Carabineros asesinados
En la madrugada del 97 aniversario de la fundación de Carabineros, tres suboficiales son asesinados en el camino entre Cañete y Tirúa, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío; evento considerado como uno de los peores ataques de que se tenga memoria en contra de esta institución y ante lo cual el gobierno decreta duelo por tres días y el presidente encabeza una reunión de emergencia durante la madrugada en el palacio de gobierno.
Las primeras noticias dieron cuenta de que eran funcionarios de la Comisaría de Orden Público (COP) que realizaban patrullajes en el camino y que, posterior a perder comunicación con ellos, fueron encontrados, con impactos de bala y quemados en el pick up del vehículo. Actualmente, versiones de prensa dan luces de que los sucesos se desarrollaron en dos lugares, que las investigaciones en busca de pistas están centradas en Quilaco Bajo y Antiquina y en la búsqueda de sujetos de interés relacionados al crimen organizado que operan en el sector (tráfico de drogas, robo de vehículos y de madera), no existiendo aún detenciones relacionadas directamente con los homicidios.

Yáñez y su salvataje
En el contexto de estos homicidios, desde la Fiscalía Nacional se ha cedido frente a la presión que venía realizando la defensa del Director de Carabineros, General Yáñez, quien sería formalizado por acusaciones de violaciones de DDHH el 8 de mayo próximo, lo que obligaba al ejecutivo a pedirle la renuncia a contar de los primeros días de mayo. Dicha formalización se postergó para el 1° de octubre.
Esta situación es la que buscaba abiertamente la derecha y más solapadamente el ejecutivo. Este corrimiento caracteriza la práctica sistemática de falta de igualdad frente a la ley, ya que obviamente ninguna persona sin “poder” puede obtener un corrimiento de una fecha de formalización en un proceso judicial que lo afecte. Un nuevo precedente del descaro de la elite en Chile, y de su desidia en la destrucción de los pilares fundamentales, como es la división de poderes y la igualdad frente a la ley para un Estado de derecho.
Esto se suma a la impunidad de los casos de violaciones a los DDHH acaecidos en 2019, en la revuelta popular.
Todo esto le hace un flaco favor a sanar el desprestigio de las instituciones del orden, y profundizan la galopante polarización y desigualdad en la sociedad chilena, con efectos inimaginables para la convivencia nacional en el futuro cercano.

Urgencia e improvisación legislativa
Dado los acontecimientos, el Congreso se activó rápidamente para avanzar en materias de seguridad, donde las derechas buscan usar estos hechos para dar manga ancha a las fuerzas policiales, de manera “express”.
Por un lado, la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, se propuso y despachó a sala la nueva Ley Antiterrorista, ya que la actual habría quedado en desuso por inefectiva.
Recordemos que ésta es fuertemente nombrada en relación a hechos de violencia ocurridos en la “macro zona sur” y al “conflicto mapuche”. En relación a esto, el profesor y abogado de la Universidad Católica de Chile, Sebastián Donoso, señala “en términos generales creo que las etiquetas como ‘conflicto indígena’ o ‘conflicto mapuche’ sólo simplifican la realidad y no permiten apreciar la cantidad y complejidad de variables que influyen en la grave situación que se vive en la macrozona sur”.
Es más, el abogado Javier Couso, experto en Derecho Constitucional y director del Doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, llamó a “no legislar en caliente” al señalar que no existe una ley, aludiendo a lo que considera un rol más simbólico que práctico de la ley antiterrorista, que ayude a prevenir este tipo de actos, señalando “Eso, más bien, es producto de algo que también llevaba durmiendo cerca de seis años en el Congreso, que es la ley de inteligencia”, y considera lo acontecido como un ataque dirigido a una institución policial y no técnicamente terrorismo, pues este último busca desarticular la vida social de manera completa.

Esperamos, con escepticismo, que no se olviden en el parlamento de que Chile suscribió la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO, con su claro artículo 15, de DDHH; cuyo primer inciso dice: “Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con esta Convención se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.” (La ratificación fue publicada en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2005).
Por otro lado, las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Constitución fueron convocadas a sesionar de forma excepcional tras el asesinato de los funcionarios de carabineros, para avanzar en la tramitación del proyecto que establece reglas para el uso de la fuerza (boletín 15805).
Resulta desconcertante que los elementos de la propuesta gubernamental que no prosperaron, fueran el principio de proporcionalidad, una parte de los principios de racionalidad y de rendición de cuentas, más el rechazo del artículo que establecía la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre las reglas del uso de la fuerza.
Si los discursos políticos apuntan a lograr un clima país de paz y no violencia, ¿por qué el interés y urgencia está en legislar medidas represivas y mantener facultades para ejercer la violencia inhumana?

Hacia una sociedad sin violencia
Lograr una sociedad sin violencia significa construir una sociedad equilibrada emocionalmente, donde el valor central sea el ser humano y el respeto y aprecio por él sea la base de las relaciones (trata a los demás como quieres que te traten) y, consecuentemente, a la noviolencia activa como metodología de acción para abordar los conflictos.
Superar la degradante desigualdad económica, abrir las oportunidades para las nuevas generaciones sin exclusiones, superando los privilegios y materializando un compromiso concreto, palpable por una dirección política que construya derechos sociales en educación, salud y vivienda dignas para las actuales mayorías excluidas, son cuestiones relevantes para la superación del estado de violencia que nuestra sociedad hoy padece. Las injusticias, son el caldo de cultivo para la normalización de comportamientos sociales violentos.
Como ejemplo, tenemos al Estado optando por manejar el conflicto en la Araucanía, militarizando la zona; ¿han logrado mejorar la situación?
Los niños comuneros siguen creciendo con tanquetas, asustados, alertas en su condición, no son libres, nadie es libre allí. ¿Cómo se pretende así terminar con la violencia?
Violencia no es sólo la acción de golpear, matar, maltratar, secuestrar, la guerra o los boicots entre países.
Violencia también es agredir en general un lugar donde habita un grupo social a través de contaminar sin escrúpulos, explotar desmedidamente y enriquecerse con sus recursos, que son de todos, tener políticos corruptos en espacios de decisiones que han perdido la sensibilidad ante las demandas sociales en pos de derechos, una banca usurera y una impunidad frente a los delitos de la elite.
El cambio de paradigma y la importancia de un nuevo horizonte espiritual es urgente y, por cierto, su traducción en una nueva ética y táctica en la actividad política, que requiere y reclama la participación directa de toda la ciudadanía. Esperar que los cambios los realicen los mismos que nos trajeron hasta esta crisis, es ingenuo y suicida.

“…Se necesita un nuevo horizonte espiritual. Ese nuevo horizonte, creemos nosotros, está naciendo en el mundo mientras simultáneamente se van desintegrando todas las estructuras…” (Silo Parque Manantiales 2010)

 

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Sandra Arriola Oporto; Guillermo Garcés Parada y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública