El pasado 15 de octubre la Corte Constitucional de Colombia ratificó el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, en el que se establece la objeción de conciencia por razones étnicas y de limitaciones físicas al servicio militar obligatorio. Además la Corte hizo énfasis en la ambigüedad de la Ley, al decir que este tipo de objeción también podría llegar a ser por cuestiones religiosas, filosóficas o políticas, aunque estás no se encuentren establecidas en el artículo 27. Pues ya en diferentes ocasiones muchos jóvenes por medio de la tutela han podido hacer uso de este legitimo derecho (la objeción) para negarse a prestar el servicio militar.
Durante estos últimos años, algunos jóvenes han venido organizándose en torno a este tema, ya que para muchos de ellos: “el papel de todos los objetores y objetoras de consciencia en Colombia es poner frente a la militarización, a la opresión, a la violencia, pero no de una manera individual, pasiva y egoísta sino activa y colectiva.”, dice Cristian Henao, objetor por conciencia, a quien el ejército hace un mes desacuarteló, debido a la presión generada por organizaciones juveniles y de derechos humanos, entre ellas la Red Juvenil de Medellín (RJ) y la Fundación Periodistas por la Paz (FUPERPAZ).
Esta organización juvenil lleva trabajando 17 años en la promoción de una cultura de no violencia, la defensa de los derechos humanos y el empoderamiento juvenil, en una sociedad en la que son constantemente estigmatizados y señalados por ser participes de proyectos dirigidos a la transformación social. Por su parte, la Fundación Periodistas por la Paz es una reciente organización de derechos humanos, que lleva trabajando poco menos de ocho meses, y que se ha fortalecido durante los últimos dos meses, debido al compromiso que ha asumido frente a los problemas del movimiento estudiantil y de los jóvenes objetores de conciencia.