El documento fue rubricado por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, en un acto privado que se cumplió en la sede de la Cancillería local.
Varias voces del espectro político nacional, incluido partidos, ven en el citado pacto una violación a la soberanía colombiana y una amenaza a la estabilidad y la paz en la región.
En virtud del mismo -hasta donde han informado Washington y Bogotá- habrá permanentemente en Colombia por lo menos mil 400 soldados estadounidenses, 800 de manera directa y otros 600 bajo condición de contratistas, lo cual es considerado por varios países como un peligro real para el hemisferio.
Colombia y Estados Unidos sostienen que este acuerdo está dirigido a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, argumento que muchos consideran, incluidos gobiernos vecinos, como un pretexto para encubrir las verdaderas intenciones geopolíticas del Pentágono en la región.
En tanto, hasta el momento no se conocen detalles del acuerdo y crecen las preocupaciones en tono al tema de la inmunidad, aspecto sensible para muchos colombianos, toda vez que son conocidas las prácticas de los militares estadounidenses en sus bases desplegadas por el mundo.
Desde que se anunció este acuerdo militar entre Estados Unidos y su principal aliado en Suramérica, Colombia, en la región se levantó una ola de rechazo por las implicaciones que entrañan la presencia de tropas norteñas al sur del río Bravo, en un contexto donde se producen cambios sustanciales y progresistas en varios países del área.
