos Humanos de las personas con discapacidad, cuya cobertura de atención ha rebasado los
límites internacionales, en América Latina y otras latitudes. Todo esto ha sido encabezado por el
compañero Vicepresidente Lenin Moreno.
Uno de los temas que caracteriza al Ecuador de la Revolución Ciudadana es el de la ciudadanía
universal. Nuestro país reconoce y protege los derechos de todas las personas en situación de movilidad
y de los migrantes y sus familias. Se ha creado un marco institucional y de política pública único para
atender a los nacionales que viven en el exterior, los cuales suman más de 2 millones. También
protegemos a quienes buscan protección en nuestra patria, como los más de 56 mil refugiados, la
mayoría de ellos colombianos.
Protegemos a todos aquellos compatriotas que tuvieron que huir de su propio país, empujados por una
gestión calamitosa de aquellos gobiernos secuestrados por la oligarquía financiera. Ya lo dije al
principio, pero vale la pena repetirlo; estos grupos financieros, los banqueros, llevaron a nuestro país a
la más grave crisis económica de su historia, generando un éxodo masivo al exterior.
El punto culminante se produjo con la mayor expropiación de recursos privados en Ecuador por parte
del Gobierno del señor Yamil Mahuad. Este triste personaje, dispuso el denominado congelamiento
bancario, que no fue otra cosa que la confiscación de los depósitos de una inmensa mayoría de
ecuatorianos y ecuatorianas. Con excepción, por supuesto, de los grupos de poder, que tenían la
información anticipada de lo que iba a suceder, y pudieron retirar sus depósitos antes de la hecatombe
financiera. Se afectó fundamentalmente a la clase media, reduciendo el valor de sus recursos en un 60
%.
En mayo pasado, presentamos nuestro segundo Examen Periódico Universal, ante el Consejo de
Derechos Humanos. El gobierno de la Revolución Ciudadana mostró en ese importante foro los logros
alcanzados en la promoción y protección de los derechos humanos, algunos de los cuales les he
expuesto anteriormente. Fuimos reconocidos con comentarios positivos por 56 países de los 74 que
ocupaban ese foro.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha apostado por los nuevos procesos de integración regional,
llamada a superar la institucionalidad hemisférica o subregional hasta ahora existente. Las propuestas
de Nueva Arquitectura Financiera Regional, con iniciativas como el uso del Sistema Único de
Compensación Regional (SUCRE) dentro del ALBA, en la creación del Banco del Sur, así como el
papel relevante que ha jugado dentro de la conformación de UNASUR, para mantener una plataforma
política en la región, así como de la CELAC.
Se ha generado una doctrina regional destinada a velar por la seguridad institucional de los Estados, y
promover un modelo de complementación productiva que permita aprovechar las enormes reservas de
energía y materias primas que posee el continente.
ALBA
Hemos trabajado por la solidez del ALBA. El ALBA es hoy un mecanismo de integración regional
solidario, sólido, institucionalizado y operativo, que depende de un conjunto de instituciones y
acuerdos que han incrementado la cooperación social, política, comercial, financiera y económica de
los miembros.
El ALBA, que nació como una respuesta política a las intenciones de los EUA de crear una Zona de
Libre Comercio Hemisférica, ha evolucionado al punto de pasar de ser un foro político a un bloque de
integración regional institucionalizado y plenamente operativo.
UNASUR
La UNASUR, conformada por 12 países, es cada vez más un referente regional. El fortalecimiento de
UNASUR también se ha visto impulsado por el fortalecimiento de su estructura, con la creación del
Consejo Electoral y del Consejo de Seguridad y Delincuencia Organizada Transnacional. El primer
órgano nos permitirá, como región soberana y autónoma, ser nuestros propios árbitros cuando se trate
de realizar la tarea de la observación de los procesos electorales de los Estados miembros. Así,
reforzaremos la democracia en nuestros países e incrementaremos nuestros ámbitos de soberanía, sin
necesitar la aprobación de organismos internacionales o de terceros países.
Banco del Sur
Es uno de los tres pilares de la nueva arquitectura financiera regional, junto con el SUCRE y el Fondo
del Sur, el Banco del Sur —en el marco de UNASUR— nace con la finalidad de constituirse en un
fondo regional de reservas internacionales de países de la región que puedan ser canalizadas en créditos
destinados a financiar el desarrollo económico, social bajo parámetros de sostenibilidad.
La relevancia de la iniciativa no sólo gira en torno a su función si no a su constitución que refleja la
prerrogativa de operar con la modalidad un país – un voto que rompa la perversa dinámica hegemónica
antidemocrática de ponderar el poder de decisión al monto de los aportes. Sus miembros (Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela) han autorizado un capital de US $20.000
millones, con un capital suscrito de US $7.000 millones que ascenderá a US $7.000. Con la entrada en
vigor de su convenio constitutivo; tras la ratificación Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay y
Venezuela, y la pendiente ratificación de Brasil y Paraguay; el Banco del Sur ha sido formalizado
jurídicamente y está presto a operar.
Quiero referirme también a un tema que atañe a la soberanía de los Estados y a elementos jurídicos
internacionales. Es importante que se lo conozca aquí y en la comunidad internacional.
Todavía persiste un injusto esquema internacional que pretende privilegiar a la empresa privada sobre
el Estado y los intereses de la mayoría; aún se pretende privilegiar al capital por encima del ser
humano. Hace pocos días en el CIADI, dos de los tres árbitros, fallaron en contra del Ecuador para
sacar de Estado y del pueblo ecuatoriano cerca de 2,300 millones de dólares.
Posición sobre el CIADI
Para el Ecuador, el llamado Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
CIADI, tiene una estructura funcional y operativa que dificulta la defensa de los derechos e intereses de
los países en desarrollo.
Un problema fundamental de esta instancia es el relacionado con la competencia, imparcialidad e
independencia del Centro. La conformación del Tribunal Arbitral, la imparcialidad e independencia
están comprometidos por la forma como se designan los tres jueces o árbitros, pues uno debe ser
nombrado por cada una de las partes.
El tercero arbitro es designado por mutuo acuerdo entre las partes, pero si no se logra dicho acuerdo,
este árbitro es designado por al CIADI o el Banco Mundial, lo cual generalmente favorecer al
inversionista.
La independencia del CIADI es asimismo dudosa, considerando que el Centro pertenece al Banco
Mundial, el cual ha debido atender reclamaciones de empresas que son de propiedad del mismo Banco
o en las cuales tiene acciones, lo que determina que el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (Banco Mundial) actúe como juez y parte en estos procesos arbitrales.
El CIADI tampoco ha sido garantía de trato igual y no discriminatorio, como lo demuestra la cantidad
de fallos dictados por el Centro a favor de las empresas.
De igual manera, el CIADI tiene el grave inconveniente relativo al procedimiento y funcionamiento del
Tribunal Arbitral referido al hecho de que no exista una instancia superior ante la cual acudir para la
revisión de sus decisiones.
Por otra parte, el CIADI incurre en varios excesos en la medida que garantiza los derechos del
inversionista sin exigirle obligaciones; privilegia a los inversores extranjeros por encima de los
inversores locales al permitirles sustraerse de la jurisdicción nacional de los Estados; y, celebra juicios
contra Estados soberanos en procesos secretos y prohibiendo audiencias públicas.
Por los motivos expuestos, el Ecuador ha asumido una posición crítica ante el CIADI y denunció este
mecanismo arbitral. Dicha denuncia se produjo en el año 2009, de acuerdo a solicitud del Presidente de
la República, Rafael Correa Delgado, a la Asamblea Nacional para que procediera conforme el artículo
419 de la Constitución, relativo al procedimiento de denuncia de Convenios internacionales.
Ecuador procedió a denunciar el CIADI para ajustar la legislación nacional a la Constitución de
Montecristi del año 2008. Esta necesidad se desprende de las disposiciones del artículo 422 de la
Constitución que prohíbe la celebración de tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado
ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias
contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas jurídicas o privadas.
Siguiendo el mandato constitucional del artículo 422, Ecuador también ha procedido a denunciar
algunos de los Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de Inversiones –TBI- vigentes, para
eliminar efectivamente la permanencia de las denominadas cláusulas CIADI1 en la legislación nacional.
Posición sobre el caso OXY y el fallo del CIADI
El Acuerdo Farmout, mediante el cual OXY transfirió el 40% de sus participaciones a Alberta Energy
Corporation (AEC), contiene una cesión de derechos no autorizada por el Estado ecuatoriano
(Ministerio de Energía y Minas) violentando así el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos.
Por tanto, Ecuador sostiene que no debe indemnización alguna a la empresa OXY ya que su conducta
constituye una violación de la Cláusula 16.1 del Contrato de Participación2 y una violación de la ley
ecuatoriana.
El Tribunal Arbitral carece de competencia para conocer la demanda de OXY ya que de acuerdo a la
ley ecuatoriana y al Contrato de Participación, la caducidad no es materia de arbitraje y, por lo tanto,
sólo es posible impugnarla ante las Cortes ecuatorianas.
La compañía violó el Tratado de promoción y protección recíproca de las inversiones, suscrito entre el
Ecuador y los Estados Unidos, al no haber notificado de su controversia al Estado ecuatoriano con seis
meses de anticipación, previo al inicio del arbitraje.
Según la compañía OXY, el Estado ecuatoriano violó el Tratado antes mencionado por cuanto el
decreto de caducidad representa una sanción desproporcionada a la luz del derecho internacional y
violó los principios de trato justo y equitativo, no discriminación, así como su obligación de proteger la inversión efectuada por Occidental. El Tribunal constituido para este caso emitió un laudo a favor de
las demandas presentadas por OXY.
En la demanda, la compañía solicitó una indemnización de US$ 3.370 millones, pero mediante el laudo
los jueces le otorgan US$ 1.770 millones por este concepto, más los intereses. Esto suma más de USD
2,300 millones.
El Tribunal reconoció la cesión de derechos no autorizada y la violación del Contrato de Participación
y la Ley ecuatoriana, por cuanto la empresa no obtuvo previamente la autorización del Ministerio de
Energía y Minas para la transferencia de derechos a AEC, en octubre de 2000, mediante la firma del
Acuerdo Farmout. A pesar de ello, le otorga a la compañía el derecho a recibir el 100% de la
indemnización que reconoce el Tribunal en su laudo.
El fallo arbitral reconoce que OXY violó la Cláusula 16.1 del Contrato de Participación, por lo cual los
daños otorgados a dicha compañía fueron reducidos en un 25%, bajo el argumento del Ecuador sobre la
culpa compartida, es decir, que la conducta ilícita de OXY contribuyó directamente al procedimiento
de caducidad.
El laudo emitido por el Tribunal no fue unánime, contó con el voto disidente de la árbitro, profesora
Brigitte Stern, de nacionalidad francesa, quien no concuerda con los otros dos árbitros en cuatro
cuestiones preliminares fundamentales relativas al monto de la compensación:
– La Ley 42-20063 no viola el Contrato de Participación y, por tanto, debió ser considerada en el
cálculo de los daños.
– La ecuatoriana Ley Interpretativa del IVA no viola el Contrato de Participación y, por tanto,
debió aplicarse al calcular daños a favor de la compañía.
– El porcentaje a aplicarse en la culpa compartida debió ser del 50%. La culpa de OXY con
anterioridad a la emisión del Decreto de Caducidad.
– Debía otorgarse a OXY solo el 60% del valor de la indemnización (Acuerdo Farmout).
Ecuador presentó un recurso de nulidad a la sede del Tribunal, en base a argumentos similares a los
emitidos por la profesora Stern, los cuales se recogen en tres puntos principales:
– Existencia de serias desviaciones de las reglas fundamentales del procedimiento.
– El Tribunal no ha conseguido explicar las razones en las que basar sus decisiones.
– El Tribunal excedió sus competencias de forma manifiesta.
El Gobierno ecuatoriano considera que existe una total desproporción entre la causa que motivó la
demanda y la sanción que el CIADI pretende imponer al país, lo cual pone de relieve la manera como
el CIADI se aboca a la defensa de los intereses privados sin importar las consecuencias económicas que
sus fallos pueden tener en el país afectado.
Otro hecho significativo que abona a favor de la posición del Ecuador es el que se refiere a la decisión
de la empresa OXY de acudir directamente al CIADI prescindiendo de la jurisdicción ecuatoriana,
cuando en realidad la demanda debió someterse a los jueces nacionales como paso previo a llevar el
caso a cualquier instancia internacional.
De este modo, la empresa OXY ha desconocido que el Ecuador es un Estado de derecho y de justicia,
con un ordenamiento jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones y penaliza la ilegalidad.
Para terminar, distinguidas amigas y amigos, un evento como este nos ratifica la fe en la humanidad,
nos concilia con las más altas aspiraciones de nuestros pueblos. Tenemos que seguir luchando por la
justicia social, tenemos que desaparecer las disparidades de un modelo económico excluyente, tenemos
que inundar de justicia los sistemas comerciales, tenemos que robustecer los procedimientos de
movilidad humana, tenemos que procurar en todos los países la ciudadanía universal, tenemos que
humanizar la economía.
Muchas gracias.
