«La Justicia chilena no cambió con la transición ni pidió perdón» dice el politólogo Garretón

Manuel Antonio Garretón es politólogo y sociólogo. Se doctoró en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, y en 1983 obtuvo la beca Guggenheim. Desde 1994 es profesor titular del departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Después de la dictadura de Pinochet, coordinó los “grupos de emergencia de las Ciencias Sociales”. En esta entrevista con Infojus Noticias, da un pantallazo sobre la dictadura y sus crímenes, la transición y los juicios de derechos humanos, para entender cómo un país tan cercano a la Argentina tiene una sociedad aún tan dividida por la dictadura.

-¿Cómo se gestó el golpe en Chile, en 1973?

-La sociedad chilena en ese momento vivía un proceso de alta movilización y polarización. Los sectores que apoyaban a Allende se expresaban en la izquierda: hay que recordar que ya antes de esa época en Chile había una imbricación entre movimientos sociales y partidos políticos. Por un lado, la izquierda de la Unidad Popular y la de los sectores de fuera, que apoyaban al gobierno pero no eran parte de él. Por otro lado, la derecha estaba liderada por sectores más duros del Partido Nacional, pero también con grupos parapolíticos de terrorismo armado como Patria y Libertad, grupos claramente golpistas. El golpe militar expresó lo que se llamó “consenso de término” entre los militares: no estaba claro qué proyecto querían, sólo estaba claro que querían terminar con la Unidad Popular de Allende. Y a diferencia de países como Brasil o Perú, el proyecto político no surgía de ellos mismos: eran militares bastante primitivos e ignorantes. La incapacidad de la Democracia Cristiana para expresarse democráticamente hizo que la tarea de los militares fuera la eliminación de la Unidad Popular: eso quedó simbolizado en el bombardeo de la Moneda y en el suicidio -homicidio frustrado- de Allende. Hubo una especie de euforia de triunfalismo de sectores civiles que apoyaron el golpe que se expresó en el Champañazo de la noche del 11 de septiembre. Esto genera un clima de legitimación interna de la represión. Los militares, sin proyecto, tomaron el discurso más duro de Seguridad Nacional que hasta entonces no existía y se hizo hegemónico.

-¿Cómo fue la transición democrática?

-Hay que evitar el maniqueísmo de decir que, como el capitalismo mundial o la derecha chilena ya no necesitaban la dictadura, entonces se llegó a la democracia. La democratización como una estrategia de la dictadura. Aquí hubo un proceso de institucionalización de la dictadura. Con la constitución del ’80, que consideraba dos momentos: una primera constitución del ’80 al ’88 que institucionalizaba al régimen militar tal cual había sido instaurado, sólo que convertido en constitucional, con Pinochet como jefe de Estado y la Junta de Gobierno como Poder Legislativo. Un régimen militar puro. A partir del ’88, producto de la presión internacional, se establece en la Constitución que se pasa a un régimen de democracia que en términos técnicos es un régimen “autoritario no militar” con apoyo civil y poder de veto militar, en que el jefe de Estado seguía siendo Pinochet. Para pasar de una cosa a otra establecía un mecanismo con connotación democrática como un plebiscito, sólo que a partir de un solo nombre propuesto por la junta de gobierno. Si votaban que sí, se mantenía a Pinochet por 8 años más, y si no, se procedería a elecciones presidenciales al año siguiente.

-¿Qué pasó después?

-Después de mucho debate interno en la oposición, se llegó a la visión de que la única posibilidad de salir de la dictadura era ganar una elección. Así es como la institucionalización de la dictadura facilitó la salida de la oposición: en el momento en el que se ganaba el plebiscito, quedaba claro que la oposición sería gobierno. Por eso se produjo lo que no había habido en otro país del mundo: toda la oposición, salvo un sector pequeño pero importante del PC, entró al gobierno. Eso no pasó en España, Brasil ni Argentina. Pero para eso hubo negociaciones, entre el plebiscito y las elecciones, que significaron un cambio moderado de la Constitución y la irrupción de sectores de oposición que asumieron el gobierno. La conclusión es que era posible realizar transformaciones más profundas ganando elecciones.

– ¿Cuál es la interacción entre la represión y el modelo económico que instauró la dictadura chilena?

-La dictadura chilena fue exitosa en imponer un modelo neoliberal y no necesitó un Menem o un Cardoso. Hay que tomar en cuenta que el proceso “revolucionario” chileno era el más avanzado de toda América Latina. Se estaba en presencia de una sociedad movilizada sin mecanismos de resolución de conflicto: el Congreso había declarado ilegítimo al gobierno de Allende, al igual que la justicia. A esa altura, queda deslegitimada y sobrepasada la negociación, que era la forma tradicional de resolver conflictos, ya que Chile no había tenido dictaduras militares. El núcleo del programa socialista era la construcción de un sector estatal en la economía. En ese contexto, el Congreso sancionó una ley que reguló las expropiaciones. Allende la vetó, el Congreso insistió y no había cómo resolverlo, ya que el tribunal constitucional se declaró incompetente. Frente a esa situación, las fuerzas armadas dieron el golpe y el objetivo en un primer momento es estrictamente la estabilidad económica y el orden político. En Chile disminuyó el número de estudiantes universitarios, de empleados públicos, de obreros: un proyecto de largo plazo para disminuir el papel del Estado. Y eso sedujo a los militares.

-¿Por qué?

-Porque si disminuye el Estado, disminuye el reclamo y la política. Es la idea de la privatización total, de hacer regir toda la economía a partir de principios puros de mercado. Los sectores empresariales estaban tan ideologizados con su lucha contra Allende que no se dieron cuenta de que se trataba de un capitalismo sin capitalistas. Entonces muchas empresas quebraron y hubo un contacto con sector financiero internacional, que contaba con liquidez. Era la única forma de la dictadura de salir al exterior, que estaba deslegitimada en todo el mundo salvo en los sectores financieros.

-¿Por qué tantos chilenos reivindican a Pinochet públicamente?

-En el sistema político chileno, hasta el golpe se hablaba de tres tercios: el centro, la derecha y la izquierda. Pero no eran exactamente tres tercios. Hubo siempre una derecha que estuvo ligada al sector empresarial y al latifundiario. Que hizo política hasta el ’70 y que desde entonces se dedica a conspirar, pero que tenía el peso que no tenía en Argentina. Y no hay una derrota militar como la de Malvinas que tire abajo el gobierno: hay un plebiscito. Es un tiempo largo de 17 años que produce una institucionalización. Y hay una derecha construida para apoyar la dictadura, que es la Unión Democrática Independiente (UDI), el principal partido de derecha que en estos días acaba de elegir un candidato de las juventudes pinochetistas, Pablo Longueira. Pinochet obtuvo en el plebiscito el 44%. Es decir que llevó el voto de la derecha de un tercio al 44%. Y logró imponer una Constitución. No la reformó: sacó una nueva. Esa Constitución contó con el apoyo de los militares, de la derecha y es el marco que obligó a los partidos de la oposición, si querían llegar al gobierno y derrotar a Pinochet, a seguir con esa Constitución. Lo que consiguió hacer la oposición en el gobierno fue corregir el modelo económico, hacer reformas institucionales, pero todo eso no superó el modelo neoliberal ni el modelo institucional hecho para mantener el sistema. Ése es el gran tema de hoy. La sociedad chilena, por su sistema político, quedó dividida entre quedarse o superar el movimiento político. La sociedad argentina no es la sociedad de la dictadura, la brasileña tampoco. La chilena sí, y lo es en democracia.

-¿Se intentaron juzgar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?

-Ha habido juicios, sí, y están presos los altos jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la policía secreta de la dictadura. Y se intentó juzgar a Pinochet: se lo había desaforado y en eso estaban cuando se murió. La primera comisión, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, a imagen de la CONADEP argentina, se hizo en 1990. Pero no tenía jurisdicción y no pasaron los casos al Poder Judicial, que no cambió con la transición. Hay militares condenados en cárceles demasiado privilegiadas, porque las Fuerzas Armadas mantuvieron al dictador como comandante en jefe durante 8 años más, hasta 1998. No son el Ejército derrotado de Argentina. Hasta 1997 se hicieron esfuerzos por juzgar, en un clima de impunidad que se empieza a romper con la detención en Londres de Pinochet.

-¿Qué rol cumplió el Poder Judicial chileno?

-Nunca pidió perdón, aun cuando ha mejorado mucho respecto de los juicios. Al día de hoy, por ejemplo, comenzaban los interrogatorios al general Matthei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que habría sido el jefe de la Academia de Guerra Aérea cuando torturaron y asesinaron al padre de Michelle Bachelet, Alberto. Juicios ha habido. Por ejemplo al general Manuel Contreras, aunque la cantidad de presos es baja. Respecto del movimiento social, hay que decir en que toda la dictadura militar estuvo la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Hubo un movimiento de la comisión de derechos humanos y de la Iglesia Católica, ya que fue en ella donde convergieron los movimientos de derechos humanos. La diferencia con las Madres de Plaza de Mayo es que ellas se constituyen como símbolo porque no hay otra cosa. En Chile ese movimiento existió, lo que pasa es que además hubo un movimiento político y eclesiástico que lo canalizó, y  a su vez jugó un papel importante la institucionalización de la dictadura para frenar esos juicios.