El pasado 24 de abril se presentó la revista Noche y Niebla No. 68 del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), que expone la realidad de las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.), al derecho internacional humanitario consuetudinario (DIHC) y la violencia político social (VPS) en Colombia durante el año 2023
El 2023 fue un año con 1.277 victimizaciones, de las cuales 497 corresponden a la pérdida de vidas humanas por causa de diferentes formas de violencia, incluyendo ejecuciones extrajudiciales (mal llamados Falsos Positivos), homicidios intencionales y asesinatos por motivos políticos o de intolerancia social. En medio de este preocupante panorama de violencia, el Padre Javier Giraldo, investigador del Cinep, hizo un llamado para que el poder judicial busque la verdad integral y elimine lo que perpetúa la impunidad y obstaculiza cualquier posibilidad de justicia real.
En el panorama nacional, el departamento del Cauca concentra una violencia desproporcionada con el 28.7% de los casos registrados en el país. Entre las víctimas, encontramos a líderes sociales que luchaban por sus comunidades y sus derechos. José Hernán Tenorio Mestizo y Albán Mestizo Yosando, jóvenes líderes de la Asociación Indígena Avelino Ul, fueron asesinados en Toribío y Caloto, respectivamente. Su compromiso con la defensa del territorio y el bienestar de sus pueblos los convirtió en objetivos de la violencia.
También fueron silenciadas las voces de autoridades tradicionales como Frady Alexander Bomba Campo, Mayor indígena y presidente del partido MAIS de Caldono; José Arley Cruz Chocué, autoridad tradicional indígena del resguardo Kwes’x Yu Kiwe; y Rogelio Chaté, líder social y espiritual del resguardo de Pueblo Nuevo.
Además de los líderes indígenas, las voces campesinas también se vieron acalladas. Carlos Arturo Quijano, líder campesino e integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Propietarios Santa Lucía, fue otra de las víctimas, asesinado en Cajibío.
La revista Noche y Niebla No. 68 analiza las violaciones en tres categorías. En el caso del Cauca las cifras están así:
- Infracciones al DIHC: Cauca lidera la lista con 121 casos
- Violaciones a los DD.HH: se registraron 42 casos
- Violencia político-social (VPS): con 212 casos lidera la lista
Si bien el Cauca es el epicentro de la violencia, otros departamentos como Santander (93 casos de DD.HH.), Antioquia (90 casos de DD.HH. y 51 de VPS) y Norte de Santander (53 casos solo en VPS) también enfrentan serias problemáticas en materia de derechos humanos y violencia sociopolítica.
En cuanto a los presuntos actores que perpetraron las infracciones al DIHC, la guerrilla se ubica como principal responsable con 125 casos. En el marco de los DD.HH., los paramilitares son los mayores victimarios con 370 casos reportados, seguidos por el Ejército (34) y la Policía (39).
Liderazgos sociales como principales víctimas
Con una cifra de 111 líderes y lideresas sociales asesinados en 2023, la revista Noche y Niebla 68, en alianza con la organización Colombia Diversa, profundiza en un análisis de las violaciones a los derechos de los defensores y defensoras de la población LGBTIQ+.
En Colombia, ser una persona líder LGBTIQ+ se ha convertido en una sentencia de muerte. La violencia contra esta población sigue creciendo, a la fecha de esta publicación se han identificado 155 asesinatos en 2023. La cifra preliminar de victimizaciones contra líderes y lideresas LGBTIQ+ corresponde a 13 victimizaciones (1o homicidios y 3 amenazas individuales) en 2023.
El asesinato en Bogotá de Óscar Parada Torres, abogado y representante LGBTIQ+, en 2022, es un símbolo desgarrador de esta realidad. Casos como el de Franklin Pabón Camacho, activista trans no binaria del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, asesinado en Malambo, Atlántico; el de Alba Karina Velasco, mujer lesbiana y lideresa comunitaria asesinada en Santander de Quilichao; el de José Eduardo, conocido como «Guama», en el Cesar; y el de La Gaby, en Antioquia, quienes perdieron la vida a manos de la intolerancia paramilitar, son solo algunos ejemplos de la brutalidad que enfrentan los líderes LGBTIQ+.
La persecución política también se ha convertido en un arma para silenciar a las personas líderes LGBTIQ+. En Nariño, Patricia Galindo, una mujer lesbiana y candidata al Concejo de Magüí Payán, fue amenazada de muerte debido a su orientación sexual y su participación política.
Las estadísticas de 2022 revelan 426 incidentes de violencia contra la población LGBTIQ+, incluyendo 66 dirigidos contra personas defensoras de Derechos Humanos. En 2023, la cifra de homicidios contra personas líderes LGBTIQ+ aumentó en un 12%. Las amenazas también aumentaron, duplicando las cifras del año anterior. Los hombres gays y las mujeres trans son las principales víctimas, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y en la ciudad de Bogotá.
En Boyacá, una mujer transgénero fue víctima de la violencia policial en Sogamoso. Este caso, ocurrido en 2023, no es un hecho aislado. En 2022, Colombia Diversa documentó 97 casos de violencia policial y abuso de autoridad que afectaron a 107 personas LGBTIQ+. La brutalidad de estos crímenes se evidenció a través de los golpes (11 casos), descargas eléctricas (2 casos) y el uso de arma de fuego (1 caso). Entre los incidentes se destaca el ocurrido en Caucasia (Antioquia), donde tres mujeres líderes lesbianas fueron golpeadas por agentes de la Policía mientras recibían comentarios discriminatorios.
Las personas defensoras LGBTIQ+ enfrentan riesgos significantes por tres factores principales: la historia de violencia sociopolítica, la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y el activismo por los derechos LGBTIQ+. Además, la precariedad socioeconómica, la segregación social y el estigma asociado al VIH también aumentan su vulnerabilidad. El prejuicio, motor de la violencia, se evidenció en 29 de los 66 casos que afectaron a personas defensoras LGBTIQ+ en 2023.
Las amenazas contra las personas líderes LGBTIQ+ son una constante en Colombia. En 2022, se registraron 17 casos de amenazas que se combinaron con el contexto de violencia sociopolítica, especialmente durante el periodo electoral. Los perpetradores de estos crímenes incluyen personas desconocidas, grupos armados ilegales, miembros de la Fuerza Pública, personas conocidas y bandas delincuenciales.
En palabras de Javier Giraldo, «la impunidad está institucionalizada». Las investigaciones judiciales de los casos registrados en la versión 68 de Noche y Niebla no deberían engrosar los «17.000 procesos de los mayores responsables de los crímenes más horrendos (que) fueran transferidos a la justicia ordinaria, donde solo tres fiscales estarían disponibles para ocuparse de los mismos».