Las Américas a través de la OEA se convierten en la primera región del mundo en contar con una Convención para la protección de los derechos de las Personas Mayores

15 de junio de 2015 – Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron hoy la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en la Asamblea General de la institución, y de inmediato la firmaron los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay en la sede principal del organismo hemisférico en Washington DC.

El objeto de la Convención –el primer instrumento regional de su tipo en el mundo-, es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayores, para contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. El punto de partida de la Convención es el reconocimiento de que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales existentes se aplican a las personas mayores, y que deberían gozar plenamente de ellos en igualdad de condiciones con los demás.

“Este es un paso muy importante para todos. Nuestro lema de ‘Más derechos para más personas’ está totalmente en la lógica de la Convención, que reafirma la dimensión hemisférica de nuestro trabajo, en este caso el compromiso de asegurar la más plena vigencia de los derechos de las persona mayores, teniendo en cuenta sus necesidades y especificidades”, afirmó el Secretario General Luis Almagro durante la firma del documento, el cual insta a los Estados a adoptar las “medidas legislativas o de otro carácter” que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de los adultos mayores, incluyendo campañas de concientización.

En la actualidad, las personas con 60 o más años de las Américas representan el 14 por ciento del total de la población del hemisferio (más de 135 millones de personas). En 2030, cerca de dos de cada cinco personas tendrán 60 o más años, y en total habrá más de 215 millones de personas mayores en las Américas. La Convención permitirá reforzar las obligaciones jurídicas de respetar, promover y realizar esos derechos humanos de las personas mayores. Su ratificación conllevará la obligación de los Estados parte de adoptar medidas, a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

Para que la Convención entre en vigor es necesario que un mínimo dos países firmantes la hayan ratificado.