El proyecto que fue presentado por el senador Juan Manuel Abal Medina, obtuvo dictámen favorable de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y presupuesto y Hacienda. Según el texto, el cuerpo de profesionales -que estará en la órbita de la Secretaría de Justicia-, tendrá representantes en todo el país, que ingresarán por concurso público.
De 100 denuncias presentadas, sólo cinco llegan a juicio.
Por Infojus Noticias, fotos de Mariano Armagno
El proyecto para la creación de un cuerpo de abogadas y abogados gratis para las víctimas de violencia de género avanza en el camino a convertirse en ley. Esta tarde obtuvo dictamen de las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda. La iniciativa fue presentada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina, y tiene el apoyo de legisladores de distintos bloques.
“De cada 100 denuncias de violencia de género presentadas, sólo 5 llegan a juicio, y esta desproporción está directamente relacionada con la falta de abogados que respondan de manera gratuita y efectiva para llevar adelante los casos. No nos podemos olvidar nunca que detrás de esos números hay historias de vida marcadas por la violencia”, dijo Abal Medina durante su exposición esta tarde ante sus pares.
El senador estuvo acompañado por la coordinadora de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación, Raquel Asensio, quien explicó “cuando las mujeres se presentan sin patrocinio jurídico la calidad de atención no es la deseada, hay una tendencia o resistencia a cumplir con las normas establecidas. Por eso nos parece que contar con patrocinio gratuito es imprescindible para lograr un buen tratamiento judicial de estos casos”.
La propuesta busca garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de cualquier tipo de violencia de género, en consonancia con la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, votada en 2009. Entró en el circuito legislativo el último 18 de agosto. Ayer fue presentada con una charla debate en el Salón Azul en el que participaron expertas y referentes en la temática. “Alcances y desafíos sobre el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia de género”, fue el título de la charla que encabezaron Fabiana Túñez, directora de la Casa del Encuentro; Raquel Asensio, de la comisión de género de la Defensoría General de la Nación; la periodista especializada Mariana Carbajal; Corina Fernández, presidenta de la asociación civil Hay una Salida; y la periodista Ingrid Beck, en representación del colectivo Ni una menos.
Qué dice el proyecto
El cuerpo de abogadas y abogados estará bajo la órbita de la Secretaría de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La apuesta es una representación jurídica gratuita, responsable y experta. Según el proyecto, el cuerpo tendrá representantes en todo el país, que ingresarían mediante “concurso público de oposición y antecedentes” y tendrían “una instancia obligatoria de formación especializada” en la temática.
“El informe presentado en 2015 por la Argentina ante la Comisión que monitorea los avances sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas da cuenta de la insuficiencia de recursos de patrocinio jurídico especializado y gratuito. Allí se detalla que la provincia de Buenos Aires cuenta con siete organizaciones no gubernamentales (ONG) y una dependencia gubernamental que brindan este servicio. En la Ciudad de Buenos Aires también son siete las ONG y hay once dependencias gubernamentales que dan patrocinio jurídico gratuito. Chaco, Córdoba, Formosa y Mendoza cuentan con una ONG cada una para brindar patrocinio. Para el resto de las provincias no se posee información sobre servicios de esta índole”, señala el texto en sus argumentos.
Además de brindar asistencia a las víctimas, buscará desarrollar mecanismos de coordinación y cooperación con otros organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, entre otros. En el texto del proyecto también se plantea celebrar convenios, promover capacitaciones, ente otras tareas.
El acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género es en cumplimiento de la Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. A su vez, busca hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos reconocidos y consagrados en esas y otras normativas.
El proyecto ya cuenta con el apoyo de senadores de diferentes bloques como Gabriela Michetti, del PRO; el legislador del Partido Socialista Rubén Giustiniani, y Marina Riofrío y Pedro Guastavino, ambos del Frente para la Victoria.
