Por Olga Rodríguez
Un plató de televisión. Varios periodistas y tertulianos entrevistan a un integrante del Gobierno español. Entre las preguntas, las ya habituales que se repiten cada vez que alguien del Partido Popular acude a un programa de televisión:
Periodista 1: ¿Cuándo va a derogar el Gobierno su ‘Ley Mordaza’, condenada por organismos de derechos humanos internacionales, que limita enormemente nuestro derecho de expresión, reunión, manifestación e información?
Periodista 2: ¿Cómo es posible que en una democracia hayan aprobado una ley que contempla penas de prisión para quienes difundan por redes sociales la convocatoria de una manifestación que termine en disturbios?
Periodista 3: ¿Qué dice usted al hecho de que el propio The New York Times haya calificado las leyes mordaza como antidemocráticas?
Tertuliano 1: Pero conteste, ¿es compatible con la democracia multar asambleas desarrolladas en espacios públicos? ¿O multar con 30.000 euros a quienes intenten detener un desahucio?
Tertuliano 2: ¿Por qué no reconocen que quieren desarticular la movilización ciudadana para que no sea evidente que llevan a cabo políticas contrarias a los intereses de la mayoría?
La escena se repite también en las entrevistas a cargos del Gobierno en radios y en prensa escrita. Son preguntas insistentes y diarias que les acorralan. Es un tema que nos afecta a todos y por eso se insiste en ello.
También hay otra cuestión que acosa a los representantes del Ejecutivo: las reiteradas advertencias de Naciones Unidas al Gobierno español por seguir negando derechos a las víctimas del franquismo. Allá donde va, Rajoy se encuentra con este tipo de preguntas, como las formuladas recientemente en un plató en televisión:
Periodista 1: Señor Rajoy, la ONU insta a España a derogar la Ley de Amnistía e investigar los crímenes del franquismo. ¿Por qué no lo hacen?
Periodista 2: Naciones Unidas ha vuelto a reprender a España por no extraditar a cargos franquistas imputados en la querella argentina. Si no los extraditan, la ONU les recuerda que deben ser juzgados en nuestro país. ¿Por qué lo están incumpliendo, señor Rajoy?
Y así, a todos los cargos del Gobierno en cada intervención pública. Los derechos humanos son un asunto muy serio.
Ahora abrimos un ojo. Amanece. Suena el despertador. Ponemos la radio. Alguien pregunta a un político de la oposición sobre su presunta vinculación a Venezuela. Cambiamos el dial. Rajoy habla en comparecencia pública sobre Cataluña, solo admite dos preguntas.
En una tertulia de la tele, con un representante del Partido Popular, periodistas y políticos debaten sobre las vacaciones de Manuela Carmena y se tiran los trastos a la cabeza. Llevan días con el mismo asunto. Las vacaciones, y la flor. Nadie le recuerda al del PP que Naciones Unidas insiste al Gobierno para que cumpla los derechos de las víctimas del franquismo. Total, ¿qué interés puede tener que seamos el país del mundo con más fosas comunes -más de 100.000 desaparecidos- después de Camboya?
En las tertulias del día tampoco someten al PP a un tercer grado machacón por el notable aumento de la precariedad y la desigualdad en España. Ni se habla de las leyes mordaza. Ya se abordó el asunto cuando entraron en vigor. Lo que pasa todos los días no es noticia. Excepto si pasa en Venezuela, claro. Donde esté Venezuela, que se quiten nuestros problemas, nuestros recortes, nuestra desigualdad, nuestra reducción de derechos fundamentales, nuestras circunstancias.
