A 90 kilómetros de Junín de los Andes, una asamblea vecinal en Las Coloradas logró suspender la realización de audiencias para la apertura de una mina extractiva de cobre. Defienden el río Catán Lil, que provee de agua a toda la región.
El Boletín Oficial de Neuquén del 12 de junio fue el momento de quiebre. Anunciaba que la multinacional Southern Copper, una de las mineras más cuestionadas del continente, pretendía explorar en busca de cobre. Ya nada fue igual para Las Coloradas, la tranquila localidad del sudeste neuquino. Nació una asamblea, se conformaron grupos de apoyo en Aluminé, Junín y San Martín de los Andes, y ganaron las calles: más de 300 personas marcharon en una localidad con mil habitantes. Cuestionan la actividad extractiva y defienden el río Catán Lil, que provee de agua a la región. El Poder Judicial suspendió, a pedido de los vecinos, una audiencia pública (paso inicial para la instalación de la empresa).
Las Coloradas está ubicada a 90 kilómetros de Junín de los Andes. Son aproximadamente veinte manzanas de casas bajas y calles de ripio. El río Catán Lil da vida a la región. A menos de treinta minutos de auto sobresalen montañas con nieve (las conocidas cumbres del Chachil y Sierras del Catán Lil) y, según geólogos, cobre y oro en sus entrañas. En esas alturas nacen los cursos de agua que alimentan a la zona.
La multinacional Southern Copper fue autorizada por el gobierno de Neuquén para explorar la zona y, de confirmar la riqueza mineral, explotar los yacimientos conocidos como “Las nenas” y “la voluntad”. La compañía opera en México, Chile y Perú. En este último tiene un accionar muy conocido, a cargo del cuestionado proyecto “Tía María”, que ya ocasionó represiones y una decena asesinatos de activistas sociales. En México provocó un derrame, en 2014, de 40 millones de residuos tóxicos de sulfato de cobre en ríos.
Nadie en Las Coloradas sabía del emprendimiento minero. La información comenzó a circular de la mano de vecinos y organizaciones de la región. Y surgieron las reuniones en el salón comunitario de la parroquia del pueblo. Sorprendió la numerosa concurrencia. Nació la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Las Coloradas.
Otro factor fundamental, la afectación de los territorios de las comunidades mapuches (Cayulef, Namuncurá, Cayupán, Paineo y Felipín). Los pueblos indígenas cuentan con derechos que obligan a que el Estado obtenga el consentimiento de las comunidades originarias cuando se pudieran afectar sus territorios y forma de vida. La comunidad Felipín ya expresó su “más enérgico rechazo a la minería” y denunció que la actividad “pone en riesgo la vida de la comunidad y de los pueblos cercanos”.
Foto: Negro Ramírez
El 7 de agosto se realizó una histórica marcha en Las Coloradas. Bajo el lema “No a la mina. Sí a la vida”, más de 300 personas (en una localidad de mil) caminaron alrededor del pueblo con sus carteles de rechazo al extractivismo. Se sumaron asambleas de Junín y San Martín de los Andes, Loncopué, Aluminé, Zapala y de la capital provincial. Y todas las comunidades mapuches de la región.
El intendente, Lucrecio Varela, concurrió a una de las asambleas. Prometió que no hará nada a espaldas del pueblo e impulsó una ordenanza que prohíbe la “minería contaminante”. Desde la asamblea dieron la bienvenida a la norma, pero también reconocieron que deja zonas grises que pueden posibilitar la instalación de mineras.
La provincia y la empresa planificaban una audiencia pública (es un paso administrativo obligatorio para comenzar a explorar). Pero fijaron como lugar de audiencia un sitio muy alejado (a más de una hora de vehículo y donde no existe transporte público). “Hacen todo a espaldas del pueblo”, denunció Sandra Ferrero, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).
La Asamblea presentó un amparo. El Poder Judicial le dio la razón y suspendió la audiencia por falta de información oficial. Fue el primer freno al emprendimiento.
Desde la Asamblea explican que la herramienta más importante fue la información, que nunca provino de fuentes oficiales, sino de organizaciones sociales, de otras asambleas, de medios de comunicación alternativos. “No sabíamos nada de minería, pero aprendimos y no dejamos que nos mientan”, explicó Fernando Mena, joven asambleísta. Al mismo tiempo, en la vecina Aluminé ya se redactó un proyecto que prohíbe la minería.
Se sucedieron charlas, panfleteadas y marchas. También llegaron enviados de la empresa y del gobierno provincial. Prometieron que se puede hacer “minería sustentable”, dijeron que habría trabajo y que no se afectarían los cursos de agua.
Luego de los hechos de San Juan (donde Barrick Gold derramó más de un millón de litros de solución contaminante con cianuro), los vecinos volvieron a marchar. En pocos días juntaron firmas (casi la mitad del padrón electoral), se reunieron con el Intendente y concejales, y les pidieron que explícitamente rechacen ante la provincia el proyecto minero.
En paralelo, la minera contrató sociólogos que se instalaron en la localidad. El cura Martín Goettle afirmó que “buscan estudiar a la comunidad y buscar apoyos a la minería”. Desde la Asamblea ya los definieron como “operadores mineros que hacen espionaje” para la Southern Copper y los declararon “personas no gratas”.
Foto: Negro Ramírez
Los antecedentes de Neuquén
Neuquén cuenta con antecedentes recientes de resistencia a la megaminería. En 2011, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia hace cincuenta años, autorizó a una compañía china a instalarse para explotar un yacimiento en cercanías de la localidad de Loncopué (en el oeste provincial). La comunidad se organizó y realizó un plebiscito en junio de 2012. Ocho de cada diez rechazó la megaminería. El director de Minería de Neuquén, Carlos Portilla, minimizó los posibles riesgos de la actividad de la Southern Copper y prometió que no habrá contaminación. El gobernador, Jorge Sapag, fue más allá: “Neuquén es una provincia minera. Hay que estudiar el proyecto”. El informe de impacto ambiental que la minera presentó para exploración afirma que obtuvo el visto bueno de la comunidad mapuche Felipín. Pero Juan Romero, de la comunidad, lo desmintió terminantemente y anunció que iniciarán acciones legales contra “el mentiroso informe ambiental”. Romero precisó que se debe cumplir el Convenio 169 de la OIT, tratado internacional vigente en Argentina, que obliga a consultar a las comunidades.
