El ex ministro de Finanzas de Ecuador, Diego Borja, subraya que la deuda griega es “ilegal e insostenible”.
La auditoría impulsada por el Parlamento constató que menos del 10% del rescate acabó en las arcas públicas del país
“El resultado de la auditoría es clarísimo: la deuda griega a 2015 es ilegal, ilegítima e insostenible”, sentenció el ex ministro de Finanzas de Ecuador Diego Borjael el viernes pasado en Barcelona. En una rueda de prensa para detallar los resultados de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia, impulsada a instancias del Parlamento heleno, Borja señaló que “casi la totalidad de la deuda griega sirvió para trasladar dinero público a los bancos alemanes y franceses”.
Los resultados del estudio que ha llevado a cabo un equipo de 15 expertos internacionales coordinados por el politólogo belga Éric Toussaint, junto a otros tantos expertos griegos, indican que la mayor parte del primer rescate a Grecia, concedido en 2010, fue a parar a los bancos europeos, principalmente alemanes y franceses, que eran titulares de gran parte de la deuda helena. “Menos del 10% ingresó en el presupuesto público de Grecia, y para ello se utilizaron mecanismos no estipulados ni en las leyes europeas ni griegas”, denunció Borja.
“Los gobiernos alemán y francés, para proteger a sus bancos, que tenían el 80% de la deuda griega, decidieron que la reestructuración no se debía llevar a cabo, pues las entidades tendrían que haber asumido quitas. Así que gracias a este rescate, el 80% de la deuda griega pasó a manos públicas”, ha subrayado Sergi Cutillas, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y participante en la Comisión. “Hay que recordar que entonces Jean-Claude Trichet era presidente del Banco Central Europeo; Dominique Strauss-Kahn, del FMI; y Christine Lagarde, ministra de Finanzas francesa”, destacó. En el segundo rescate “se compensaron las pérdidas de los bancos griegos con 40.000 millones de euros y se dieron 35.000 millones en concepto de endulzante, como le llaman, a los inversores privados internacionales”, afirmaba Cutillas.
Medidas fracasadas
Ese trasvase de recursos, destacaba Borja, trajo de la mano la aplicación de duras medidas de austeridad. “Ese hecho económico y político ha significado una catástrofe social”, sentenciaba, a la vez que subrayaba algunas cifras: el paro alcanzó el 27%, la pobreza afecta al 34% de los niños griegos, y el Producto Interior Bruto (PIB) ha caído un 25% desde 2010. Este retroceso, recalca Borja, “le impide completamente pagar la deuda”. “La austeridad se convierte en un camino de suicidio para el pueblo griego, ya que le impide recuperar la productividad, pero las instituciones europeas la siguen imponiendo tozudamente”, criticó el ex ministro de Finanzas de Ecuador, un país que declaró ilegítima parte de su deuda.
“Si la línea de austeridad se muestra como claramente ineficaz, la pregunta es por qué la siguen impulsando”, cuestionaba Borja. A su juicio, ello no responde a criterios técnicos ni económicos, sino de “política y poder”. “Cuando Syriza gana las elecciones planteando no sólo el fin de la austeridad, sino también la posibilidad de una Europa no neoliberal, el establishment europeo pretende imponer un escarmiento, antes de que pueda surgir una alternativa democrática en otros países, por ejemplo en España”, mantiene.
En la misma línea se ha expresado Daniel Munevar, asesor del ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis: “Las condiciones del fondo de rescate no están siendo decididas en base a motivos técnicos, sino políticos”. “El mismo FMI, en un documento interno que circulaba el pasado viernes, señala que sin una reestructuración de la deuda el actual programa propuesto no funcionará”, ha explicado Munevar. En este sentido, recalca que “la contribución más importante del informe es mostrar cómo, desde 2010, el FMI es consciente de que sin una reestructuración profunda de la deuda no se asegura el crecimiento que requiere el país para pagarla”.
“Subvención encubierta” a los bancos griegos
La Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública de Grecia ha centrado su análisis en el periodo que transcurre entre 2010 y 2015, que incluye los dos rescates, pero también ha estudiado la evolución de la deuda pública griega desde 1981, cuando esta alcanzaba el 20% del PIB y el país iniciaba su andadura europea. En la siguiente década, la deuda se disparó hasta el 100% del PIB. “Principalmente por tipos de interés excesivos que no se correspondían con el nivel de solvencia del país, y que fueron pagados principalmente a bancos griegos. Hemos llegado a la conclusión de que fue una subvención encubierta”, indicó Cutillas. Además, insistió, se produjo un gasto excesivo en armamento –la mayor parte del cual fue a parar a Alemania y Francia-, parte del cual se vio salpicado por casos de corrupción: “Inversiones de las cuales no hay facturas, material que nunca llegó, compra de aviones sin motor…”, según enumabraba.
Tras los sucesivos rescates, y el trasvase de fondos públicos a entidades bancarias europeas, la deuda pública griega ha superado el 170% de su PIB. “El debate estos días es si se debe perdonar la deuda a Grecia, y se nos dice que serían los contribuyentes los que perderíamos. Pero es necesario entender que hubo un cambio de manos; con las reglas de la economía de mercado, los bancos debían haber asumido esas pérdidas”, subraya Cutillas.
Ante esta situación, el referéndum convocado por el gobierno griego, en principio para el próximo domingo 5 de julio, es la única opción de “volver a situar la democracia por encima”, en opinión de los ponentes de Barcelona. Si el ‘no’ a las propuestas de la troika triunfase en el referéndum, defiende Borja, existe un margen de maniobra para eludir el “castigo” de las instituciones europeas: “El arsenal del establishment europeo está lanzado, pero el gobierno tiene todo un arsenal jurídico para demostrar que el castigo que se le quiere imponer a Grecia con su salida del euro no sería sostenible jurídicamente con ninguna ley ni tratado europeo”, concluye Borja.
