Por Ann Kahtrin Pohlers
Millones de personas padecen hambre y están desplazadas a raíz del conflicto armado entre el gobierno y fuerzas opositoras de Sudán del Sur, que comenzó a fines de 2013 y no tiene muestras de que vaya a cesar.
Mientras continúan los combates, la quema, destrucción y el saqueo generalizados complican los esfuerzos de ambas partes por conquistar el control de los yacimientos petrolíferos del norte del país.
“Sudán del Sur está trabado en un horrendo ciclo de conflicto y abusos y no ha habido absolutamente ningún tipo de justicia para ninguno de estos horrendos abusos”, aseguró Skye Wheeler, investigadora de Human Rights Watch (HRW) para Sudán y Sudán del Sur, radicada en Nairobi.
Hasta la fecha, 10.000 personas murieron y dos millones huyeron de sus hogares a raíz del conflicto.
Las organizaciones humanitarias califican la situación de grave crisis humanitaria.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció la violencia brutal practicada en las últimas semanas contra niños, niñas y civiles en general, que incluye la quema de pueblos enteros y la violación y el asesinato de mujeres y niños de hasta siete años.
Los estados de Unity y Jonglei son los más afectados. No queda claro quién es responsable de la violencia y destrucción de propiedades.
Se calcula que las fuerzas en conflicto reclutaron ambas a unos 13.000 niños menores de 15 años, en un acto que constituye un crimen de guerra, no solo en Sudán del Sur sino también para el derecho internacional.
Otra preocupación es el desplazamiento de la población civil y la destrucción de los cultivos agrícolas.
“La gente debería estar plantando en este momento, y en cambio, están huyendo”, observó Pawel Krzysiek, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Juba, la capital de Sudán del Sur.
Ahora que la temporada de lluvias se acerca rápidamente, las comunidades agrícolas del estado de Unity necesitan plantar sus cultivos para asegurar una buena cosecha, algo imposible debido a los combates. Muchos no tienen más remedio que depender de la ayuda alimentaria.
Según la organización humanitaria Oxfam, dos tercios de la población padece inseguridad alimentaria, y 7,8 millones de personas se encuentran en las “fases 2, 3 y 4 de inseguridad alimentaria“, próximas a la hambruna generalizada.
Se prevé que el número de personas que pasan hambre suba a 4,6 millones a fines de julio, lo que representa 40 por ciento de la población. La organización humanitaria calcula que 800.000 personas padecen “niveles de emergencia de hambre, con una escasez extrema y peligrosa de alimentos”.
Un comunicado difundido el miércoles 27 por Oxfam advirtió que este último análisis “se llevó a cabo antes de la reciente escalada bélica, por lo que se espera que, para miles de personas en Sudán del Sur, el panorama sea incluso peor ahora”.
La población infantil sufre una desnutrición de “nivel crítico” en 80 por ciento de los condados de los estados del Alto Nilo, Warrap y Bahr El Ghazal.
La dependencia de la ayuda alimentaria aumentará a medida que empeore el desplazamiento de población. El acceso a los más necesitados es cada vez más difícil, según los trabajadores de ayuda humanitaria.
“El CICR brinda alimentos y medicinas a unas 120.000 personas. Muchas son desplazadas como consecuencia de los combates”, indicó Krzysiek.
Más de dos millones de personas se encuentran desplazadas, y aproximadamente 500.000 están completamente aisladas de los servicios.
El conflicto armado no solo afecta a la población civil, sino que también limita las opciones y la capacidad de trabajo de varias organizaciones humanitarias.
Krzysiek afirmó que instalaciones médicas en los estados de Unity y Jonglei fueron atacadas y destruidas intencionalmente, y las organizaciones de ayuda debieron evacuar al personal para garantizar su seguridad.
La CICR tuvo que trasladar su base de la ciudad de Kodok a Oriny, en perjuicio de la población civil.
“El hospital de Kodok es el único en su región y, por lo tanto, muy importante. La gente ahora tiene un acceso aun más limitado a los servicios sanitarios y los alimentos, debido a la insuficiente infraestructura del país”, explicó Jean Yves Clemenzo, desde la sede del CICR en Ginebra, a IPS.
La posibilidad de que las organizaciones humanitarias suspendan sus operaciones sería un desastre para la mitad aproximada de los 12 millones de habitantes de Sudán del Sur que dependen casi por completo de la entrega de suministros de ayuda.
Unicef calcula que, cuando termine el año, habrá entregado ayuda para satisfacer las necesidades humanitarias de los niños y niñas del país por valor de 165 millones de dólares.
A HRW le preocupa el agravamiento del conflicto. En los últimos dos meses se documentaron decenas de casos de arrestos arbitrarios, golpizas o torturas sufridas por civiles a manos de fuerzas sin identificar.
“Parece que estamos viendo una repetición de fines de 2013, cuando las fuerzas del gobierno pasaron por estas zonas quemando, saqueando y destruyendo”, comentó Wheeler.
Sudán del Sur alcanzó la independencia en 2011, lo cual puso fin a 20 años de guerra independentista que se cobró 2,5 millones de vidas. Pero la paz duró poco.
En diciembre de 2012 una lucha de poder entre el presidente, Salva Kiir Mayardit, y su entonces vicepresidente, Riek Machar, se intensificó cuando se acusó a Machar de intentar derrocar a Mayardit.
La guerra estalló de nuevo el 15 de diciembre de 2013, y desde entonces la violencia no deja de azotar al “país más nuevo” del mundo.
En marzo de este año fracasaron las negociaciones de paz auspiciadas por la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en Addis Abeba, la capital de Etiopía.
En respuesta, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas impuso sanciones al país, en una resolución que amenazaba con prohibir los viajes y congelar los activos de personas o entidades que fueran “responsables, cómplices, o que participaran directa o indirectamente en acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Sudán del Sur”.
Editado por Kanya D’Almeida / Traducción de Álvaro Queiruga
